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Emilio Campmany

En el PP no saben jugar al póquer

Rajoy debería haber exigido, primero, cubrir con un nombre del PP la vacante de García Calvo; luego, una sentencia sobre el Estatuto para aceptar entonces, y sólo entonces, renovar el Tribunal Constitucional.

A veces pienso que los muy buenos estudiantes que fueron algunos dirigentes del PP no debieron de jugar mucho al póquer en sus años mozos, entregados como estaban a los libros. Zapatero, que no estudió tanto, sí debió de jugar algo más.

Acordar, como ha hecho Rajoy, los criterios con los que en septiembre se renovarán los cargos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, es aceptar que habrá una mayoría socialista en el alto tribunal y, por tanto, una sentencia favorable al estatuto catalán.

Por lo tanto, es un error. La recusación de Pérez Tremps daba mayoría a los magistrados favorables a la inconstitucionalidad del Estatuto. Luego, la muerte de García Calvo hizo suponer que, en caso de debate, habría un empate a cinco que María Emilia Casas podría deshacer a favor de los nacionalistas. Pero el prestigio de la presidenta está tan deteriorado que ya no es posible cargar sobre espaldas tan agotadas una responsabilidad de este peso.

Rajoy debería haber insistido en no firmar ningún acuerdo hasta que no se cubriera la plaza de García Calvo con alguien a propuesta del PP, ya que fue este partido que propuso al magistrado fallecido, y hasta que no se dictara de una vez sentencia sobre la constitucionalidad del estatuto. Pero una actitud tan firme no hubiera cuadrado con la nueva imagen del PP. No se dan cuenta de que la prolongación de la situación de interinidad en las dos instituciones del Poder Judicial desgasta a Zapatero tanto como a Rajoy. El presidente lleva meses sujetando al PSC para que no desarrolle los muchos disparates que contiene el Estatuto con el fin de que no se hagan visibles a la opinión pública. Se trata de esperar a que un Tribunal Constitucional renovado pueda dictaminar a favor de él sin excesivo escándalo entre el electorado no nacionalista.

Sin embargo, Montilla no puede esperar más y exige que se reforme la financiación autonómica conforme al Estatuto ¡ya! Además, cada día que pasa es más clamoroso el escándalo de que una presidenta prorrogada en el cargo gracias a una ley ad hoc siga guardando en el cajón el Estatuto a la espera de una composición del tribunal más favorable al mismo. Y, por último, Conde Pumpido se muere de ganas por ser presidente del Tribunal Supremo.

Así que la falta de acuerdo no sólo habría traído presiones para Rajoy, sino también para Zapatero. Aunque, la verdad, con franqueza, me importa poco el desgaste que hubieran tenido que soportar Rajoy, Sáenz de Santamaría o Trillo cuando de lo que se trata es de impedir que el Estatuto catalán convierta España en un estado confederal.

Es verdad que la táctica dilatoria que estoy diciendo que debería haber empleado Rajoy es algo marrullera. Pero no es el PP que primero recurrió al golpe bajo. Fue el PSOE de Zapatero el que decidió sacar adelante un Estatuto delirante sin el consenso del PP para aislarlo y poder presentarlo falsamente como un partido de extrema derecha, guardián de las esencias del más rancio nacionalismo español. Está por tanto perfectamente legitimado recurrir a todo cuanto las leyes permitan. Lo dicho: Rajoy debería haber exigido, primero, cubrir con un nombre del PP la vacante de García Calvo; luego, una sentencia sobre el Estatuto para aceptar entonces, y sólo entonces, renovar el Tribunal Constitucional y el CGPJ con mayoría socialista. No estamos hablando de tactismo partidista. Estamos hablando de defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles ante la ley.

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