El señor Rodríguez preside un edificio dedicado al alquiler de viviendas que factura unos 100.000 euros al año (PIB). Sin embargo, este particular empresario, en lugar de gestionar responsablemente dicho patrimonio, decide acometer reformas estructurales de diversa índole, así como ofertar una serie de servicios adicionales a los residentes de su propiedad que dispara el gasto de la compañía.
Como consecuencia, en pocos meses su balance de resultados refleja un desequilibrio presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos) próximo a 2.000 euros anuales (2 por ciento del PIB). De este modo, Rodríguez se ve obligado a ampliar su ya abultada deuda financiera para asumir los pagos comprometidos a contratistas e inquilinos, y que a día de hoy se sitúa en algo menos de 40.000 euros anuales (40 por ciento del PIB). Y todo ello en un contexto de acentuada crisis económica y clara incertidumbre financiera.
A finales de 2008, casi el 14 por ciento de los inquilinos que viven en el citado edificio se quedan en el paro, con lo que dejan de pagar sus respectivos alquileres (impuestos). El contrato de arrendamiento establece que dichas personas tienen derecho a permanecer en sus viviendas de por vida, ya que se trata de un particular alquiler en usufructo que incluso heredarán sus hijos. De esta forma, los gastos que ocasionen deberán ser asumidos, de algún u otro modo, por el resto de inquilinos del edificio, quienes por el momento mantienen sus puestos de trabajo.
Sin embargo, a pesar de la delicada situación que atraviesa su empresa, dicho gestor insiste en mantener, e incluso incrementar, su política de gasto, sin tener en cuenta los riesgos subyacentes que amenazan la viabilidad económica del edificio en cuestión. Y es que, según él, en poco tiempo la situación mejorará, de tal forma que sus inquilinos volverán a encontrar trabajo, y así podrá recuperar las rentas perdidas.
Pero lejos de cumplirse su pronóstico, un año después (2009) la situación tan sólo empeora. El desempleo en la comunidad se dispara hasta cotas próximas al 20 por ciento, de modo que los ingresos procedentes del alquiler de viviendas se desploman respecto al año anterior, hasta el punto de que la facturación de la comunidad disminuye (recesión). A ello se suma el hecho de que la compañía en la que trabaja el señor Rodríguez está asociada a un club, presidido por el señor Barroso, cuyos estatutos establecen un desequilibrio anual máximo del 3 por ciento en el balance de cada entidad asociada (3.000 euros).
Ante este panorama de gastos crecientes e ingresos decrecientes, entidades e inversores comienzan a desconfiar de la solvencia del señor Rodríguez, por lo que endurecen las condiciones del crédito, e incluso comienzan a denegar nueva financiación a la empresa que preside. Las garantías que ofrece para el pago de sus compromisos financieros (emisión de deuda pública) comienzan a perder credibilidad ante la difícil coyuntura que atraviesa la compañía.
¿Qué opciones le quedan al señor Rodríguez antes de que su entidad sea declarada públicamente en quiebra? Tan sólo dos a fin de mantener sus compromisos de gasto: O bien subir el alquiler al resto de inquilinos de la comunidad (elevar impuestos), o bien disparar la deuda de la entidad que preside, pese a su encarecimiento. De este modo, serán los hijos y hasta los nietos de los actuales inquilinos del edificio quienes, finalmente, tendrán que pagar el exceso de gasto adquirido en la actualidad. Y es que el señor Rodríguez no concibe eso de apretarse el cinturón en épocas de crisis.