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EDITORIAL

Del Estado de derecho a la dictadura de hecho

Con estos mimbres legales el Estado de Derecho es una quimera, un cuento para bobos que sólo ampara a los poderosos y a los que, como Zarzalejos, no dudan en usar la Justicia para cumplimentar satisfacciones personales

Ya van dos. El mes pasado un tribunal condenó a Federico Jiménez Losantos, director de La Mañana de la COPE y vicepresidente de Libertad Digital, por decir lo que pensaba del alcalde de Madrid. Este mes, a sólo dos días de su conclusión, otro tribunal ha apuntalado el clavo condenando a Jiménez Losantos por haber herido el orgullo y el honor de José Antonio Zarzalejos, ex director de ABC. Demasiada casualidad, demasiada severidad y ni rastro de Justicia. Si lo de Gallardón fue un intolerable pisotón a la libertad de expresión de un periodista por parte de un político que sueña con ser omnipotente, lo de Zarazalejos es el remache necesario e infamante de una campaña absurda, liberticida y decididamente ad hominem.

Pocos casos tan evidentes de caza del hombre se han dado en la historia del periodismo español, y ninguno ha sido tan tenaz y prolongado en el tiempo como la persecución mediático-política que sufre el vicepresidente de este diario. Desde la victoria electoral de Zapatero en 2004 y el ascenso de la COPE como principal medio crítico con el Poder, el estandarte de la cadena, que no es otro que Jiménez Losantos y su exitoso programa matinal, se convirtió en el objetivo a batir. Los enemigos de la libertad no han escatimado esfuerzos y han echado toda la carne en el asador para cerrarle la boca enterrando de este modo la independencia de la emisora.

Zarzalejos, el mismo que estuvo a punto de hundir el centenario ABC por simple ineptitud al frente de la dirección del diario, interpuso una demanda por sentir menoscabo en su honor al escuchar como Jiménez Losantos le recriminaba su fracaso desde los micrófonos de la COPE. Esto, que en cualquier país normal sería algo connatural al oficio de periodista, es decir, la crítica a los compañeros de profesión, supone en España el riesgo de pasar por el juzgado y la probabilidad, alta según quien pase por delante del juez, de salir de él con una condena bajo el brazo. Una condena que no tiene más objetivo que amedrentar e invitar a la autocensura a los profesionales que ejercen su sacrosanto derecho a la libre expresión de sus opiniones e ideas.

Como en el caso de Gallardón, Jiménez Losantos se limitó a manifestar su opinión sobre Zarzalejos, que no era buena. Algo que, en ningún caso, puede ser constitutivo de falta o delito. Y más cuando el condenado es objeto de burlas, insultos e injurias de todas las gradaciones posibles desde multitud de medios de comunicación y partidos políticos. Condenar a Jiménez Losantos por llamar "bobo" al ex director de ABC, o transformar el apellido Zarzalejos en "Carcalejos" cuando otros periodistas le han tachado de "mandril" o "energúmeno", y el mismo Felipe González le llamó Jiménez "Losdemonios" es una broma de muy mal gusto. Es consagrar judicialmente el doble rasero: de malla muy fina para los enemigos y muy holgada para los amigos.

Los jueces no pueden y no deben decirnos qué es lo que está permitido y lo que no está permitido llamarse a través de un medio de comunicación. La labor periodística no puede estar limitada por un abstruso y muy interpretable "derecho al honor" que viene de tiempos de Franco y cuyo origen está en la obsesión del Poder por cercenar las críticas de raíz. Con estos mimbres legales el Estado de Derecho es una quimera, un cuento para bobos que sólo ampara a los poderosos y a los que, como Zarzalejos, no dudan en usar la Justicia para cumplimentar satisfacciones personales.

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