A fines de los años 60 trabajaba en General Motors de Venezuela y en una ocasión mi jefe, el gerente general, me pidió que recibiera y paseara por Caracas a Stewart Mott, hijo del entonces accionista más grande de la empresa. El joven Mott, un par de años mayor que yo, resultó ser muy simpático, excéntrico y totalmente diferente a la imagen que solemos tener de gente muy rica: vestía casi como un hippie de ese tiempo, y lo que más le interesó fue conocer fueron los barrios más pobres de Caracas.
Recordaba esto mientras leía que había muerto el 13 de junio. A los pocos días, la prensa informó de que el estado de Florida estaba comprando la plantación de caña de azúcar más grande de Estados Unidos, 780 kilómetros cuadrados, por lo que 1.700 trabajadores quedarán sin empleo. Fue el padre de Stewart, Charles S. Mott, quien revivió hace 77 años una empresa que había quebrado durante la Gran Depresión, convirtiendo una maleza prácticamente inhabitada en la empresa azucarera más exitosa, la U.S. Sugar. Pero ahora, gracias a la "visión verde" del gobernador republicano de Florida, Charlie Christ, esas tierras productivas se convertirán de nuevo en maleza y pantano para disfrute de las culebras y los caimanes.
Según el gobernador, se trata de un hecho "tan monumental como la creación de nuestro primer parque nacional, Yellowstone". Yo más bien lo veo como la aceleración de una terrible y costosísima nacionalización de tierras en los Estados Unidos. En el oeste del país, el Gobierno federal, los estados y municipios son dueños de extensiones de tierras mucho mayores de las que poseen los habitantes de esos estados. El caso más exagerado es Nevada, donde el Gobierno Federal es dueño del 86% de las tierras. Le siguen Alaska (68%), Utah (64%), Idaho (63%), California (61%), Wyoming (49%) y Oregón (48%).
Se argumenta que son tierras que nos pertenecen a todos y así todos las disfrutamos. Pero la realidad es que el mal manejo por parte de políticos y burócratas de tan inmensas riquezas es una verdadera tragedia nacional, ya que extensiones de terrenos que valen billones de dólares producen solamente gastos y pérdidas al fisco año tras año, todo lo cual es financiado con más y más impuestos que todos tenemos que pagar. Los verdaderos beneficiarios, además de los burócratas que luchan vehementemente por incrementos en sus presupuestos, son aquellos que gozan de excelentes conexiones políticas y consiguen jugosos contratos, sacándole provecho a terrenos que en realidad no son de nadie.
Tuvimos un presidente en Estados Unidos que comprendía el problema. En su informe sobre el presupuesto del año 1983, Ronald Reagan dijo que apoyaba la privatización de las tierras públicas: "Algunas de esas propiedades no se utilizan y sería de más valor para la sociedad transferirlas al sector privado. En los próximos tres años ahorraríamos 9.000 millones de dólares deshaciéndonos de propiedades innecesarias, al mismo tiempo que protegemos y preservamos nuestros parques nacionales...". Está de moda pensar que lo que hace el Estado nos beneficia a todos, mientras que la iniciativa privada beneficia solamente a un reducido grupo de capitalistas y a sus exageradamente bien pagados ejecutivos. Debiéramos preguntar sobre eso a los trabajadores de U.S. Sugar y a los ocho mil habitantes del pueblito de Clewiston, en pleno centro de la Florida: 60 millas al este de Fort Myers, en el Golfo, y 60 millas al oeste de Palm Beach, en el Atlántico.
Carlos Ball es director de la agencia AIPE.