Durante varios años los españoles parecíamos habernos olvidado de una de las variables económicas que más ha hecho sufrir a nuestro país: el desempleo. Hasta que llegó Zapatero y comentó solemne que "Esta será la legislatura del pleno empleo".
Desde el final de la Guerra Civil y hasta el primer Gobierno de Aznar, España ha soportado invariablemente unas tasas de desempleo muy elevadas en comparación con el resto de los países europeos. Se puede aducir que ello era consecuencia de una estructura demográfica concreta o que existía la llamada "economía sumergida", por lo que no se contabilizaba oficialmente el trabajo informal. En cualquier caso se trataría de un problema crónico: la economía española, sea en tiempos de crisis o de bonanza, no podía generar una ocupación comparable a la de sus vecinos europeos e, incluso en los momentos de más crecimiento económico, como durante el desarrollismo de los años 60, para explicar las cifras de entonces se ha tenido en cuenta a los miles de trabajadores españoles que tuvieron que emigrar por la ausencia de trabajo
La situación se agravó en los años 80 con las reconversiones industriales y las sucesivas aperturas de los mercados, que dejaron a la economía española con cifras espectaculares de paro en torno al 20%. Fue sólo a partir de 1996 cuando los ajustes liberalizadores dotaron a la economía española del impulso necesario para crecer y crear empleo. España fue capaz de superar la barrera de los 12 millones de ocupados y de generar trabajo. El empleo, a fin de cuentas, es un indicador similar a la inflación, pues ambos sirven para mostrar el estado real de la economía. Son las variables que se ajustan ante una mejor o peor situación económica y que se convierten en el termómetro óptimo para valorar la evolución económica y su efecto en la sociedad pues, no hace falta decirlo, el empleo es la mejor política social.
Parece que el Gobierno de Zapatero nos va a devolver a esos tiempos en los que el desempleo era el mayor problema social que marcaba y frustraba las aspiraciones de millones de españoles. Las cifras son muy reveladoras; desde hace un año hay un balance negativo en la creación de puestos de trabajo y las altas a la seguridad social, así como la solicitud de prestaciones, son evidentes. Hay 2.426.000 parados, que representan a un 10,44% de la población activa, y las previsiones, revisión tras revisión, empeoran y cifran en un 14% la tasa de paro para 2009 (BBVA) dado el aumento que experimentará la población activa.
Como hemos apuntado, el desempleo es un indicador que evidencia problemas en la economía. En el caso español la raíz es clara: un parón en el sector de la construcción cuya masa laboral no puede ser absorbida por otros sectores y que, además, tiene un efecto pernicioso al reducir el consumo y la actividad económica.
El Gobierno tiene ante sí básicamente dos opciones. La primera es no hacer nada y esperar a ver si la crisis pasa por sí sola. Es la opción de la imagen y de la palabra: Añadir a cualquier cosa el epíteto de "social", aumentar los gastos en coberturas "sociales", asumir el parón económico, incurrir en déficit y aderezar todo con una subida de los salarios mínimos, generando así más restricciones laborales, e intentando contentar a los sindicatos.
La segunda opción es mucho más difícil y exige algo más que palabras. Es necesario un replanteamiento total de la política laboral en España. No se trata de eliminar los derechos de los trabajadores, como dice demagógicamente la misma izquierda que los arruina, sino, precisamente, de garantizarlos con mayor libertad y competencia. Es increíble que todavía los empresarios no puedan ajustar las plantillas a la situación laboral o que las subidas salariales sean pactadas con respecto a la inflación, y no a los resultados empresariales. Es necesario aplicar reformas que favorezcan la competencia y que introduzcan el concepto de competitividad. España es de los pocos países de Europa donde la productividad por hora trabajada ha disminuido en los últimos años. Además, es el lugar donde los costes laborales han aumentado más. No podemos extrañarnos si las empresas españolas no son competitivas y sufrimos uno de los déficits comerciales más elevados del mundo.
A pesar de lo que quisieran muchos en el Gobierno, la generación de empleo no la realizan el Estado o las administraciones públicas sino las empresas –en España un 80% de las empresas son pymes– que están sufriendo una de las peores crisis económicas de la historia reciente. Es necesario favorecer, pues, esa actividad empresarial mediante políticas fiscales más adecuadas pero, sobre todo y para empezar, con una flexibilidad laboral y una nueva etapa en la que los convenios, subidas pactadas, sindicatos y colectivos pierdan importancia frente a la eficiencia, competencia y libertad individual.
Las previsiones de desempleo para 2009 se disparan hasta el 15%, se habla de 3 millones de parados y de déficits millonarios para cubrir esas prestaciones. Ante todo esto, la opción de esperar no puede ser válida.