Primero hubo una larga, profunda y exhaustiva campaña: España nos roba, España nos expolia, Cataluña no levanta cabeza asfixiada por injustas obligaciones con "el sur". Se acabó lo de "el sur también existe". Adiós, Serrat; adiós, Benedetti. Fue una campaña como sólo sabe montarla el magma nacionalista, la sustancia espesa que conforman, antes que los políticos, periodistas y profesores, empresarios acostumbrados a resolver sus problemas tratando con el poder, ganapanes a cargo de "entidades" artificiales consagradas a las más variopintas causas, juventudes de partidos que van adoptando el aspecto de las fuerzas de choque, economistas estrella y estrellas de dudosa economía. Lo de siempre. Fue una obscenidad de victimismo, doblemente deprimente por llegar cuando creíamos que con la marcha de CiU se había erradicado al menos ese recurso exasperante. ¡Qué va!
Después llegó algún análisis sereno. Parecía posible un compromiso, toda vez que ciertas voces del magma reconocían lo evidente: el modelo de Aznar había sido enormemente más satisfactorio que la indefinición zapatera. Efectivamente, el sistema debía transformarse, adaptar la financiación a realidades demográficas y a niveles competenciales que poco se parecían a los que todavía se tomaban como base de cálculo. Además, era cierta una queja, no sólo catalana: nada justificaba que la nivelación de las comunidades diera como resultado que Madrid, Baleares, Cataluña, La Rioja o Valencia partieran de unos recursos por habitante situados en la media o por encima de ella antes de la nivelación para caer después por debajo de ella. Paralelamente, Montilla y varias comunidades del PP se declaraban a favor de garantizar los servicios esenciales a cualquier comunidad, entendiendo por servicios esenciales algo poco discutible: salud, educación y servicios sociales.
Y justo entonces irrumpió en escena lo más lerdo del nacionalismo, desbaratándolo todo. Un concejal comunista ofendió groseramente a los extremeños y un ex diputado independentista remató la faena. Vuelta al griterío, a la imposibilidad de tratar el modelo de financiación autonómico en sus términos. Otra distorsión mucho mayor, aplazada en el tiempo, aparecía simultáneamente. En plena crisis económica, con los ingresos públicos a la baja y con las administraciones autonómicas y locales más dependientes que nunca del reparto, quedó claro que Zapatero no iba a cumplirsuEstatuto. Ello podía derivar en un abierto enfrentamiento Generalidad-Gobierno central y, paralelamente, en el fin del matrimonio PSC-PSOE. ¿Podía realmente? Pues en realidad, no. Tales guerras no resuelven el problema de la caja vacía. Por eso el PSC se ha replegado en silencio y, de algún modo que ya descubriremos, ha conseguido que el coste interno de la "claudicación" lo asuma ICV.