Estados Unidos debería considerarse lo suficientemente seguro de sí mismo como para reconocer que los inmigrantes, documentados o no, merecen incorporarse, con voz y voto, al tejido de la sociedad. Pero la fobia anti inmigrante, que exacerbó el miedo al terrorismo, continúa llevando al país en la dirección contraria. El ejemplo más reciente de ello es la nueva tendencia a exigir a los votantes una identificación con foto para inscribirse en el padrón electoral y votar el día de las elecciones. Es una exigencia onerosa que privará a cientos de miles de personas, y no sólo inmigrantes, por cierto, del derecho elemental a participar con su voto en nuestro proceso político.
En principio puede parecer inofensivo requerir que cada elector lleve una identificación con foto al recinto donde planea inscribirse para votar o depositar su sufragio. Pero quienes promueven esta política no ignoran que cientos de miles, tal vez millones, no pueden cumplir con ese requisito por razones de edad, enfermedad o impedimentos físicos, o porque pertenecen a sectores marginales. La exigencia perjudicará a hispanos y afroamericanos pobres que carecen de licencias de conducir, pasaportes u otros carnés con fotografías, y a quienes en la práctica se les dificultan las gestiones para conseguirlos.
En Arizona, el requisito está vigente desde el 2004. Y las autoridades electorales lo han invocado para rechazar casi 40.000 solicitudes de inscripción electoral de personas que no pudieron satisfacerlo. Otros 19 estados estudian medidas similares, incluyendo la Florida. La semana pasada la Corte Suprema, dominada por conservadores, validó una ley que se aprobó en Indiana en el 2005 para exigir la engorrosa identificación. Y como si esto no bastara, la Legislatura de Misuri está considerando una propuesta todavía más extrema para exigir prueba de ciudadanía a cada votante.
Lo curioso es que ninguno de esos estados ha sufrido rachas notables de fraude electoral por no haber logrado identificar debidamente a los votantes. Desde el 2002 el Departamento de Justicia ha procesado apenas a 40 personas por fraude electoral, 21 de las cuales no eran ciudadanas norteamericanas. Se trata de un número estadísticamente insignificante en un país que cuenta con más de 221 millones de personas elegibles para sufragar y donde suelen hacerlo con regularidad más de 120 millones. De manera que podemos inferir que el temor irracional a los inmigrantes impulsa esta campaña antidemocrática.
Otro motivo deplorable parece ser el deseo de políticos conservadores de frenar el voto potencialmente adverso de las minorías étnicas y de los pobres. Es verdad que en cada estado más del 50 por ciento de los legisladores aprueban el requisito. Pero sus principales promotores suelen ser republicanos. Y sus críticos casi siempre son demócratas. Con esta actitud defensiva, los legisladores republicanos están demostrando una evidente desconfianza en su habilidad para conquistar votos en amplios sectores de nuestra sociedad. Y esto a la vez delata la indigencia de sus ideas y proyectos para lidiar con los retos actuales de las minorías y de los pobres.
La democracia norteamericana será más grande en la medida en que sea capaz de integrar en el proceso político a la mayor cantidad posible de ciudadanos, incluyendo a las minorías, los pobres y los inmigrantes. A la inversa, la exclusión de esos segmentos será una victoria pírrica y temporal para los conservadores. Sólo frenará los esfuerzos por modernizar y humanizar el sistema político de la nación. La exigencia de identificación con foto para votar, y la otra más radical de prueba de ciudadanía, son medidas excluyentes que empañarán innecesariamente nuestra democracia.