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Juan Carlos Girauta

Usted a lo suyo

El portavoz del CGPJ cree saber que está entre sus atribuciones la de prohibir a los miembros del Parlamento, a los ministros y hasta al presidente del Gobierno que realicen cualquier "valoración sobre el asunto". ¿Desde cuándo?

Entre las muchas declaraciones desafortunadas que han seguido al accidente de Barajas, destaca la del portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, cuya concepción del papel de la justicia en una sociedad abierta se resume en esta advertencia: "Todo está supeditado al juez y nada ni nadie debe hacer valoraciones sobre este asunto, por más alta responsabilidad política que se tenga". Pues no, señor, con todos los respetos. Se extralimita usted, ¡y cómo! Para empezar, no "todo está supeditado al juez".

No lo está el dolor de las víctimas, ni su derecho a manifestarlo, ni a ofrecer informaciones al público tales como los intentos frustrados de Rubén Santana de salir de un avión del que ya no se fiaba, u otros contenidos de mensajes de móvil que pertenecen al destinatario que hace con ellos lo que mejor le parece; por ejemplo, ofrecerlos al conocimiento público. No lo está el derecho de la gente y, en especial de los periodistas, a hacer por su cuenta acopio de información, de estadísticas, de antecedentes como los comunicados previos de los pilotos, donde se denunciaban unas presiones y amenazas que, por cierto, ahora niegan (ergo los pilotos de Spanair mintieron entonces o mienten ahora).

Pero lo más increíble de ese celo judicial es que la destemplada advertencia alcanza al resto de poderes del Estado, extremo explícito en la guinda "por más alta responsabilidad política...". El portavoz del CGPJ cree saber que está entre sus atribuciones la de prohibir a los miembros del Parlamento, a los ministros y hasta al presidente de Gobierno que realicen cualquier "valoración sobre el asunto". ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ha decidido el soberano pueblo español que los jueces puedan hacer callar al Ejecutivo en un asunto de interés público? ¿Cuándo que un diputado o senador deba abstenerse de valorar un hecho cualquiera de la realidad porque así se lo ordena el único poder del Estado que no resulta de elección popular directa o indirecta?

Si esto fuera una rara excepción, la achacaríamos a un mal momento de don Enrique, a un día malo de agosto, a un cruce de cables, a un calentón. Pero por desgracia tenemos muy frescas algunas resoluciones judiciales que, contrariando lo que había sido hasta ahora la relación entre jueces y medios, han dado en regular lo que puede y no puede decir un periodista a base de invadir espacios de libertad que siempre habían quedado fuera del ámbito de los delitos de injurias y calumnias cuando el acusado se dedicaba profesionalmente al periodismo y el supuesto ofendido era un cargo público. Demasiados indicios de que el único poder institucional no representativo de España nos está empujando peligrosamente hacia una dictadura judicial.

En España

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