El 27 de agosto pasado Garzón asistía como impenitente curioso en Apartadó, en el Urabá antioqueño (Colombia) al levantamiento de una fosa común de víctimas de los paramilitares (los actores eran el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, y el fiscal del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo mientras que el que aparece en CNN bajando de un helicóptero y haciendo declaraciones es Garzón). Estaba además preparando una nueva conferencia en Puerto Rico, anunciada para unos días después.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM) aprovechó la ocasión, Según la web kaosenlared.net, para retarle. "Garzón, por qué no visitas también las fosas comunes españolas, por qué no tienes en España la misma preocupación por los desaparecidos forzados que estás teniendo en otros países", aseguró la ARHM, uno de los múltiples grupúsculos de extrema izquierda que andan tras las cuatro asociaciones promotoras de varias querellas en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, incoadas desde 1996.
Hay quien dice que el magistrado debió sentirse tocado por ese don divino que le hace sentirse el "justiciero de los desheredados" mezclado tal vez con una subida de bilirrubina (que ya se sabe es una degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos) y a su vuelta a España decidió abrir un macroproceso sobre la guerra civil española, casi setenta años después de acabada esta.
Lo hizo pese a que casi nadie, salvo en Nuremberg y Tokio, donde se aplicó la Justicia del vencedor, ha tenido jamás que rendir cuentas de su pasado. La comunidad internacional no sentó en el banquillo a los aliados por los bombardeos de Dresde, Munich o Berlín (no hablemos ya de Hirosima y Nagasaki), donde murieron muchos nazis pero también decenas de miles de inocentes; Stalin se fue a la tumba sin dar explicaciones por sus 23 millones de muertos, Fidel Castro, Daniel Ortega y todos los genocidas de izquierda de América Latina siguen tan campantes.
En España, en cambio, hay siempre minorías dispuestas a desenterrar los cadáveres de la historia. Mientras la estatua de Lenin –recientemente restaurada para que dure otros cien años– sigue presidiendo la Plaza Roja, en Madrid, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, propone desenterrar los cadáveres de Franco y José Antonio y devolverle los restos a sus familiares, para que no "contaminen" el Valle de los Caídos, el "Palacio" del Escorial funerario del franquismo.
Años después de que los amigos José Luis Rodríguez Zapatero le erigieran un monolito en León a la memoria de su abuelo, el comandante Rodríguez Lozano, sin que nadie afortunadamente ponga el grito en el cielo, a la izquierda radical solo le falta decidir lo qué hacer con el Dodge Dart de Luis Carrero Blanco.
Y en estas, el diario El Mundo publica el 2 septiembre de 2008 que el Cid Campeador de la Justicia española cabalga de nuevo, en una nueva "gesta" contra el mal, intentando abrir una "causa general en contra del franquismo", aunque todavía no ha explicado a nadie por qué se ha dirigido a los curas, si gran parte de la izquierda enterraba a sus muertos en los años 1931 a 1939 en los cementerios civiles y los franquistas los dejaban abandonados en las cunetas.
Tampoco se sabe cómo va a conseguir la colaboración de los partidos periféricos, PNV y Esquerra, sus tradicionales enemigos, hasta el punto de que los últimos abandonaron la sala que ocupaba la Comisión del 11-M en el Congreso de los Diputados en el momento en que Garzón hizo su aparición como "gran pitoniso" en el terrorismo árabe, en protesta por el supuesto maltrato a Terra Lliure.
Sin embargo, el hombre que había acabado con las dictaduras latinoamericanas ya acabadas sigue empeñado a fecha de hoy a poner fin al régimen autocrático de Franco y sus colaboradores, investigando crímenes ocurridos hace más de medio siglo. Se trata de una burda tapadera para ocultar la grave crisis económica que atraviesa el país. Garzón se ha convertido, consciente o no, en un peón más del más nefasto de los políticos españoles, Rodríguez Zapatero.
Lo hace, además, asumiendo un papel que no es el de un juez penal e inmiscuyéndose en un asunto en muchos casos privados en el que nadie le ha pedido que interviniera y con un enfermizo afán de notoriedad que muchos familiares y amigos de los caídos rechazan, salvo media docena de asociaciones politizadas y dispuestas a culpar al PP de hechos ocurridos hace setenta años. De hecho, hace unos meses los nacionalistas vascos desenterraron a su comandante Cándido Saseta y a ciento cincuenta muertos más caídos en la batalla de Asturias del 22 de febrero de 1937 y se los llevaron al País Vasco sin montar espectáculo alguno, lo que indica que ningún español de ninguno de los dos bandos se opone a que nadie desentierre a sus desaparecidos, les dé sepultura y honre a sus muertos.