Tras la intervención de Zapatero en el Congreso, todos tenemos derecho a preguntarnos, junto a Mariano Rajoy, "a qué ha ido" el presidente del Gobierno al Parlamento si no es para encubrir las apariencias, dar la sensación que se está haciendo algo y disimular el desconcierto y la ausencia de respuestas serías ante la grave crisis económica y social que estamos padeciendo.
No contento con minimizar el impacto de la crisis y achacarlas a circunstancias internacionales –si hay culpa, cómo no, es de Bush–, Zapatero ha rehuido tanto el hecho de que España está siendo el país de Europa que más está acusando la crisis económica, como la necesidad de emprender unas reformas estructurales que nos hagan salir de ella. Eso, el mismo día en que la Comisión Europea anunciaba su previsión de que España entrará en recesión en el segundo semestre de este año.
El propio presidente del Gobierno, sin embargo, se ha negado a presentar un paquete de medidas dignas de ese nombre alegando que tal cosa sería una "improvisación". Claro que, si tenemos en cuenta que estamos ante un presidente del Gobierno que hace escasos meses acusaba de "antipatriotas" a los que denunciaban la existencia del problema, y que incluso hoy sigue reduciendo la gravedad del mismo, cualquier solución por su parte corre el riesgo de ser, ciertamente, una "improvisación".
Lo cierto, sin embargo, es que una segunda reforma que hiciera más flexible el mercado laboral ya era conveniente en el momento en que la emprendió y posteriormente abortó Aznar, a finales de su segunda legislatura. Ahora, que estamos inmersos en una crisis que, en buena parte, se debe a una política monetaria expansionista, la flexibilidad laboral es mucho más necesaria todavía para purgar los excesos de inversión y poder reubicar la mano de obra en los sectores más productivos. La rigidez que todavía padece nuestro mercado laboral es una barrera de salida que hace de la mano de obra excedente un lastre para las empresas en dificultades, lo que pone en riesgo su propia existencia y nos aboca a un paro mayor que el que se quería evitar con un despido encarecido. Al mismo tiempo, esta barrera de salida ejerce de barrera de entrada al mercado laboral, pues disuade la contratación entre los empresarios que pudiendo hacerlo tampoco quieren pillarse los dedos.
Tampoco se ha oído nada en la intervención de Zapatero de una reforma fiscal que haga que los ciudadanos conserven en sus bolsillos la mayor parte de su dinero, de tal forma que sean ellos y las empresas, y no el Estado a través del ciego e improductivo gasto público, los que reactiven la economía. Por el contrario, lo poco que ha anunciado Zapatero va en esa contraproducente senda del aumento del gasto público. Tal es el caso de los 100.000 puestos de trabajo que se ha comprometido a generar a través de los ayuntamientos para parados de la construcción. A la espera de ver cómo se traduce ese compromiso de un Gobierno central a cargo de entidades locales de muy distinto signo político, ya podemos afirmar que cualquier entidad pública es mal empresario. A no ser, claro está, que de lo que se trate sea de encubrir un subsidio con un falso empleo.
Otro tanto se podría decir de su propuesta de que el ICO ofrezca a los promotores ampliar sus préstamos a cambio de que pongan viviendas en alquiler. Cualquier entidad privada estaría dispuesta a ampliarles sus créditos, pero si no lo hacen es porque saben que no se los van a devolver. Huir de esta realidad a costa del crédito público es hacerlo a costa del contribuyente, y supone, al tiempo, una nueva dosis de alcohol como medio de evitar una resaca que, como antes señalábamos, tiene buena parte de su origen en una política monetaria expansiva. Eso, por no recordar que la mejor medida para promover el alquiler, es liberalizar su mercado y dar seguridad jurídica a los propietarios frente a indeseables inquilinos.
En cuanto a la anunciada iniciativa de subir un seis por ciento las pensiones mínimas, a lo que tienen derecho los pensionistas –presentes y futuros– es a no ser estafados con un sistema público de reparto que dilapida y expropia sus ahorros, cosa que no ocurriría con un sistema competitivo de capitalización individual. Sin abordar esa reforma estructural, elevar las pensiones en un momento de crisis no deja de ser un gesto tan demagógico como irresponsable.
Finalmente, sólo nos cabe señalar que a la brillante intervención de Rajoy le ha faltado la valentía de abogar por una reforma laboral que, junto a la fiscal, resulta imprescindible para salir cuanto antes de la crisis. También es exigible mayor concreción a la hora de proponer la reducción del gasto público. En cualquier caso, compartimos plenamente su diagnóstico de que Zapatero, lejos de representar una solución, forma parte esencial del problema.