En un artículo anterior puse de manifiesto el perjuicio sufrido por estudiantes los negros como resultado de las políticas de admisión universitaria basadas en la raza. La idea de fondo era que los alumnos negros capaces de sacar buenas notas en facultades de Derecho de nivel medio eran reclutados por facultades más competitivas, y por tanto fracasaban. Uno se siente tentado a achacar toda la culpa de tal mezquindad a los decanos, pero el verdadero villano es la Asociación Americana de Profesionales de la Justicia (ABA).
ABA es la agencia de homologación de todas las facultades de Derecho. La que no recibe la acreditación de la Asociación no es apta para recibir fondos públicos y sus estudiantes no pueden solicitar becas. Además, la mayoría de los estados no permiten que alumnos de facultades de Derecho no acreditadas por la Asociación se presenten al examen de colegiación para poder ejercer su profesión. Como dice la profesora Gail Heriot en su trabajo Discriminación positiva en las facultades de derecho estadounidenses aparecido en el Journal of Contemporary Legal Issues (2008), "una facultad de Derecho que no cuente con el parabién de la Asociación Americana de Profesionales de la Justicia en realidad no lo es".
La experiencia de la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason proporciona un excelente ejemplo de los abusos cometidos por la organización de juristas. En 2004, ABA convocó al rector de la universidad y al decano de la facultad ante su Comité de Acreditación y les amenazó con revocar la acreditación de su institución debido a su presunta falta de diversidad. Los administradores se echaron a temblar y dijeron que desde que la Asociación había visitado el centro en 2000, este había mejorado su nivel de diversidad. Sus clases de primer año de 2003 estaban integradas en un 17% por alumnos de minorías, y en las de 2004 la proporción había subido al 19%. También habían creado la figura del Defensor de la diversidad. A pesar de estos esfuerzos, ABA no quedó satisfecha. Se quejó de que de los 99 estudiantes de minorías matriculados en 2003, apenas 23 eran negros, y de los 111 de 2004, sólo 23 lo eran, aunque 63 habían sido admitidos.
En el estado de Virginia hay otras dos facultades de Derecho públicas importantes, la Universidad de Virginia y el College of William & Mary. Estos centros no provocaron las iras de ABA porque, al contrario que la Universidad George Mason, ellos sí practican una política de admisiones racialmente discriminatoria.
El Centro para la Igualdad de Oportunidades vigila las políticas de discriminación racial de las universidades. En una de sus publicaciones, titulada Preferencias étnicas y raciales en las tres facultades públicas de Derecho de Virginia,informa de que en la Universidad de Virginia un estudiante con una calificación de 160 en el examen de acceso y una nota media de 3,25 tenía un 96% de probabilidades de ser admitido si era negro, pero solamente un 3% si era blanco. En el William & Mary, un negro con una puntuación de 155 y una nota media de 3,0 tenía un 92% de probabilidades de ser admitido, mientras que un blanco con el mismo expediente solo contaba con una posibilidad de admisión del 3%. En la Universidad George Mason, carente de políticas racistas, las probabilidades de admisión eran a grandes rasgos las mismas. Los negros con una puntuación de selectividad de 155 y una nota media de 3,0 tenían un 53% de probabilidades de admisión, los blancos un 50%.
Las prácticas intimidatorias de ABA son una auténtica perversión fea e infame. A la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason, que no practica políticas de admisión racistas, le leen la cartilla, mientras que con la Universidad de Virginia y al William & Mary, que sí las tienen, no tienen ningún problema. La triste realidad del asunto es que la asociación de juristas ejerce un poder desmedido e inapelable sobre las facultades de Derecho, obligadas a ceder ante sus exigencias o afrontar las consecuencias.
Hace varios años, impartí una asignatura titulada Fundamentos económicos de los estudios legales en la Facultad de Derecho de la Universidad George Mason. He asistido a muchos de sus ciclos de conferencias y actos sociales. Por tanto, puedo dar fe de la elevada calidad y estatura moral de los miembros de su claustro y de sus administradores. Me duele ver cómo mis muy distinguidos colegas están siendo obligados a ceder a las demandas racistas de