Hacía tiempo que tenía pensado escribir sobre las enormes posibilidades legales que tienen las comunidades autónomas para acabar con la comprensividad –que consiste en enseñar lo mismo a todos los alumnos, en los mismos centros y con los mismos profesores–, ya sea a través de las competencias de "experimentación pedagógica", mediante la organización de itinerarios con las optativas de la Secundaria o con la especialización de los institutos. Llevo proponiéndolo en Madrid desde que soy consejero de su Consejo Escolar. Y lo que me decide a escribir hoy sobre el tema es el siguiente titular del diario Magisterio sobre una iniciativa de la Comunidad de Madrid que ha pasado inadvertida: "Se crea una red de institutos especializados; los centros ofrecerán optativas relacionadas con su especialidad".
Leída la noticia, coincide por lo general con el plan de especialización de los institutos que venía reclamando la Unión Democrática de Estudiantes y del que infinitos teletipos y recortes de prensa son testigos. Se trata de especializar institutos para acabar con la comprensividad en la Secundaria, es decir, que haya una opción más o menos técnica dentro de la ESO que reduzca el fracaso escolar y les sirva para algo a esos chicos que luego no siguen estudiando y que tal vez ahora lo hagan.
No sólo las autonomías tienen un margen muy amplio, puesto que la LOE sólo se diferencia de la LOGSE en la nueva asignatura y en desmantelar lo poco que quedaba del Estado en materia educativa, sino que además existe una competencia en "experimentación pedagógica" que permite desarrollar programas de innovación más o menos fuera de la Ley, y que por algún motivo parece reservada a la izquierda y a los nacionalistas, que fueron los primeros en utilizarla en Cataluña aplicando la LOGSE antes de que se aprobara.
Veamos un ejemplo. La LOE no permite a las comunidades autónomas crear itinerarios desde los 14 años que mitiguen el efecto negativo de una enseñanza obligatoria hasta los 16, como recogía la Ley de Calidad del Gobierno de Aznar. Pero sí les permite, explícitamente, crearlos en 4º de la ESO para organizar el lío de las asignaturas optativas creado por el PSOE. Y nada les prohíbe crear institutos que den sólo el Bachillerato de Artes, con la vía de Artes en la ESO, o institutos que sólo den Formación Profesional y la ESO, ofreciendo un itinerario con las optativas técnicas de 4º de ESO y creando, de hecho, centros especializados que permitan diversificar la Educación Secundaria mucho antes de los 16 años.
Explicado que las comunidades autónomas tienen competencias más que de sobra para al menos corregir lo más pernicioso de la LOGSE, la uniformidad de la educación obligatoria hasta los 16 años, queda analizar por qué no se ha hecho hasta ahora. Por qué sólo es Madrid, por qué sólo es, una vez más, Esperanza Aguirre quien crea una alternativa a la izquierda, como viene haciendo con los exámenes en Primaria y Secundaria, con los centros bilingües, con la objeción de conciencia, con el cheque escolar en la educación infantil y con el proyecto de colegios prioritarios. Esperanza Aguirre viene, además, muy a cuento, porque los complejos de las taifas gobernadas por una derecha cada vez más regionalista en materia educativa vienen precisamente de su etapa de ministra.
Como ministra, Aguirre inició la creación de una verdadera alternativa liberal y nacional para el sistema educativo español, ya que antes el PP se limitaba a hablar de la libertad de elección sin concretar nada. Fue la época del decreto de libertad de elección de centro, con aquellos debates parlamentarios en los que se citaba a Milton Friedman, de la Reforma de las Humanidades, de la defensa del derecho de los castellanohablantes a estudiar en su lengua materna en Cataluña, de la liberalización de los libros de texto, etc.
Uno de los proyectos estrella, el que pretendía garantizar unos contenidos comunes de Historia y de Literatura en toda España, no salió adelante gracias a la pinza antinacional de Pujol con el PSOE, que rompió así su pacto de Estado con el PP en materia de enseñanza. Es cierto que, cuando Pilar del Castillo dio forma a todas esas ideas a través de tres Leyes Orgánicas y a través de unos planes de estudio nuevos, el PP logró por fin tener bien diseñada y lista para implantarla toda una alternativa al socialismo: en la educación básica, en la FP y en las universidades, incluyendo además los contenidos educativos. Alternativa que, por cierto, Rajoy ha dejado en el olvido, haciendo retroceder diez años a su partido en este tema.
Pero hay que recordar que desde que fracasa la Reforma de las Humanidades de Aguirre hasta que Pilar del Castillo aprueba los planes de estudio comunes, mediaron unos cuantos años en los que las autonomías del PP ya tenían competencias en educación, descentralizadas con Rajoy de ministro. Pudieron perfectamente haber aprobado unos planes de estudio en común. No lo hicieron. Y siguen sin hacerlo ahora; diez años después, siguen sin utilizar sus amplias competencias para salir del modelo comprensivo.
Fue Aguirre quien, desde la Comunidad de Madrid, dio la batalla por salvar la Ley de Calidad, quien se opuso a los contenidos ideológicos de Ciudadanía y quien empieza ahora a desmantelar la LOGSE, aprovechando la balcanización zapaterina del sistema educativo español, ante el estupor de sus "homólogos autonómicos". Por eso los liberales la vemos como alternativa a Zapatero, porque Rajoy, en este debate, está ausente. En el resto de las autonomías, el PP se está convirtiendo en una especie de regionalismo conservador sin la menor intención de dar la batalla de las ideas allí donde más importa: en la educación, en la política lingüística y en la cultura.