Cuando oigo a algunos prebostes de la información, ayunos de cualquier formación económica, pontificar sobre las bondades del atraco al contribuyente que se pretenden perpetrar por doquier, no puedo sino evocar los tiempos de Carlos Solchaga, el ministro de economía del "gratis total" y su política monetaria. También nos decían entonces, los mismos que ahora, que no cabía otra política económica. En aquel caso, los tipos de interés eran tan ostensiblemente superiores a los del resto de Europa que provocaron un traspaso del ahorro de los contribuyentes españoles al bolsillo de los inversores extranjeros.
Así que cuando alguien dice que la única solución a un problema pasa por "tocar el bolsillo del contribuyente", de entrada, seguro que es mentira. No es que el inyectar dinero público sea la única solución sino que es la más fácil. Siempre es posible otra solución aunque sea dolorosa y a lo mejor, no tan rápida.
Tengamos presente que el liberalismo se basa en dos principios, el primero viene determinado por optar siempre por la mayor libertad con la consiguiente responsabilidad, y el segundo, que es en cierta manera un corolario del primero, consiste en atribuir todo el protagonismo al ciudadano individual, tanto en lo privado como en lo público. Cuanto menos intervenga el Estado, más libertad tendremos.
Partiendo de lo anterior, el "NO" de los congresistas americanos al plan de Bush y Paulson para acudir al rescate de las entidades financieras con dinero público, supone una lección de libertad y de responsabilidad. Los representantes de los ciudadanos han actuado como verdaderos servidores públicos y no como asalariados del partido de turno. Esto sólo puede suceder en Estados Unidos, donde la escasa estructura de los partidos impide que estos sean agencias de colocación al más puro estilo europeo (especialmente en España y de modo particular, en los regímenes nacionalistas o asimilados de las Comunidades Autónomas).
Ahora bien, y volviendo a nuestro caso, en España, como en casi todos los demás países, se está dejando de lado lo importante para concentrarse en lo urgente. Es decir, se está planteando combatir el síntoma sin atacar la enfermedad, lo cual evidentemente no funcionará. Es como tratar de combatir un tumor cerebral con sobredosis de Optalidón.
Partiendo de que lo que hay que hacer es dejar que actúe el mercado, voy a esbozar unas cuantas medidas que servirían para atacar la enfermedad, con lo que los síntomas más o menos molestos irán desapareciendo a medida que el mal remita. Sin pretensión de exhaustividad, serían:
a) Incrementar la labor de inspección del Banco de España sobre las entidades financieras. Erradicar el pasteleo y las intervenciones encubiertas que sirven para evitar salpicar al gobierno de turno.
b) Incrementar el coeficiente de fondos propios de los bancos. Mejorando los sistemas de medición del riesgo de los activos, en función de la coyuntura. Es decir, modificar el Basilea NYBORG 2. Esto a medio plazo desembocaría en fusiones bancarias y forzaría la privatización de las Cajas de Ahorros.
c) Separar de inmediato lo que es banca comercial, de la banca de inversión y de las aseguradoras. No se puede poner la zorra a guardar el gallinero.
d) Exigir responsabilidades a los directivos de las entidades financieras que deliberadamente, y en aras de unos pluses o incentivos, han colocado a muchos pequeños ahorradores al borde del desastre.
e) Flexibilizar el mercado laboral para evitar el enquistamiento de los trabajadores de más de cuarenta años en el paro. Este colectivo nunca ha preocupado a los sindicatos.
f) Adoptar dos medidas simultáneas desde el punto de vista fiscal: por un lado bajar los impuestos de forma significativa y, por otro, adoptar incentivos fiscales al ahorro. Cada persona es quien mejor sabe lo que le conviene.
Todo lo anterior parte de un respeto al ciudadano y su individualidad. Por lo tanto, sí cabe otra alternativa. Otra solución sí es posible, aunque les pese a algunos. Sé que lo expuesto no es el bálsamo de Fierabrás o la purga Benito, pero las medidas intervencionistas siempre desembocan en una mayor injerencia del poder en la vida de los ciudadanos y, en consecuencia, consolidan estructuras que restringen la libertad.