Dentro de pocas semanas se celebrará el 30 aniversario de la Constitución y es de suponer que con fastos algo menguados por eso de la crisis. En realidad, la crisis financiera y económica permite disimular, aunque por poco tiempo, la otra gran crisis, política e institucional, en la que se encuentra atrapado el sistema político español: el llamado Estado de las Autonomías.
La ruptura de UPN y PP y la votación del PP respaldando el blindaje del caudal del Tajo en perjuicio de los levantinos significan el fin del ciclo que se inició en 1978. De aquel régimen se descolgaron primero los nacionalistas, luego el PSOE y ahora, ya sin pudor alguno, el PP. La decisión de Garzón de emprender acciones judiciales contra el franquismo, más allá de una anécdota grotesca protagonizada por un iletrado megalómano con mono de publicidad, acaba de volcar sobre los fundamentos del régimen democrático el ácido que le faltaba para su corrosión final. Sobre esto ya no se puede fundar nada. Los responsables políticos de la Monarquía parlamentaria española han destrozado el sistema y están poniendo en peligro la seguridad, la libertad e incluso la prosperidad de sus (hasta ahora) compatriotas.
Hay quien echa de menos, no sin razones que van más allá de lo sentimental, el consenso que permitió la promulgación de la Constitución. El ambiente era más vividero, sin duda, y había zonas templadas donde se podía respirar como desde hace ya bastantes años no se puede hacer aquí. Eso explica la actitud de los dirigentes actuales del PP. Con un tono moderado y una actitud de colaboración, se prestan a restaurar aquel consenso. Parecen confiar en la buena fe del adversario y dicen estar convencidos que el electorado acabará respaldando, ante la obra destructiva del socialismo de Rodríguez Zapatero, su posición dialogante y templada.
Los problemas de esta estrategia son varios. El primero es que los socialistas no van a aceptar otro consenso que no sea el que les respalde a ellos sin condiciones: lo han dicho alto y claro. El segundo es que ya no hay marco institucional en el que fijar los términos de un consenso. Vivimos en una ficción que se cae a pedazos, como lo demuestra la propia evolución del PP, incapaz de encontrar dentro de sus propias filas el consenso que dice preconizar para la sociedad española. El último es que hay una parte del electorado que percibe en su verdadera dimensión la situación de crisis institucional y que no se siente identificada con la posición del PP, que juzga inoperante. Puede que sea una minoría, pero todo indica que será suficiente para dificultar una victoria electoral del Partido Popular.
Así que el PP se encuentra en un dilema. Si continúa con su discurso moderado habrá emitido la señal de que interioriza el final del sistema democrático. O bien propone a los electores una nueva formulación del sistema que deberá llevar incorporada, para ser creíble, una reforma del propio PP sobre bases que permitan la participación, la pluralidad y la libertad. ¿Qué esto resulta utópico? También lo habría parecido hace treinta años el proyecto de fundar una nueva España confederal y ya ven dónde estamos ahora.