Tras el principio de acuerdo al que llegó el viernes con PNV y BNG, el Gobierno cuenta ahora con los apoyos necesarios para rechazar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado que se debatirán en el Congreso la próxima semana. Un mínimo de 200 millones de euros en diversas obras públicas y transferencias es el precio que el PSOE paga por el momento a cambio de un respaldo que, al igual que la abstención de UPN, erosiona aún más los principios de unidad y equilibrio que deben regir las cuentas públicas.
El continuo chantaje de los grupos nacionalistas al Estado para la concesión de privilegios a la oligarquía gobernante en algunas regiones de España y a su creciente clientela política es en la actualidad el mayor problema que afecta a la democracia española. Ninguna comunidad política es viable sin un mínimo acuerdo entre los individuos que la componen acerca de los criterios aplicables a la hora de asignar los recursos extraídos a todos por sus gobernantes. Las trampas, trapisondas y deslealtades no sólo minan la confianza en el sistema, sino que fomentan la adopción de las mismas tácticas por parte de otros, lo que lleva a una situación de ingobernabilidad e injusticia.
El deterioro político que la renuncia del PSOE a una política nacional ha engendrado en los últimos años, y que amenaza con extenderse aún más tras las medidas intervencionistas adoptadas por el Gobierno y secundadas por la oposición, socava las instituciones y hace que las fuerzas sociales y políticas disgregadoras adquieran un poder inusitado y peligroso para la estabilidad del sistema. Este ha sido el resultado de la presidencia de Rodríguez Zapatero, quien en un nuevo acto de traición a la inmensa mayoría de los españoles renuncia a la objetividad, la eficacia y el servicio a los intereses generales. El fin es sacar adelante como sea unos presupuestos mal planteados y que sólo agravarán la crisis económica, también en aquellas Comunidades Autónomas cuyos partidos nacionalistas y regionalistas prefieren aumentar su poder sobre la sociedad antes que velar por el bienestar de sus habitantes.
La proximidad de las elecciones en Galicia y el País Vasco y la precariedad del Gobierno de Navarra ha reavivado la demagogia de algunos grupos nacionalistas, que intentarán ocultar su responsabilidad en la probable recesión que se avecina (también en la anterior legislatura apoyaron las políticas económicas del Ejecutivo a cambio de la satisfacción de sus reivindicaciones identitarias) presentándose como los salvaguardas de los intereses locales frente al fantasma del centralismo. Por su parte, el PSOE utilizará este pacto para reafirmar su respeto por las "identidades", que no es otra cosa que el fomento de la exclusión y el conflicto permanente.
Por lo demás, después de la promesa del PSOE de extender los pactos con PNV y BNG a otros grupos o políticos determinados erigidos en representantes de algún interés local, es probable que en el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales se presenten enmiendas que aumenten aún más el gasto público e introduzcan nuevos mecanismos de distorsión y discriminación entre los españoles. En los próximos dos meses, Rodríguez Zapatero, para prolongar la situación agónica causada por su ineficacia, dará al traste con cualquier intento de atajar la crisis y asestará otro golpe a la escasa calidad democrática de España. Una subversión, como correctamente señala el PP, aunque mejor irían las cosas si ese partido dejase de recompensar al Gobierno y se pusiera de una vez a hacer su trabajo. Después de todo, para eso fue que le votaron.