El PSOE llegó al Gobierno por la puerta grande: dirigiendo a la vista de todos la mayor operación de corrupción que haya conocido cualquier español vivo: la nacionalización y reprivatización de Rumasa; es decir, el robo y el reparto entre los amiguetes al grito de "to p’al pueblo". Los socialistas, a base de hacer del reparto el centro de su discurso, lo han convertido, en un ejercicio sublime de coherencia política, en el núcleo de su política. Eso sí, un reparto de los pobres a los ricos (y a ellos), del ciudadano de a pie al conectado políticamente (y a ellos) y de todos a las regiones y grupos que les apoyan políticamente. Y a ellos, naturalmente.
Rumasa, se dijo entonces, vivía una situación al borde de la quiebra, con relaciones incestuosas entre bancos y grupos empresariales. Lo más que hubiese sucedido es que sus bancos quebrarían y se tendrían que cerrar varias de sus empresas, con lo que una parte de los más de 60.000 puestos de trabajo que antes había creado Rumasa se destruirían. Y todo lo que hubiese ocurrido de haberle abandonado a su suerte es que los activos de las empresas en quiebra serían absorbidos por otras mejor gestionadas. Y parte del empleo que se destruyese se incorporaría de nuevo a empresas económicamente más sanas y con más futuro. Fue lo que acabó sucediendo, pero con el socialismo, es decir, la corrupción, de por medio. Gustavo Cisneros, el amigo de González, compró Galerías Preciados por 200 millones de pesetas y la revendió a los tres meses por 30.000 millones.
Toda la operación costó a los contribuyentes un billón de pesetas. ¿Cuánto es eso? 6.000 millones de euros. El Gobierno Zapatero ha recurrido, como González con Rumasa, a la fórmula del Decreto Ley para poner en marcha un plan de 30.000 a 50.000 millones de euros (de cinco a ocho veces el coste de Rumasa) para sacar a los bancos de una situación complicada que se han buscado ellos. Cinco Rumasas en una operación que no pasa por el robo y el reparto, que eso lo entiende todo el mundo, sino entre otras cosas por la compra de activos bancarios a precios que sólo los expertos sabrían valorar. ¿Qué banquero español venderá al Gobierno un activo por un precio que sea el de mercado o menos? ¿Qué banquero no le colocará al Estado un activo degradado a precios de oro, si le dejan?
Como ha señalado el Instituto Juan de Mariana, "al fin y al cabo, el Gobierno y la Dirección General del Tesoro deberán decidir qué empresas deberán reflotarse y qué compañías tendrán que quebrar. Esto constituye el caldo de cultivo perfecto para el amiguismo, la corrupción y la redistribución masiva de la renta". Sólo que estamos hablando de unos volúmenes de renta y riqueza desconocidos. Son de tal medida, que el PP sólo puede tomar dos posturas: jugársela a enfrentarse al poder y estar permanentemente vigilante, o participar del reparto. Mariano Rajoy, en su último encuentro con Zapatero, seguro que se mantuvo firme en la primera opción.