Uno de los indicadores más claros del desplome económico que sufre España es el incremento ininterrumpido en el número de parados desde hace más de un año. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el tercer trimestre de 2008 arrojan un aumento interanual de 800.000 desempleados, lo que deja la tasa de paro en el 11,3% de la población activa. De hecho, después de 14 años nuestro país ha vuelto a registrar una destrucción neta de empleo: a finales de septiembre, había 163.000 personas menos trabajando que en las mismas fechas de 2007.
Los datos no sorprenden al Gobierno, pese a desbordar todas sus previsiones oficiales. Probablemente porque dichas previsiones nunca pretendieron ser un fiel pronóstico de la realidad, sino un fraude propagandístico que continuara con su inverosímil discurso electoral; ya saben: "Motivos para creer: por el pleno empleo".
En todo caso, la pasividad del Ejecutivo sí parece sugerir que se han creído sus propias mentiras. El PSOE ha seguido diluyendo la imprescindible reforma laboral en la vacuidad del llamado "diálogo social"; con su apelación al "buenismo" y al "diálogo" corporativista entre asociaciones empresariales y sindicales, desatiende su responsabilidad de liberalizar la legislación laboral para facilitar la recolocación de los parados.
Un "diálogo social" en el que, para mayor desvergüenza, las partes parecen estar mudas. Por un lado, UGT y CCOO están asistiendo impasibles a la escalada del desempleo, probablemente porque llevan ya tiempo acomodadas en una subvención pública que ha terminado funcionarizando a sus miembros. Por otro, la patronal defiende la necesidad de hacer un paréntesis en la economía de libre mercado, supuestamente para que la planificación central del Estado termine aportando algo de luz a esta "anarquía productiva" que diría Marx.
Lo cierto es que entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, la economía española sigue sin levantar cabeza. Es cierto que la crisis financiera internacional está azotando a todos los países del mundo, pero no es menos cierto que España la está padeciendo con especial virulencia. Somos el país del mundo desarrollado con una mayor tasa de paro y, lo que resulta más preocupante, con un crecimiento más rápido de la misma. En este sentido, el futuro parece condenado a ser bastante peor que el presente y ello a pesar de que el cándido ministro de Trabajo sostenga que en dos meses la crisis financiera estará "finiquitada".
España necesita de una urgente reestrucuración productiva. Durante los últimos años de falsa bonanza, la economía se concentró en la construcción, desatendiendo otros sectores, como el exportador o el energético, que eran necesarios para seguir creciendo de manera sostenida. Pero esta reconversión requiere tanto de un mayor ahorro de los españoles (para poder financiar las nuevas inversiones) como de un ajuste de los precios de los factores productivos (entre ellos, los salarios).
Mientras esto no suceda, la economía quedará estancada en proyectos que han dejado de ser rentables y cuya tabla de salvación está en reducir costes despidiendo trabajadores y reduciendo parte de su producción. Si bien las crisis son consecuencia del feroz intervencionismo financiero de los Estados (a través de sus bancos centrales), el mercado suele tener capacidad para readaptarse y regresar a la senda de crecimiento... siempre y cuando el Gobierno no se lo impida.
Un ejemplo claro lo tenemos en el caso de la Comunidad de Madrid, única comunidad donde el desempleo se ha reducido en el último trimestre. No en vano, se trata también de la única región donde se han aplicado algunas liberalizaciones (como la de los horarios comerciales) y donde se han reducido los impuestos. Imaginen que el Gobierno central dejara de lado sus prejuicios socialdemócratas y emprendiera una profunda liberalización de nuestra encorsetada economía.
Pero Zapatero parece más interesado en lloriquear para asistir a la Cumbre de Washington con el claro propósito de enterrar el capitalismo. Ya se sabe, por el pleno empleo.