"Porque es donde está el dinero".
Willie Sutton, al serle preguntado en 1934 por qué asaltaba bancos
Washington está copiando a Willie Sutton. Estas cosas suelen pasar cuando el Gobierno se da cuenta de que no ha recaudado suficiente dinero y observa que todavía quedan fondos en algunas partes del país que no controla pero que le gustaría controlar.
El senador republicano Charles Grassley y el representante demócrata Peter Welch debatían hace poco cómo debían gastar sus donaciones económicas las universidades y centros de educación superior. Grassley, tras afirmar que cada una de las más de 135 instituciones recibe dotaciones de más de 500 millones de dólares, sostuvo que se les debía exigir que destinaran el 5 por ciento de sus asignaciones anuales en lo que fuera. Welch sometió a votación una ley que exige que ese porcentaje se dedique a reducir la matrícula y otros gastos estudiantiles.
La iniciativa de este Gobierno por el control de los recursos privados surge incluso si el año pasado, las universidades y los centros superiores gastaron de media el 4,6% de sus partidas.
El pasado año fiscal, la asignación de Harvard, registró una rentabilidad del 8,6% y creció desde los 34.900 millones hasta los 36.900 millones de dólares. Aunque fue un retorno inferior al del 23% del año anterior, fue un resultado excelente considerando las turbulencias económicas. Pero sólo 45 instituciones privadas cuentan con asignaciones de más de mil millones de dólares. El restante 98% de las instituciones (1.565), la asignación media fue apenas de 14 millones de dólares. El Gobierno, siguiendo a Willie Sutton, ha puesto sus miras en las instituciones más acaudaladas: aquellas que componen los cimientos de la investigación básica que sustenta la prosperidad estadounidense y que tienen los programas de ayuda financiera más generosos para estudiantes.
Hoy en día, gran parte de la política consiste en decir a los votantes que los precios de muchas de las cosas que compran –la gasolina, la sanidad o la educación superior– son irracionales. Pero la demanda de educación superior no ha descendido ni después de que su precio se haya elevado en muchos instituciones a un ritmo superior al de la sanidad. Los padres siguen pagando matrículas cada vez más caras porque consideran que la educación superior es una inversión razonable. Saben que la creación de riqueza está encabezada por el "capital humano" –mentes formadas– y que "ganas lo que sabes".
Daniel Mark Fogel decía que en la Universidad de Vermont, la cual preside, el 60% de los que inician la licenciatura y el 74% de los estudiantes de primer año proceden este curso de fuera del estado. Pagan la segunda matrícula para no residentes más elevada de la nación, ya que con parte de los ingresos se subsidia la matrícula más baja que pagan los habitantes de Vermont.
Algunos legisladores del estado de Massachusetts, cometiendo dos de los siete pecados capitales, están enfurecidos porque la recaudación fiscal no alcanza para sus ambiciones de gasto y envidian a Harvard. Por eso, se han propuesto recaudar más de mil millones de dólares al año con una tasa del 2,5% sobre los nueve centros superiores y universidades del estado que cuentan con dotaciones de más de mil millones de dólares.
Los legisladores de California, añaden un tercer pecado (la avaricia), y quieren exigir a las grandes fundaciones de California que informen de la raza, el género y la orientación sexual de sus integrantes, su personal y los receptores de becas. Las demás administraciones del estado emularán este paso hacia el control público de la filantropía.
No queda otra. El placer casi erótico de gastar el dinero que los demás han ganado y ahorrado es un motivo de que la gente soporte la vida política. Y ahora la respuesta del Gobierno a la crisis financiera, incluyendo la semi-nacionalización de nueve bancos importantes, ha difuminado –en realidad, casi borrado– la diferencia entre los sectores público y privado.
Centenares de miles de millones de dólares que a la clase política le habría gustado destinar a sus propios fines políticos y sociales han sido distribuidos de otra manera. Esa distribución, por mandato del Gobierno y no por las fuerzas del mercado, reduce coactivamente la productividad del stock de capital de la nación. Todo esto, a su vez, reducirá el crecimiento económico, la recaudación pública y la sostenibilidad del estado del bienestar, ya que está a la espera de la jubilación de 78 millones de integrantes de la generación post-Segunda Guerra Mundial.
Mientras el Gobierno busca con creciente desesperación dinero con el que poder hacer valer su voluntad, los episodios Willie Sutton se multiplicarán. El Gobierno tiene incentivos para debilitar la creencia de que la nación necesita de un sector vigoroso de instituciones filantrópicas y educativas privadas ejerciendo su voluntad sobre sus propios recursos.
La suma frecuentemente citada de 700 mil millones de dólares no es sino una pequeña fracción del coste que, a lo largo de las próximas décadas, tendrá la crisis financiera de hoy. El deseo de los Gobiernos de ampliar su control sobre las entidades filantrópicas y fundaciones es una manifestación del estatismo cancerígeno al que empuja la crisis. Por ahora, sus costes monetarios y morales son, estrictamente hablando, incalculables.