La edición de enero de 2007 ha sido la última del Premio Ebro Puleva de periodismo económico para jóvenes. Queremos agradecer a todos los concursantes su participación durante todos estos años.

Asisto perplejo durante los últimos días al despliegue argumental realizado por el conjunto de la sociedad que, desesperadamente trata de justificar la bondad del mantenimiento de las ayudas públicas a la agricultura.
Se escuchan apocalípticos argumentos que prevén, pronostican, incluso profetizan en algunos casos, el abandono de cultivos, la desaparición de la agricultura y el despoblamiento de nuestras zonas rurales.
Sin embargo, llegados a este punto yo me pregunto si alguno de los brillantes pensadores agronómicos se ha detenido a analizar los efectos reales del sostenimiento público a la agricultura.
Las subvenciones a la actividad agrícola son, de una parte injustas para quien las soporta (consumidor que se ve obligado a pagar precios que exceden ampliamente de los existentes en el mercado mundial) y, de otra, un lastre para la competitividad del sector (frenan la innovación, desincentivan el desarrollo tecnológico y estancan la productividad de las explotaciones).
Ahora bien, aceptando la mayor y reconociendo la dependencia a corto plazo de los agricultores respecto de las ayudas comunitarias, discutamos sobre la tipología de tales apoyos. Se plantea la disyuntiva entre su vinculación a la producción o a la superficie.
Las actuales reformas, presionadas sin duda por las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio, se orientan hacia la segunda de las opciones ya que, según arguyen los eruditos, no generan distorsiones en los mercados y favorecen la preservación del medio ambiente.
Es aquí donde reside la perversidad inherente al modelo. Las ayudas por superficie desincentivan la creación de empleo, por cuanto no están vinculadas a la actividad productiva. Este hecho, además de propiciar el despoblamiento de las zonas rurales, obligaría a los economistas a considerar un nuevo concepto que habría de revolucionar la ciencia microeconómica: los Ingresos Fijos que, por analogía con los Costes Fijos, se generarían aunque cesara la actividad. Curiosa paradoja.
También resulta paradójico el argumento medioambiental, ya que la actividad agrícola no solo deteriora, sino que sustituye, en grandes superficies de terreno, los ecosistemas naturales por sistemas de cultivo ajenos y de dudosa capacidad de adaptación a las condiciones locales. No parece lícito, por tanto, hablar de beneficios medioambientales de la actividad agrícola.
Solo cabe esperar que en algún punto de la actual deriva alguien acometa la reforma de las estructuras agrícolas desde la realidad económica del sector, y es que la solución existe y es conocida desde hace algún tiempo: "…sin intervención de las leyes se puede llegar, y efectivamente se ha llegado en algunos pueblos a la mayor perfección en el arte de cultivar la tierra… El único fin de las leyes respecto de la agricultura ha de ser proteger el interés de sus agentes…" (Informe sobre la Ley Agraria; Jovellanos).
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