L D (EFE) En concreto Parot está condenado a más de 3.000 años de prisión por distintas acciones terroristas, entre ellas la que le impuso la Audiencia Nacional en marzo de 1994. Hasta esa fecha era la segunda condena más alta impuesta por este tribunal: 1.802 años de prisión por el atentado cometido en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que perecieron once personas.
Los otros etarras, Troitiño y del Río, formaron parte del "comando Madrid" y fueron condenados en 1989 a 2.232 años de prisión cada uno por su implicación en el atentado perpetrado en 1986 en la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron doce guardias civiles. Junto a los dos etarras también se sentaron en el banquillo el histórico integrante del grupo Madrid de ETA, José Ignacio de Juana Chaos, que podría salir en libertad a partir del próximo 9 de febrero, y Esteban Nieto, ya fallecido. Los cuatro fueron condenados en 1989 por la Audiencia Nacional a la misma pena, 2.232 años, con lo que los miembros de este grupo sumaron cerca de 9.000 años de prisión en total, la condena más alta impuesta a un grupo de terroristas de ETA hasta la fecha.
La etarra Inés del Río, que ingresó en 1984 en el grupo Madrid, fue detenida en Zaragoza en 1987 y entre sus condenas figura, además de la de 2.232 años, la de 58 por el atentado que costó la vida al coronel Vicente Romero, a su chófer y a un policía nacional. Otras sentencias le han sido impuestas como 87 años de cárcel por el atentado contra el comandante Ynestrillas y otros dos militares; 378 años por la muerte de cinco guardias civiles, y 48 por el atentado contra el vicealmirante Escrigas.
Antonio Troitiño, quien se integró en ETA en 1982 y dos años después entró a formar parte del grupo Madrid con el que cometió 32 asesinatos, fue arrestado en Madrid en 1987. Tras de sí tiene otras condenas, además de la de más de 2.000 años, como la impuesta de 24 años por el intento de atentado contra el general Fernando Yrayzoz en 1986 y la de 17 años por el intento de asesinato en 1986 al entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba.