LD (Europa Press) En el documento, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que la investigación se refiere a los ejercicios económicos que van desde 1998 a 2001, bajo Gobierno del PP, y que fue en 2003 cuando la Agencia Tributaria encuentra indicios de delitos y remite el caso al Ministerio Fiscal.
Se recuerda además que fue precisamente en 2003 cuando el entonces Gobierno del PP "modificó la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que catalogaba los bienes intangibles como productos no financieros y que, por tanto, hacía que esas sociedades estuvieran únicamente bajo control de las autoridades autonómicas de Consumo".
Según los socialistas, desde ese cambio "las inversiones de ahorradores en dichos bienes no están cubiertas ni por el Fondo de garantía de Depósito ni por el Fondo de Inversiones de la Administración". Remarcan además que es en abril de 2006 cuando la Fiscalía Anticorrupción "presenta querella ante la Audiencia Nacional", provocando la operación policial, las detenciones y , en definitiva, "que salga a la luz el escándalo".
Su conclusión es que tanto este caso, como los surgidos en la Comunidad Valenciana y Murcia, "no han aflorado por casualidad", sino que todo "ha sido fruto de la estrategia de "tolerancia cero" con la corrupción marcada desde el Gobierno y secundada por fiscales, jueces y por las Fuerzas de Seguridad del Estado". "Es el compromiso del actual Gobierno en la lucha contra el fraude y las medidas que está adoptando para combatir a aquellos que quieren enriquecerse a costa del manejo irregular de bienes públicos o privados en España, las que están dando frutos", concluyen.