LD (EFE) Caldera afirmó que los inmigrantes "deben entrar con un contrato de trabajo" en España, gestionado en su país de origen, para obtener la residencia, y fue claro al señalar que "no va a haber ningún nuevo proceso extraordinario" de regularización de indocumentados. Para facilitar estos trámites, la Embajada de España en Quito contará, posiblemente a partir del mes próximo, con una nueva Consejería Laboral.
De los inmigrantes que están en España de forma ilegal, Caldera recordó que, para regularizar su situación, sólo les queda el "procedimiento de arraigo", que implica un largo periodo de estancia y un contrato legal de trabajo para poder hacer las gestiones. Respecto al caso concreto de los ciudadanos de Ecuador, apuntó que "pensamos que ilegales quedan pocos", y recordó el proceso de regularización llevado a cabo en los pasados dos años, que sirvió para regularizar unas 150.000 familias de ecuatorianos en España.
"Hoy cotizan 300.000 ecuatorianos a la Seguridad Social en España", recalcó Caldera, quien apuntó que, entre otros, los sectores que dan empleo a inmigrantes en España son la agricultura, servicio doméstico, turismo, construcción y transporte. Según cifras oficiales españolas, en España hay unos 400.000 ecuatorianos, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador apunta que la cifra real podría ser de 700.000. Recordó el ministro a los dos ecuatorianos muertos el pasado 30 de diciembre en el atentado de ETA en el aeropuerto madrileño de Barajas, Carlos Palate y Diego Estacio, de los que dijo que eran "ciudadanos ecuatorianos, y también ciudadanos españoles y europeos".
A sus familiares directos, indicó Caldera, se les concedió el pasado miércoles la nacionalidad española, para que puedan obtener los beneficios que implica, y a ellos se les otorgó la Medalla de Oro del Trabajo a título póstumo. También aludió a los afectados por el cierre de la aerolínea española Air Madrid, y recalcó que los que no hayan podido regresar en el plazo fijado no podrán ser despedidos de sus empleos, ya que emitió una resolución en la que considera que hay una circunstancia de "fuerza mayor".
El responsable español de trabajo reiteró en su comparecencia ante los periodistas que la "emigración ilegal es muy perjudicial", tanto para la sociedad receptora, que puede sufrir desequilibrios sociales y económicos, como para los propios inmigrantes, que se ven sometidos al rechazo y la explotación. "España tiene una sociedad muy abierta", dijo Caldera, quien recordó que en pocos años se han integrado en ese país 4 millones de inmigrantes, pero repitió que deben estar en situación regular, "pues no podemos consentir que unos ciudadanos, por el hecho de no ser españoles, tengan menos derechos".
En el Consejo de Ministros del próximo viernes en España, anunció Caldera, se aprobará un plan de integración, que contará con un presupuesto de unos 2.000 millones de euros (unos 2.700 millones de dólares) destinados a mejorar la política en campos como el social, educativo y el sanitario en relación con los inmigrantes. Caldera tratará con las autoridades de Ecuador en esta visita, que concluirá el próximo lunes, de la suscripción de un protocolo sobre adopciones y la ampliación de un convenio de seguridad social, con el fin de que se puedan sumar cotizaciones en distintos países de Hispanoamérica para mejorar derechos futuros.
De los inmigrantes que están en España de forma ilegal, Caldera recordó que, para regularizar su situación, sólo les queda el "procedimiento de arraigo", que implica un largo periodo de estancia y un contrato legal de trabajo para poder hacer las gestiones. Respecto al caso concreto de los ciudadanos de Ecuador, apuntó que "pensamos que ilegales quedan pocos", y recordó el proceso de regularización llevado a cabo en los pasados dos años, que sirvió para regularizar unas 150.000 familias de ecuatorianos en España.
"Hoy cotizan 300.000 ecuatorianos a la Seguridad Social en España", recalcó Caldera, quien apuntó que, entre otros, los sectores que dan empleo a inmigrantes en España son la agricultura, servicio doméstico, turismo, construcción y transporte. Según cifras oficiales españolas, en España hay unos 400.000 ecuatorianos, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador apunta que la cifra real podría ser de 700.000. Recordó el ministro a los dos ecuatorianos muertos el pasado 30 de diciembre en el atentado de ETA en el aeropuerto madrileño de Barajas, Carlos Palate y Diego Estacio, de los que dijo que eran "ciudadanos ecuatorianos, y también ciudadanos españoles y europeos".
A sus familiares directos, indicó Caldera, se les concedió el pasado miércoles la nacionalidad española, para que puedan obtener los beneficios que implica, y a ellos se les otorgó la Medalla de Oro del Trabajo a título póstumo. También aludió a los afectados por el cierre de la aerolínea española Air Madrid, y recalcó que los que no hayan podido regresar en el plazo fijado no podrán ser despedidos de sus empleos, ya que emitió una resolución en la que considera que hay una circunstancia de "fuerza mayor".
El responsable español de trabajo reiteró en su comparecencia ante los periodistas que la "emigración ilegal es muy perjudicial", tanto para la sociedad receptora, que puede sufrir desequilibrios sociales y económicos, como para los propios inmigrantes, que se ven sometidos al rechazo y la explotación. "España tiene una sociedad muy abierta", dijo Caldera, quien recordó que en pocos años se han integrado en ese país 4 millones de inmigrantes, pero repitió que deben estar en situación regular, "pues no podemos consentir que unos ciudadanos, por el hecho de no ser españoles, tengan menos derechos".
En el Consejo de Ministros del próximo viernes en España, anunció Caldera, se aprobará un plan de integración, que contará con un presupuesto de unos 2.000 millones de euros (unos 2.700 millones de dólares) destinados a mejorar la política en campos como el social, educativo y el sanitario en relación con los inmigrantes. Caldera tratará con las autoridades de Ecuador en esta visita, que concluirá el próximo lunes, de la suscripción de un protocolo sobre adopciones y la ampliación de un convenio de seguridad social, con el fin de que se puedan sumar cotizaciones en distintos países de Hispanoamérica para mejorar derechos futuros.