LD (EFE) La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, asevera en una entrevista concedida a EFE que "en esta situación, si el Gobierno hubiese sido de otro signo, hubiera tomado la misma decisión", respecto al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos.
"Dudo muchísimo que alguien sentado en mi silla o en la silla del ministro -del Interior- hubiese dicho: no me importa que esta persona se muera", señala Gallizo, que insiste en que la protesta de De Juana era "una medida individual, no de una organización" y en que el Gobierno "tenía la obligación legal y moral de tratar de salvar su vida".
Preguntada por la opinión publica que interpreta la decisión tomada como una cesión del Gobierno al chantaje de ETA, Mercedes Gallizo contesta que "se trata de una medida que se ha tomado con una persona que está cumpliendo una condena de tres años, que no tiene que ver con la condena que ya cumplió (por 25 asesinatos). Es una decisión que se ha tomado muy cuidadosamente, después de estudiar los informes médicos". Gallizo detalló que los informes médicos "son muy preocupantes, no sólo por su estado de salud actual, sino por la posibilidad de que tenga lesiones que sean irreversibles y que se manifiesten posteriormente, como ha ocurrido en otros casos de huelga de hambre prolongadas".
De Juana "va a sufrir un proceso de recuperación de su salud que seguramente será prolongado. Eso no varía su situación penitenciaria, en el sentido de que va a seguir cumpliendo su condena".
En cuanto a que si cabría pensar en un reingreso en prisión para De Juana, la directora de Instituciones Penitenciarias explicó que "como sucede con todas las personas que dependen de la Administración penitenciaria, su situación se revisa de forma periódica y cuando corresponda la próxima revisión, a la luz de los informes de todo tipo que obren en nuestro poder, la Junta de Tratamiento dirá cuál es el régimen que tiene que seguir manteniendo".
"Dudo muchísimo que alguien sentado en mi silla o en la silla del ministro -del Interior- hubiese dicho: no me importa que esta persona se muera", señala Gallizo, que insiste en que la protesta de De Juana era "una medida individual, no de una organización" y en que el Gobierno "tenía la obligación legal y moral de tratar de salvar su vida".
Preguntada por la opinión publica que interpreta la decisión tomada como una cesión del Gobierno al chantaje de ETA, Mercedes Gallizo contesta que "se trata de una medida que se ha tomado con una persona que está cumpliendo una condena de tres años, que no tiene que ver con la condena que ya cumplió (por 25 asesinatos). Es una decisión que se ha tomado muy cuidadosamente, después de estudiar los informes médicos". Gallizo detalló que los informes médicos "son muy preocupantes, no sólo por su estado de salud actual, sino por la posibilidad de que tenga lesiones que sean irreversibles y que se manifiesten posteriormente, como ha ocurrido en otros casos de huelga de hambre prolongadas".
De Juana "va a sufrir un proceso de recuperación de su salud que seguramente será prolongado. Eso no varía su situación penitenciaria, en el sentido de que va a seguir cumpliendo su condena".
En cuanto a que si cabría pensar en un reingreso en prisión para De Juana, la directora de Instituciones Penitenciarias explicó que "como sucede con todas las personas que dependen de la Administración penitenciaria, su situación se revisa de forma periódica y cuando corresponda la próxima revisión, a la luz de los informes de todo tipo que obren en nuestro poder, la Junta de Tratamiento dirá cuál es el régimen que tiene que seguir manteniendo".
Relación con el caso de huelga de hambre de los GRAPO
En referencia al caso de los GRAPO, cuando en diciembre de 1989, 67 de sus miembros iniciaron una huelga de hambre que costó, en 1990, la vida a uno de ellos y también a uno de los médicos que les había estado alimentado porque después fue asesinado y pese a todo ello 30 miembros mantuvieron su huelga de hambre, Gallizo fue preguntada sobre si teme que cunda también en este caso el ejemplo de Ignacio de Juana Chaos entre otros terroristas de ETA encarcelados.
Gallizo respondió que "aquella fue una medida de presión política de una organización que tenía unos objetivos políticos y en este caso ha sido una medida individual de una persona, no de una organización. Incluso su propia organización no compartía la medida de esta persona, ni el resto de los internos de esta organización, ha sido una decisión individual".
Sin embargo, ETA ya ha advertido de que hay otros seis reclusos etarras con enfermedades graves, y dice que modificar la situación de los presos de la banda contribuiría a relanzar el proceso de paz.
Pero la directora general de Instituciones Penitenciarias no quiso hacer ninguna lectura política de este caso. "Lo que ha hecho el Estado, la Administración penitenciaria, la judicatura y el Gobierno ha sido aplicar la ley para una persona en concreto cuya vida corría riesgo. Teníamos la obligación legal y moral de tratar de salvar su vida. No tiene más lectura política y desde luego yo no la voy a hacer".
Sobre De Juana añadió que "este es un señor que ha tomado una decisión que le ha llevado al borde de la muerte, y la Administración lo que ha hecho es velar por su vida. Es una persona de la que espero que todos nos olvidemos lo antes posible".