L D (Agencias) Esta postura ha sido expuesta por los gestores de estos fondos, en su mayoría norteamericanos y dedicados a tareas de arbitraje, durante la ronda de conversaciones que el presidente de Gas Natural, Antoni Brufau, y su equipo mantuvieron con ellos en Londres.
La OPA de Gas Natural consta de un intercambio de acciones de la compañía resultante (60 por ciento del precio) y de un pago en metálico (40 por ciento) que supone pagar 17 euros por acción a los propietarios de acciones de Iberdrola. Algunos de estos fondos han solicitado a Gas Natural que en el precio final de la OPA la parte que se pague en metálico sea superior, y que como mínimo se alcance un precio de 18 euros por título. La respuesta oficial de Gas Natural ha sido que el precio es equilibrado y que no contempla realizar ninguna modificación al alza del mismo.
El primer fondo de inversión en el capital de la eléctrica es el Chase Manhattan con un 10 por ciento de Iberdrola, seguido del Franklin Resources, con un 5 por ciento. Sin embargo, el Chase es tan sólo un tenedor de cartera de otros fondos menores que tienen menos del 5 por ciento cada uno y que han optado por mantener un perfil más discreto dentro del capital de la compañía eléctrica.
En cambio, Franklin Resources Inc es uno de los fondos del grupo Franklin Templeton, uno de los cuatro mayores inversores en la bolsa española en cuanto a participación a través de fondos de inversión, con un valor en acciones españolas de más de 4.600 millones de euros.
Iberdrola también se ha reunido con los gestores de los fondos norteamericanos precisamente para solicitarles que rechacen la OPA, con el argumento de que como mínimo controlan el 25 por ciento del capital de la eléctrica, teniendo en cuenta el apoyo del BBVA, el primer accionista de referencia de la compañía con el 9,1 por ciento del capital.
Esta semana se votará en la CNE lo que en argot administrativo se denomina “función 15”, y que consiste en analizar, en procesos de concentración como el que generará esta OPA, si la solvencia financiera de la empresa resultante es suficiente para afrontar las inversiones comprometidas por las compañías implicadas en sectores regulados, como es el caso del gas y la electricidad.
La OPA de Gas Natural consta de un intercambio de acciones de la compañía resultante (60 por ciento del precio) y de un pago en metálico (40 por ciento) que supone pagar 17 euros por acción a los propietarios de acciones de Iberdrola. Algunos de estos fondos han solicitado a Gas Natural que en el precio final de la OPA la parte que se pague en metálico sea superior, y que como mínimo se alcance un precio de 18 euros por título. La respuesta oficial de Gas Natural ha sido que el precio es equilibrado y que no contempla realizar ninguna modificación al alza del mismo.
El primer fondo de inversión en el capital de la eléctrica es el Chase Manhattan con un 10 por ciento de Iberdrola, seguido del Franklin Resources, con un 5 por ciento. Sin embargo, el Chase es tan sólo un tenedor de cartera de otros fondos menores que tienen menos del 5 por ciento cada uno y que han optado por mantener un perfil más discreto dentro del capital de la compañía eléctrica.
En cambio, Franklin Resources Inc es uno de los fondos del grupo Franklin Templeton, uno de los cuatro mayores inversores en la bolsa española en cuanto a participación a través de fondos de inversión, con un valor en acciones españolas de más de 4.600 millones de euros.
Iberdrola también se ha reunido con los gestores de los fondos norteamericanos precisamente para solicitarles que rechacen la OPA, con el argumento de que como mínimo controlan el 25 por ciento del capital de la eléctrica, teniendo en cuenta el apoyo del BBVA, el primer accionista de referencia de la compañía con el 9,1 por ciento del capital.
Esta semana se votará en la CNE lo que en argot administrativo se denomina “función 15”, y que consiste en analizar, en procesos de concentración como el que generará esta OPA, si la solvencia financiera de la empresa resultante es suficiente para afrontar las inversiones comprometidas por las compañías implicadas en sectores regulados, como es el caso del gas y la electricidad.