L D (Agencias) La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que archive 1.800 denuncias planteadas por particulares contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, por la guerra de Irak. En un dictamen de tres folios, firmado por el fiscal jefe José Aranda, del que informa la agencia Europa Press, se exponen los principales argumentos: España no efectuó "declaración alguna de guerra" a Irak, las tropas españolas enviadas a la zona de conflicto no tenían misiones bélicas sino de apoyo humanitario y médico. Por último, el fiscal señala que no se ha visto comprometida "la neutralidad del Estado". Por todo ello, lo que procede según la Fiscalía del Supremo es que el Tribunal archive las denuncias sin necesidad de efectuar diligencia alguna.
El informe fiscal descarta el incumplimiento del artículo 63 de la Constitución, referente a la competencia del Rey con autorización de las Cortes para hacer una declaración de guerra. Además, el fiscal constata que "ningún país ha declarado la guerra a España como consecuencia de actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, ni se ha comprometido la neutralidad del Estado, ni se han levantado tropas en España al servicio de una potencia extranjera", por lo que tampoco cabe aplicar los artículos 590, 591 y 595 del Código Penal.
En cuanto a las acusaciones de genocidio contra Aznar, la opinión del fiscal es que se demuestra "inexistente relación con la realidad”. Además se recuerda que para proceder contra el presidente del Gobierno por supuestos delitos contra la seguridad del Estado cometidos en ejercicio de sus funciones, se requiere que sea planteado por la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, y aprobado por mayoría absoluta de la Cámara.
El informe fiscal descarta el incumplimiento del artículo 63 de la Constitución, referente a la competencia del Rey con autorización de las Cortes para hacer una declaración de guerra. Además, el fiscal constata que "ningún país ha declarado la guerra a España como consecuencia de actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, ni se ha comprometido la neutralidad del Estado, ni se han levantado tropas en España al servicio de una potencia extranjera", por lo que tampoco cabe aplicar los artículos 590, 591 y 595 del Código Penal.
En cuanto a las acusaciones de genocidio contra Aznar, la opinión del fiscal es que se demuestra "inexistente relación con la realidad”. Además se recuerda que para proceder contra el presidente del Gobierno por supuestos delitos contra la seguridad del Estado cometidos en ejercicio de sus funciones, se requiere que sea planteado por la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, y aprobado por mayoría absoluta de la Cámara.