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Vázquez propone suspender la autonomía vasca y disolver su parlamento "por desacato"

El alcalde socialista de La Coruña cree que Atutxa incurre en “desacato” por impedir que el grupo parlamentario de Otegi desaparezca de la Cámara. Además, considera que el plan Ibarretxe es un desafío institucional. Por todo ello propone que se suspenda la autonomía, se disuelva el parlamento y, si es necesario, se lleve a la cárcel a quienes protagonizan este “golpe de Estado institucional”.

L D (Agencias) No es la primera vez que se escucha este tipo de propuestas. Muchos líderes políticos han expresado la vía constitucional –aplicar el artículo 155– para sacar al Gobierno vasco de su continuo desafío al Estado de Derecho. Para el alcalde socialista de La Coruña, Francisco Vázquez, ese momento ha llegado. En una entrevista con loa agencia EFE, Vázquez consideró que la actitud del Parlamento vasco es un "golpe de Estado institucional con Atutxa al frente" y destacó que "habrá que disolver el Parlamento si la mayoría nacionalista se niega a disolver el grupo criminal de Batasuna y, si hace falta, tendrán que ir a prisión quienes se nieguen". Además, cree que si el plan separatista de Ibarretxe sigue adelante con "esa especie de referéndum", debería suspenderse la autonomía del País Vasco.

En este sentido, Vázquez explica que "hay dos competencias que a día de hoy no soy capaz de entender que no hayan sido recuperadas, como la Educación y la Seguridad. Pero esto es un problema del Gobierno y yo soy un modesto alcalde, aunque el señor Atutxa ya ha dicho en román paladino que se pasa todas las instituciones y al Tribunal Supremo por el arco del triunfo".

Para justificar su recomendación, Vázquez dijo que el Gobierno británico suspendió "cuatro veces" la autonomía de Irlanda del Norte en un plazo de 10 meses y "no pasa nada". En referencia a la disolución del grupo parlamentario de Batasuna en la Cámara vasca, Vázquez recuerda que Atutxa e Ibarretxe "no están acatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de España y están negando algo tan importante como la independencia judicial y la validez de las leyes. Por tanto, están socavando los cimientos del Estado de Derecho, con una posición de rebeldía".

”Incomprensible” que no se haya hecho antes

El alcalde de La Coruña –regidor socialista de una capital más votado de España y candidato del PSOE a la reelección– aplaudió la anulación de las listas electorales de AuB por parte del Tribunal Constitucional y consideró "inconcebible" que no se hubiese suspendido antes a Batasuna. Destacó la importancia del paso dado por la Justicia española para evitar la participación en las elecciones municipales de miembros de la extinta Batasuna bajo otras siglas. En su opinión, el acuerdo del Constitucional es "una decisión correcta y que no le debe llamar la atención a nadie" porque, según declaró, estas listas incluían a "criminales convictos y confesos".

Vázquez manifestó su extrañeza por que no se haya tomado antes esta decisión, una circunstancia que calificó de "incomprensible", ya que, como indicó, es "público y notorio" que los miembros de Batasuna mantienen conexiones financieras, organizativas y de diverso tipo con la banda terrorista ETA. El regidor socialista valoró la participación del presidente del Gobierno, José María Aznar, en las listas del PP en Bilbao, gesto que calificó como "interesante e importante" pero, sobre todo, elogió el "compromiso con el País Vasco" de sus compañeros de partido por lograr unas listas integradas en su totalidad por vecinos de esta autonomía.

Con mayoría absoluta del Senado

La propuesta de Francisco Vázquez se basa en el artículo 155 de la Constitución Española, según el cual:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.









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