L D (EFE) Otegi acompañó en el mitin al actual alcalde de Llodio, Pablo Gorostiaga, y mostró una papeleta de AuB, lo que el PP considera "ilegal, al tratarse de una plataforma anulada por sentencia del Tribunal Constitucional". A través un comunicado, el PP vasco critica la "permisividad del Gobierno vasco hacia los actos ilegales y manifestaciones de la plataforma abertzale AuB, anulada por el TC", y agregó que el Gobierno de Ibarretxe "va a consentir que Batasuna siga incumpliendo la legalidad durante toda la campaña".
Además del mitin del lunes en Llodio, Urquijo recuerda la celebración de una manifestación del pasado sábado en Bilbao, para señalar que "la tolerancia del Gobierno vasco y del PNV hacia ETA-Batasuna pone de relieve la existencia de un pacto de Ibarretxe con Otegi" y son "actuaciones encaminadas a heredar los votos de Batasuna". Además, el parlamentario ha presentado una pregunta en la Cámara vasca al consejero vasco de Interior, Javier Balza, por los motivos por los que la Ertzaintza no impidió la realización del mitin de Llodio.
Urquijo pide aclaraciones sobre si el acto había sido comunicado a la consejería de Interior, si el mismo fue prohibido, porqué se celebró con normalidad y qué ordenes tenía la policía vasca al respecto. Asimismo, Urquijo pregunta al consejero si su Departamento ha dado traslado a la junta electoral de la zona de Amurrio del reparto de papeletas de una candidatura anulada por el Constitucional. El representante del PP ha pedido a Balza "que aclare si el Gobierno vasco va a consentir durante toda la campaña que la plataforma de AuB siga incumpliendo la legalidad y desafiando a la Justicia y las instituciones".
Si el PNV, advirtió Urquijo, sigue "negándose a aplicar el Estado de derecho y a velar por la legalidad, el PP se encargará de garantizar en el País Vasco el cumplimiento de la legalidad".
El juez Baltasar Garzón recibió este martes en su Juzgado un fax de la Junta Electoral de Zona en la que se relataba lo sucedido. Una vez enterado del hecho, el magistrado pidió un informe al fiscal Enrique Molina, quien le respondió que los hechos podían constituir un delito electoral, pero que, siendo Otegi aforado por su condición de parlamentario vasco, la investigación correspondería al TSJPV. El magistrado remitió entonces la comunicación de la Junta Electoral al tribunal vasco, que deberá decidir si abre una investigación sobre lo sucedido.
Además del mitin del lunes en Llodio, Urquijo recuerda la celebración de una manifestación del pasado sábado en Bilbao, para señalar que "la tolerancia del Gobierno vasco y del PNV hacia ETA-Batasuna pone de relieve la existencia de un pacto de Ibarretxe con Otegi" y son "actuaciones encaminadas a heredar los votos de Batasuna". Además, el parlamentario ha presentado una pregunta en la Cámara vasca al consejero vasco de Interior, Javier Balza, por los motivos por los que la Ertzaintza no impidió la realización del mitin de Llodio.
Urquijo pide aclaraciones sobre si el acto había sido comunicado a la consejería de Interior, si el mismo fue prohibido, porqué se celebró con normalidad y qué ordenes tenía la policía vasca al respecto. Asimismo, Urquijo pregunta al consejero si su Departamento ha dado traslado a la junta electoral de la zona de Amurrio del reparto de papeletas de una candidatura anulada por el Constitucional. El representante del PP ha pedido a Balza "que aclare si el Gobierno vasco va a consentir durante toda la campaña que la plataforma de AuB siga incumpliendo la legalidad y desafiando a la Justicia y las instituciones".
Si el PNV, advirtió Urquijo, sigue "negándose a aplicar el Estado de derecho y a velar por la legalidad, el PP se encargará de garantizar en el País Vasco el cumplimiento de la legalidad".
El juez Baltasar Garzón recibió este martes en su Juzgado un fax de la Junta Electoral de Zona en la que se relataba lo sucedido. Una vez enterado del hecho, el magistrado pidió un informe al fiscal Enrique Molina, quien le respondió que los hechos podían constituir un delito electoral, pero que, siendo Otegi aforado por su condición de parlamentario vasco, la investigación correspondería al TSJPV. El magistrado remitió entonces la comunicación de la Junta Electoral al tribunal vasco, que deberá decidir si abre una investigación sobre lo sucedido.