L D (EFE) En el auto notificado este viernes, el juez ordena el encarcelamiento del presidente de Udalbiltza y alcalde de Ondarroa, Loren Arkotxa, de los concejales Imanol Esnaola y Miren Josu Aranburu, del ex responsable de KAS Xabier Alegría y del profesor etarra Joseba Mikel Garmendia; y dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros al alcalde de Oyarzun, Xabier Iragorri.
La resolución afirma que estos habrían participado o colaborado "en el desarrollo de las actividades de la organización terrorista ETA-Ekin con el fin de obtener la realización del proyecto revolucionario, que constituye su esencia y que trata de conseguir la independencia de una parte del territorio español mediante la presión de la violencia terrorista" a través de Udalbiltza.
La presencia en los órganos de gestión de Udalbiltza de Alegría y Garmendia -el primero en prisión desde febrero por su relación con el clausurado diario Egunkaria y el segundo encarcelado desde abril de 2002 tras la operación contra el entramado de las "herriko tabernas"- demuestra, según el juez, "la importancia que dicha entidad asume como expresión alegal del proyecto subversivo de ETA".
En este sentido, el juez considera que, tras la suspensión de actividades de Batasuna, y con el objetivo de mantener abierto el llamado "Frente Político-Institucional", ETA "concentró su actividad en los ámbitos que hasta ese momento no habían resultado afectados por la resolución judicial": el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) y la plataforma Udalbiltza. Del primero dice, además, que es la "fórmula" que sigue utilizando Batasuna para mantener su actividad "debido a la falta de aplicación por parte de la Mesa del Parlamento vasco" de la resolución en la que acordó la suspensión de esta formación política.
En cuanto a Udalbiltza, señala que su integración en ETA está "claramente demostrada" y que, por tanto, se encuentra "fuera de la ley", lo que destaca expresamente "respecto de los terceros de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer su verdadera naturaleza".
Respecto a los imputados, Garzón afirma que Arkotxa "tiene la responsabilidad máxima en la estructura"; que Alegría es el "coordinador de diferentes áreas de Udalbiltza", tarea en la que tras su detención en febrero le sustituyeron Esnaola y Aranburu; y que Garmendia es uno de los responsables "de las actividades de financiación" de la plataforma. Este último aspecto, el de la financiación de Udalbiltza, es analizado detenidamente por el juez en el auto, en el que dice que "se deberá tener en cuenta el capítulo (...) del Código Penal sobre malversación de caudales públicos" y avanza que "deberá desarrollarse la investigación iniciada".
Según los indicios que obran en la causa, "se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-SA para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista y sus proyectos".
El porcentaje que los consistorios controlados por Batasuna destinaban a Udalbiltza con cargo al presupuesto de gastos ordinarios era inicialmente del 1%, y pasó a ser del 1,4% tras la Asamblea General que esta plataforma celebró el 15 de febrero de 2001. "En este ámbito -añade Garzón- tiene una relevancia especial Loren Arkotxa, dada su cualidad de alcalde y de máximo responsable de Udalbiltza-Kursaal y, por tanto, con posibilidad de disposición de fondos y de decisión sobre la distribución de los mismos".
La resolución afirma que estos habrían participado o colaborado "en el desarrollo de las actividades de la organización terrorista ETA-Ekin con el fin de obtener la realización del proyecto revolucionario, que constituye su esencia y que trata de conseguir la independencia de una parte del territorio español mediante la presión de la violencia terrorista" a través de Udalbiltza.
La presencia en los órganos de gestión de Udalbiltza de Alegría y Garmendia -el primero en prisión desde febrero por su relación con el clausurado diario Egunkaria y el segundo encarcelado desde abril de 2002 tras la operación contra el entramado de las "herriko tabernas"- demuestra, según el juez, "la importancia que dicha entidad asume como expresión alegal del proyecto subversivo de ETA".
En este sentido, el juez considera que, tras la suspensión de actividades de Batasuna, y con el objetivo de mantener abierto el llamado "Frente Político-Institucional", ETA "concentró su actividad en los ámbitos que hasta ese momento no habían resultado afectados por la resolución judicial": el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) y la plataforma Udalbiltza. Del primero dice, además, que es la "fórmula" que sigue utilizando Batasuna para mantener su actividad "debido a la falta de aplicación por parte de la Mesa del Parlamento vasco" de la resolución en la que acordó la suspensión de esta formación política.
En cuanto a Udalbiltza, señala que su integración en ETA está "claramente demostrada" y que, por tanto, se encuentra "fuera de la ley", lo que destaca expresamente "respecto de los terceros de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer su verdadera naturaleza".
Respecto a los imputados, Garzón afirma que Arkotxa "tiene la responsabilidad máxima en la estructura"; que Alegría es el "coordinador de diferentes áreas de Udalbiltza", tarea en la que tras su detención en febrero le sustituyeron Esnaola y Aranburu; y que Garmendia es uno de los responsables "de las actividades de financiación" de la plataforma. Este último aspecto, el de la financiación de Udalbiltza, es analizado detenidamente por el juez en el auto, en el que dice que "se deberá tener en cuenta el capítulo (...) del Código Penal sobre malversación de caudales públicos" y avanza que "deberá desarrollarse la investigación iniciada".
Según los indicios que obran en la causa, "se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-SA para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista y sus proyectos".
El porcentaje que los consistorios controlados por Batasuna destinaban a Udalbiltza con cargo al presupuesto de gastos ordinarios era inicialmente del 1%, y pasó a ser del 1,4% tras la Asamblea General que esta plataforma celebró el 15 de febrero de 2001. "En este ámbito -añade Garzón- tiene una relevancia especial Loren Arkotxa, dada su cualidad de alcalde y de máximo responsable de Udalbiltza-Kursaal y, por tanto, con posibilidad de disposición de fondos y de decisión sobre la distribución de los mismos".