L D (EFE) Durante la votación, el Pleno rechazó las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por los grupos parlamentarios del PNV, IU, CiU y Mixto, y CiU y aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia, que incorporaba doce enmiendas, pactadas por PP y PSOE, que fijan las condiciones en las que los condenados pueden acceder a los beneficios penitenciarios. Una de estas enmiendas señala que, en los casos de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales, el juez de vigilancia penitenciaria podrá conceder el tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la pena impuesta, y la libertad condicional cuando reste una octava parte. Además, para gozar de estos beneficios, el recluso tendrá que cumplir una serie de requisitos, denominados de cooperación y colaboración activa con la democracia, sobre todo cuando el penado muestre "signos inequívocos" de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autoridades.
Durante su intervención ante el Pleno, el ministro de Justicia destacó la "extraordinaria importancia" de este proyecto de ley que, según explicó, impulsa un objetivo compartido de los demócratas para dar una respuesta eficaz a la criminalidad más grave. Según Michavila, este proyecto de Ley supone "un paso más en la fortaleza del Estado de Derecho que seguirá impulsando las reformas que sean necesarias para acabar con el terrorismo". El ministro también explicó que esta ley supone ganar seguridad jurídica para que los terroristas sepan cuál es el cumplimiento de la condena y recordó que ha dialogado con quienes comparten los contenidos de la ley y con los que no lo hacen. Respecto a estos últimos, sostuvo que mantendrá siempre "la mano tendida para que busquen y sumen esfuerzos en la lucha desde el Estado del Derecho contra ETA y el terrorismo".
Desde el grupo mixto la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, opinó que es "francamente peligroso" asegurar que solo son demócratas quienes apoyan estas iniciativas, mientras que Carlos Aymerich, del BNG, dijo que la reforma es "una cadena perpetua encubierta". Margarita Uría, del PNV, indicó que su formación no comparte una reforma que "pone los beneficios penitenciarios muy caros y en determinados casos prácticamente imposibles". Luis Carlos Rejón, de IU, dijo que en estas reformas legales hay un "evidente daño" a valores constitucionales y manifestó que, en concreto, el proyecto de cumplimiento íntegro de las penas impulsa "principios preconstitucionales" y pretende instaurar en España un Derecho que "penaliza la pobreza". Para CiU, el límite máximo de 30 años de cumplimiento es suficiente, según explicó en la defensa de sus enmiendas Manuel Silva, quien se mostró también partidario de aplicar el régimen penitenciario ordinario en aquellos supuestos en los que se demuestre que el delincuente terrorista está en vías de resocialización.
El portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, dijo no compartir el argumento de algunos grupos que alegan defectos de constitucionalidad de la ley y que equiparan la reforma a una cadena perpetua, y sostuvo que el proyecto no impide la reinserción, sino que garantiza que ésta sea efectiva. López Aguilar insistió en que "tenemos la obligación de activar continuamente" medidas para intentar acabar con ETA.
Durante su intervención ante el Pleno, el ministro de Justicia destacó la "extraordinaria importancia" de este proyecto de ley que, según explicó, impulsa un objetivo compartido de los demócratas para dar una respuesta eficaz a la criminalidad más grave. Según Michavila, este proyecto de Ley supone "un paso más en la fortaleza del Estado de Derecho que seguirá impulsando las reformas que sean necesarias para acabar con el terrorismo". El ministro también explicó que esta ley supone ganar seguridad jurídica para que los terroristas sepan cuál es el cumplimiento de la condena y recordó que ha dialogado con quienes comparten los contenidos de la ley y con los que no lo hacen. Respecto a estos últimos, sostuvo que mantendrá siempre "la mano tendida para que busquen y sumen esfuerzos en la lucha desde el Estado del Derecho contra ETA y el terrorismo".
Desde el grupo mixto la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, opinó que es "francamente peligroso" asegurar que solo son demócratas quienes apoyan estas iniciativas, mientras que Carlos Aymerich, del BNG, dijo que la reforma es "una cadena perpetua encubierta". Margarita Uría, del PNV, indicó que su formación no comparte una reforma que "pone los beneficios penitenciarios muy caros y en determinados casos prácticamente imposibles". Luis Carlos Rejón, de IU, dijo que en estas reformas legales hay un "evidente daño" a valores constitucionales y manifestó que, en concreto, el proyecto de cumplimiento íntegro de las penas impulsa "principios preconstitucionales" y pretende instaurar en España un Derecho que "penaliza la pobreza". Para CiU, el límite máximo de 30 años de cumplimiento es suficiente, según explicó en la defensa de sus enmiendas Manuel Silva, quien se mostró también partidario de aplicar el régimen penitenciario ordinario en aquellos supuestos en los que se demuestre que el delincuente terrorista está en vías de resocialización.
El portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, dijo no compartir el argumento de algunos grupos que alegan defectos de constitucionalidad de la ley y que equiparan la reforma a una cadena perpetua, y sostuvo que el proyecto no impide la reinserción, sino que garantiza que ésta sea efectiva. López Aguilar insistió en que "tenemos la obligación de activar continuamente" medidas para intentar acabar con ETA.