L D (EFE) Según una nota del Ministerio de Justicia, el acuerdo se sitúa en el marco del apartado quinto del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, en el que los firmantes se comprometen a establecer una legislación penitenciaria que asegure el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas. En dicho Pacto se recoge la voluntad de incluir en la mencionada legislación las formas de reinserción de aquellos que abandonen las organizaciones terroristas y muestren actitudes inequívocas de arrepentimiento y voluntad de resocialización, tal y como establece la Constitución.
Los contenidos más relevantes del acuerdo alcanzado, que se incorporarán a través de las oportunas enmiendas en el proceso de tramitación del Proyecto Ley en el Congreso de los Diputados, se refieren al endurecimiento de las penas para quienes cometan, entre otros delitos muy graves, los de terrorismo, estableciendo nuevos límites de cumplimiento efectivo hasta los cuarenta años de prisión.
También se establecen condiciones para la revisión de condenas, entre las que se incluye la necesidad de que los condenados por delitos de terrorismo acrediten su completa desvinculación de cualquier organización terrorista, su cooperación activa con la democracia y hayan pagado las indemnizaciones a sus víctimas si así se contempla en la sentencia. Asimismo, antes de que un terrorista pueda acceder a los beneficios penitenciarios, el juez tendrá que escuchar el parecer de las distintas partes personadas en el proceso.
Además, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar la concesión del tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena impuesta y podrá acordar la concesión de la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del mencionado límite. Según la nota, los terroristas que cumplen condena actualmente podrán acceder a los beneficios penitenciarios ateniéndose a las mismas condiciones, pero sin modificar los plazos y el resto de condiciones por las que, hasta ahora, se regían las concesiones de dichos beneficios.
El acuerdo, que ha tenido en cuenta los dictámenes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, será ratificado en una reunión a celebrar en los próximos días por la comisión de Seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. El PP, el PSOE y el Gobierno “muestran su disposición a incorporar al acuerdo (...) al resto de los Grupos Parlamentarios con el fin de asegurar el mayor consenso posible para una Ley que pretende, primordialmente, mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista”.
Según la nota, el acuerdo “supone un paso más de los dados en el Pacto por las Libertades para fortalecer nuestra democracia y la firmeza en la lucha contra el terrorismo”. A la reunión asistieron el ministro de Justicia, José María Michavila; el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro y por parte del PSOE los diputados Juan Fernando López Aguilar, Alfredo Pérez Rubalcaba y Diego López Garrido.
Los contenidos más relevantes del acuerdo alcanzado, que se incorporarán a través de las oportunas enmiendas en el proceso de tramitación del Proyecto Ley en el Congreso de los Diputados, se refieren al endurecimiento de las penas para quienes cometan, entre otros delitos muy graves, los de terrorismo, estableciendo nuevos límites de cumplimiento efectivo hasta los cuarenta años de prisión.
También se establecen condiciones para la revisión de condenas, entre las que se incluye la necesidad de que los condenados por delitos de terrorismo acrediten su completa desvinculación de cualquier organización terrorista, su cooperación activa con la democracia y hayan pagado las indemnizaciones a sus víctimas si así se contempla en la sentencia. Asimismo, antes de que un terrorista pueda acceder a los beneficios penitenciarios, el juez tendrá que escuchar el parecer de las distintas partes personadas en el proceso.
Además, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar la concesión del tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena impuesta y podrá acordar la concesión de la libertad condicional cuando quede por cumplir una octava parte del mencionado límite. Según la nota, los terroristas que cumplen condena actualmente podrán acceder a los beneficios penitenciarios ateniéndose a las mismas condiciones, pero sin modificar los plazos y el resto de condiciones por las que, hasta ahora, se regían las concesiones de dichos beneficios.
El acuerdo, que ha tenido en cuenta los dictámenes del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, será ratificado en una reunión a celebrar en los próximos días por la comisión de Seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. El PP, el PSOE y el Gobierno “muestran su disposición a incorporar al acuerdo (...) al resto de los Grupos Parlamentarios con el fin de asegurar el mayor consenso posible para una Ley que pretende, primordialmente, mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista”.
Según la nota, el acuerdo “supone un paso más de los dados en el Pacto por las Libertades para fortalecer nuestra democracia y la firmeza en la lucha contra el terrorismo”. A la reunión asistieron el ministro de Justicia, José María Michavila; el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro y por parte del PSOE los diputados Juan Fernando López Aguilar, Alfredo Pérez Rubalcaba y Diego López Garrido.