L D (EFE) Tras una reunión de casi tres horas con los miembros del Foro de la Inmigración para informarles de la nueva reforma, González dijo que con esta propuesta de sanción de no retorno se equipara el trato de las personas que quieren acceder por "un puesto legal" a los que lo hacen por uno no autorizado. En el primer caso, los inmigrantes con un procedimiento de expulsión abierto tampoco podrán regresar a España por un periodo mínimo de tres años y uno máximo de diez. En ambos supuestos, los extranjeros podrán ser enviados a un centro de internamiento, previa autorización judicial.
En declaraciones a la prensa, el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería añadió que el texto del anteproyecto se ha enviado esta semana al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen, que dispondrá de un máximo de quince días para emitirlo. En función del informe, manifestó, el Gobierno "tomará la decisión que proceda a efectos de tramitación (del anteproyecto)", pero el "objetivo" es que la aprobación de la norma sea antes de acabar el próximo periodo parlamentario de sesiones (finales de año). En consecuencia, "tendremos que tener en cuenta esos plazos de tramitación para ver si será una tramitación ordinaria o por vía de urgencia para encajarlo en el calendario legislativo que tienen las Cortes".
Sobre la reunión con el Foro de la Inmigración, un órgano de consulta, información y asesoramiento del Gobierno, indicó que su objetivo fue informarle de la nueva reforma de Extranjería y "ofrecerles la posibilidad de que ahora o a lo largo de su tramitación parlamentaria presenten propuestas" para mejorar el texto. Fuentes del Foro, integrado por Administración, emigrantes y ONG, explicaron a la prensa que las preocupaciones expresadas por sus miembros se centraron en las novedades que prevé el texto en cuanto a la obligación de los transportistas a informar de sus relaciones de viajeros; el empadronamiento de inmigrantes y cómo se articulará en la práctica la obtención de los visados.
En declaraciones a la prensa, el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería añadió que el texto del anteproyecto se ha enviado esta semana al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen, que dispondrá de un máximo de quince días para emitirlo. En función del informe, manifestó, el Gobierno "tomará la decisión que proceda a efectos de tramitación (del anteproyecto)", pero el "objetivo" es que la aprobación de la norma sea antes de acabar el próximo periodo parlamentario de sesiones (finales de año). En consecuencia, "tendremos que tener en cuenta esos plazos de tramitación para ver si será una tramitación ordinaria o por vía de urgencia para encajarlo en el calendario legislativo que tienen las Cortes".
Sobre la reunión con el Foro de la Inmigración, un órgano de consulta, información y asesoramiento del Gobierno, indicó que su objetivo fue informarle de la nueva reforma de Extranjería y "ofrecerles la posibilidad de que ahora o a lo largo de su tramitación parlamentaria presenten propuestas" para mejorar el texto. Fuentes del Foro, integrado por Administración, emigrantes y ONG, explicaron a la prensa que las preocupaciones expresadas por sus miembros se centraron en las novedades que prevé el texto en cuanto a la obligación de los transportistas a informar de sus relaciones de viajeros; el empadronamiento de inmigrantes y cómo se articulará en la práctica la obtención de los visados.