LD (Agencias) El acuerdo de cooperación judicial penal entre la UE y EEUU se alcanzó por unanimidad en una reunión del Consejo de ministros de Interior europeos, reunido en Luxemburgo. El documento deberá ser ratificado en la cumbre que las partes celebrarán el próximo día 25 en Washington. El texto sobre extradición, el que más discusiones ha generado, incluye un artículo sobre la pena de muerte, uno de los puntos más polémicos. Los países europeos querían garantías de que no se aplicaría la pena capital, lo que la administración estadounidense no podía garantizar dado que es competencia de sus estados. Finalmente se establece que el país al que se demande la extradición puede imponer la condición, para concederla, de que no se aplicará la pena de muerte aunque ésta sea la sentencia pronunciada.
Otro de los asuntos polémicos era la petición de algunos países europeos, especialmente Francia, de que, en caso de que más de un país pidiera la extradición de la misma persona, fueran los miembros de la UE los que tuvieran prioridad sobre EEUU. Sin embargo, Washington se opuso frontalmente a esta petición al considerarla discriminatoria y finalmente se ha decidido que sea el país requerido el que decida a quién entregar al detenido. Los convenios serán firmados por la UE en nombre de todos los Estados miembros, lo que obvia la consulta a los Parlamentos nacionales, que reclamaba Francia y que fue otro de los asuntos que bloqueó los acuerdos en los últimos meses.
El texto sobre cooperación judicial penal intensificará la colaboración entre ambos países, especialmente en los aspectos financieros de la delincuencia. Esos convenios, que deben entrar en vigor de forma simultánea, son objetivos políticos de la UE tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU y constituirán una primera manifestación de la actuación internacional de la Unión en la cooperación judicial.
Otro de los asuntos polémicos era la petición de algunos países europeos, especialmente Francia, de que, en caso de que más de un país pidiera la extradición de la misma persona, fueran los miembros de la UE los que tuvieran prioridad sobre EEUU. Sin embargo, Washington se opuso frontalmente a esta petición al considerarla discriminatoria y finalmente se ha decidido que sea el país requerido el que decida a quién entregar al detenido. Los convenios serán firmados por la UE en nombre de todos los Estados miembros, lo que obvia la consulta a los Parlamentos nacionales, que reclamaba Francia y que fue otro de los asuntos que bloqueó los acuerdos en los últimos meses.
El texto sobre cooperación judicial penal intensificará la colaboración entre ambos países, especialmente en los aspectos financieros de la delincuencia. Esos convenios, que deben entrar en vigor de forma simultánea, son objetivos políticos de la UE tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU y constituirán una primera manifestación de la actuación internacional de la Unión en la cooperación judicial.