L D (Agencias) Tras la entrada en vigor del texto, que ha permitido la ilegalización de Batasuna y de AuB, la plataforma con la que pretendía presentarse a las elecciones del 25-M, los proetarras no podrán manejar en los 44 ayuntamientos donde gobernaban los 196 millones de euros por legislatura. Son datos que recoge un informe de la Fundación Víctimas del Terrorismo , que será publicado en el próximo número de su revista y que se basa en datos oficiales extraídos de las Estadíswticas Presupuestarias del Sector Público (Eustat).
El estudio también revela que 891 concejales “han perdido la moqueta, el despacho y el sueldo”, dado que antes de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, Batasuna tenía 56 ediles en Álava, 283 en Vizcaya y 341 en Guipúzcoa. En Navarra contaba con 211 concejales tras las elecciones de 1999. Junto a esto, el brazo político de ETA pierde también, tras el 25-M, 49 alcaldes que ejercían el control del gasto de sus consistorios, entre los que destaca el de Arrasate-Mondragón, con un presupuesto de unos 27 millones de euros anuales, Llodio, con 22 millones, Hernani (15), Tolosa (13), Pasaia (11) o Andoain, con unos 10 millones de euros.
La Fundación Víctimas del Terrorismo, que preside el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, destaca que con el paso de los meses, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi y el resto de los integrantes de la formación abertzale radical “se darán cuenta de lo que han dejado de manejar, con el consiguiente deterioro de lo que se conoce como el entramado económico financiero del conglomerado de la banda terrorista”. Pese a esto, el informe reconoce que es un “balón de oxígeno” el planteamiento del PNV y EA para “paliar el déficit de poder de Bastasuna” y que pasa por “forzar gestoras en los municipios donde ganó el voto nulo de los seguidores de Otegi”.
El estudio también revela que 891 concejales “han perdido la moqueta, el despacho y el sueldo”, dado que antes de la entrada en vigor de la Ley de Partidos, Batasuna tenía 56 ediles en Álava, 283 en Vizcaya y 341 en Guipúzcoa. En Navarra contaba con 211 concejales tras las elecciones de 1999. Junto a esto, el brazo político de ETA pierde también, tras el 25-M, 49 alcaldes que ejercían el control del gasto de sus consistorios, entre los que destaca el de Arrasate-Mondragón, con un presupuesto de unos 27 millones de euros anuales, Llodio, con 22 millones, Hernani (15), Tolosa (13), Pasaia (11) o Andoain, con unos 10 millones de euros.
La Fundación Víctimas del Terrorismo, que preside el ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, destaca que con el paso de los meses, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi y el resto de los integrantes de la formación abertzale radical “se darán cuenta de lo que han dejado de manejar, con el consiguiente deterioro de lo que se conoce como el entramado económico financiero del conglomerado de la banda terrorista”. Pese a esto, el informe reconoce que es un “balón de oxígeno” el planteamiento del PNV y EA para “paliar el déficit de poder de Bastasuna” y que pasa por “forzar gestoras en los municipios donde ganó el voto nulo de los seguidores de Otegi”.