L D (Agencias) La querella ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia, cuya titular es la juez Teresa Palacios, y en la que les acusa de defraudar 12,8 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 1997, 1998 y 1999. En su escrito, Anticorrupción asegura que los Gil "vienen endeudando ilimitadamente a la entidad sin previsión de futuro, impagando sistemáticamente sus obligaciones tributarias y abocándola a una situación de crisis financiera prácticamente irreversible". La Fiscalía añade que, "en tales condiciones, su conducta compromete la ejecución de la sentencia" que el pasado 14 de febrero condenó a Gil a tres años y seis meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y estafa, "las medidas de responsabilidad civil acordadas y, en particular, la restitución ordenada de las acciones al club".
Según Anticorrupción, "la futura venta de dichas acciones para la capitalización del Atlético resultará inviable porque su valor de mercado se habrá reducido a cero", tal y como concluyó un informe pericial presentado el pasado 23 de abril al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. El escrito termina diciendo que "como consecuencia de la gestión de los querellados, los 3.174 pequeños accionistas del Club Atlético de Madrid S.A.D. han perdido por completo el valor de su inversión". Los reproches de ministerio público a la gestión de los Gil al frente del Atlético se resumen en un listado de nueve puntos en el que se afirma que éstos "han desatendido cuantas «observaciones y recomendaciones sobre la inadecuada gestión mantenida» les han sido formuladas por los interventores".
El fiscal añade que "a pesar de la situación económica «crítica»", el gasto autorizado por Gil y su hijo "ha superado en un 82% lo presupuestado", haciendo que los fondos propios de la entidad (capital más reservas) pasaran en un año de 11 millones de euros a -40 millones y la deuda a largo y corto plazo (pasivo) se incrementara casi un 50% respecto a la temporada anterior. Además, dice que "han cedido los derechos audiovisuales de las tres próximas temporadas, han gastado todos los de la presente temporada y han comprometido con Hacienda los de la próxima", que "han desatendido los pagos corrientes del club" y que "vienen abonando con retraso reiterado (...) tanto el sueldo del personal no deportivo de la entidad" como las nóminas de algunos jugadores.
La querella continúa señalando que los Gil "han consumido, a la mitad del ejercicio, la totalidad de ingresos de la temporada" y que, "a pesar de las advertencias de los interventores", han seguido fichando jugadores "en condiciones evaluadas como infracciones de las normas tributarias" (cita los casos del defensa argentino Javier Pínola y del ex barcelonista Sergi Barjuán). Por último, la Fiscalía denuncia que Jesús y Miguel Ángel Gil "han venido financiando a la entidad mediante el impago sistemático de los impuestos devengados por su actividad mercantil, originando con ello un enorme pasivo de naturaleza fiscal que compromete el futuro de la entidad".
La querella acusa a los Gil de haber defraudado 2,6 millones de euros en el IVA del Atlético en 1998; 3 millones en el Impuesto de Sociedades del club correspondiente a la temporada 1997-98; 5,6 millones en el Impuesto de Sociedades de Promociones Futbolísticas S.A. (propiedad de Gil) también en 1998; y 1,6 millones más en las retenciones a cuenta del IRPF del Atlético en el ejercicio de 1999. La primera operación se refiere "a la forma en que los querellados realizaron la declaración o tributación" de la compra a Promociones Futbolísticas, por parte del Atlético, de cuatro "supuestos jugadores profesionales de fútbol", los famosos "negritos" por cuyo fichaje ya fue juzgado Gil, a quien ahora se piden responsabilidades por no declararlo a Hacienda. El último de los fraudes, por su parte, está relacionado con las retenciones practicadas, pero no contabilizadas, en la liquidación del contrato del entrenador Radomir Antic y de su ayudante Resad Kunovac.
Según Anticorrupción, "la futura venta de dichas acciones para la capitalización del Atlético resultará inviable porque su valor de mercado se habrá reducido a cero", tal y como concluyó un informe pericial presentado el pasado 23 de abril al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. El escrito termina diciendo que "como consecuencia de la gestión de los querellados, los 3.174 pequeños accionistas del Club Atlético de Madrid S.A.D. han perdido por completo el valor de su inversión". Los reproches de ministerio público a la gestión de los Gil al frente del Atlético se resumen en un listado de nueve puntos en el que se afirma que éstos "han desatendido cuantas «observaciones y recomendaciones sobre la inadecuada gestión mantenida» les han sido formuladas por los interventores".
El fiscal añade que "a pesar de la situación económica «crítica»", el gasto autorizado por Gil y su hijo "ha superado en un 82% lo presupuestado", haciendo que los fondos propios de la entidad (capital más reservas) pasaran en un año de 11 millones de euros a -40 millones y la deuda a largo y corto plazo (pasivo) se incrementara casi un 50% respecto a la temporada anterior. Además, dice que "han cedido los derechos audiovisuales de las tres próximas temporadas, han gastado todos los de la presente temporada y han comprometido con Hacienda los de la próxima", que "han desatendido los pagos corrientes del club" y que "vienen abonando con retraso reiterado (...) tanto el sueldo del personal no deportivo de la entidad" como las nóminas de algunos jugadores.
La querella continúa señalando que los Gil "han consumido, a la mitad del ejercicio, la totalidad de ingresos de la temporada" y que, "a pesar de las advertencias de los interventores", han seguido fichando jugadores "en condiciones evaluadas como infracciones de las normas tributarias" (cita los casos del defensa argentino Javier Pínola y del ex barcelonista Sergi Barjuán). Por último, la Fiscalía denuncia que Jesús y Miguel Ángel Gil "han venido financiando a la entidad mediante el impago sistemático de los impuestos devengados por su actividad mercantil, originando con ello un enorme pasivo de naturaleza fiscal que compromete el futuro de la entidad".
La querella acusa a los Gil de haber defraudado 2,6 millones de euros en el IVA del Atlético en 1998; 3 millones en el Impuesto de Sociedades del club correspondiente a la temporada 1997-98; 5,6 millones en el Impuesto de Sociedades de Promociones Futbolísticas S.A. (propiedad de Gil) también en 1998; y 1,6 millones más en las retenciones a cuenta del IRPF del Atlético en el ejercicio de 1999. La primera operación se refiere "a la forma en que los querellados realizaron la declaración o tributación" de la compra a Promociones Futbolísticas, por parte del Atlético, de cuatro "supuestos jugadores profesionales de fútbol", los famosos "negritos" por cuyo fichaje ya fue juzgado Gil, a quien ahora se piden responsabilidades por no declararlo a Hacienda. El último de los fraudes, por su parte, está relacionado con las retenciones practicadas, pero no contabilizadas, en la liquidación del contrato del entrenador Radomir Antic y de su ayudante Resad Kunovac.