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El Supremo confirma la absolución de los ochos acusados en el “caso BOE”

Más de diez años después, aún siguen coleando los numerosos casos de corrupción de la etapa socialista. Este martes el Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a los ocho acusados de un supuesto fraude a Hacienda superior a 775 millones de pesetas en la compra de papel por el Boletín Oficial del Estado (BOE), entre 1989 y 1991. En este caso estaba imputada la directora general del BOE, Carmen Salanueva, que falleció antes del juicio.

L D (EFE) Así lo acuerda el Tribunal Supremo en una sentencia, que rechaza el recurso presentado por el abogado del Estado contra la dictada en 2001 por la sección 23 de la Audiencia madrileña, que estimó que no estaba demostrado que se hubiese pagado un precio superior al de mercado.

El TS recuerda en su resolución que la Audiencia de Madrid declaró como hechos probados que no había quedado acreditado que las adjudicaciones se realizaran "por precio distinto del que realmente hubiera tenido en el mercado el papel suministrado en cada una de las adjudicaciones". Además, rechaza el reproche que hace el abogado del Estado a la Audiencia de no haber deducido que existió cohecho al percibir un valor económico por realizar estas adjudicaciones.

La Audiencia de Madrid absolvió en 2001 a Santiago Sánchez, que fue ingeniero de mantenimiento en el BOE; a Antonio Soroa, ex consejero delegado de Papelera Udalar; Otto Mikel Nouttamo, ex director gerente de Enso Ibérica; y a Guillermo Rafael Cervera, que creó la sociedad Toixima. También absolvió a Lorenzo Cavanillas, quien fue administrador único de Papel 6 S.A. y a Luis Sánchez Acebedo, que fue copropietario junto a Santiago Sánchez de la papelera Tecnitel.

Imputada la directora general del BOE

La Audiencia Provincial también absolvió a Gloria Nistal y a José Olmo, a quienes el fiscal reclamaba once y cinco millones de pesetas como presuntos partícipes del lucro del dinero procedente del fraude. El fiscal también acusaba a la entonces directora general del BOE, Carmen Salanueva, y al ex jefe del Departamento de Producción de este organismo Julio Fernández González, pero ambos fallecieron antes de la celebración de la vista oral.

Para la Audiencia Provincial las pericias practicadas "nos introducen como mínimo una incertidumbre que nos impide dar por probado, con la certeza que requiere una sentencia de condena, que efectivamente se hubiese pagado un precio superior al de mercado por el papel adquirido por el organismo autónomo". Según añadía, las contrataciones se llevaron a cabo por el procedimiento de contratación directa, "sin embargo no ha quedado acreditado que lo fueran ninguna de ellas por precio distinto del que realmente hubiera tenido en el mercado el papel suministrado en cada una de las adjudicaciones".

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