L D (EFE) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó el pasado 24 de junio a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente Botín y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. Botín se ha pronunciado por primera vez públicamente sobre el juicio.
El presidente del SCH ha recordado que en el momento que estalló el conflicto hubo 40.000 casos en esa línea y "después de 13 años todo el mundo ha regularizado sus cuentas y ha pagado sus impuestos. Ahora quedan 38 casos con lo que es un tema menor, absolutamente menor". Botín explicó que este caso “es algo que no me quita el sueño y al final nos darán la razón los tribunales como procede".
En este contexto, el banquero ha recalcado que la misma Audiencia ya declaró que la "actuación del Banco de Santander fue comercializar un producto absolutamente legal". Botín será juzgado, además de por delito fiscal, por falsedad documental, dado que la juez Palacios considera, en contra de la opinión de la Fiscalía y del abogado del Estado, que él y otros directivos cooperaron en la comisión de estos delitos al entregar a Hacienda "información inveraz" sobre los verdaderos inversores que adquirieron estos productos opacos al fisco, pese a que conocían "perfectamente" sus identidades.
El presidente del SCH ha recordado que en el momento que estalló el conflicto hubo 40.000 casos en esa línea y "después de 13 años todo el mundo ha regularizado sus cuentas y ha pagado sus impuestos. Ahora quedan 38 casos con lo que es un tema menor, absolutamente menor". Botín explicó que este caso “es algo que no me quita el sueño y al final nos darán la razón los tribunales como procede".
En este contexto, el banquero ha recalcado que la misma Audiencia ya declaró que la "actuación del Banco de Santander fue comercializar un producto absolutamente legal". Botín será juzgado, además de por delito fiscal, por falsedad documental, dado que la juez Palacios considera, en contra de la opinión de la Fiscalía y del abogado del Estado, que él y otros directivos cooperaron en la comisión de estos delitos al entregar a Hacienda "información inveraz" sobre los verdaderos inversores que adquirieron estos productos opacos al fisco, pese a que conocían "perfectamente" sus identidades.