(Libertad Digital) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha autorizado a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado supuestamente en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. Los magistrados también han aprobado que se juzgue a los imputados por falsedad documental, según informa EFE. El Auto concluye “que ningún reproche delictivo es imputable al Banco que se limita a favorecer a sus clientes con los huecos de la legislación fiscal”. Fuentes del banco dijeron que el presidente del SCH no se plantea dimitir de su cargo y reiteraron la "absoluta legalidad" de todas sus actuaciones en el caso de las llamadas cesiones de crédito y su pleno convencimiento de que "finalmente se archivará en su totalidad esta causa".
La Sala rechaza así los recursos presentados por las defensas, el fiscal y el abogado del Estado contra el auto de la juez Palacios que decretó el final de instrucción con la inculpación de Botín, de los ex directivos del SCH y de 138 clientes del banco que adquirieron estos productos. El Banco Santander, el fiscal y el abogado del Estado pidieron el sobreseimiento del caso al considerar que no se puede abrir juicio oral sin que haya acusaciones particulares, como ocurre en esta causa, donde sólo hay acusaciones populares: Iniciativa Per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes.
La Sala aprecia una parte de los recursos y reduce de 138 a 38 los delitos fiscales propuestos por la juez Palacios, ya que entiende que en los cometidos en 1989 se aprecia delito fiscal al cooperar en ellos con información "inveraz" y no en los cometidos en 1988. La apertura del juicio oral afectará al ex jefe de la Asesoría Jurídica, José Ignacio Uclés, al antiguo consejero, Rodrigo Echenique, y al ex jefe central contable Ricardo Alonso Clavel. El Santander no fue la única entidad a la que se abrieron inspecciones en 1990, también a “La Caixa” y Bankinter, pero sí la única en la que prosperó la investigación, al decidir en solitario no recurrir el requerimiento que le hizo la Hacienda Pública. Este hecho fue determinante para el Santander, dado que le obligó a facilitar a Hacienda un listado con los clientes que suscribieron entre 1987 y 1991 las "cesiones de crédito".
La Sala rechaza así los recursos presentados por las defensas, el fiscal y el abogado del Estado contra el auto de la juez Palacios que decretó el final de instrucción con la inculpación de Botín, de los ex directivos del SCH y de 138 clientes del banco que adquirieron estos productos. El Banco Santander, el fiscal y el abogado del Estado pidieron el sobreseimiento del caso al considerar que no se puede abrir juicio oral sin que haya acusaciones particulares, como ocurre en esta causa, donde sólo hay acusaciones populares: Iniciativa Per Catalunya y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes.
La Sala aprecia una parte de los recursos y reduce de 138 a 38 los delitos fiscales propuestos por la juez Palacios, ya que entiende que en los cometidos en 1989 se aprecia delito fiscal al cooperar en ellos con información "inveraz" y no en los cometidos en 1988. La apertura del juicio oral afectará al ex jefe de la Asesoría Jurídica, José Ignacio Uclés, al antiguo consejero, Rodrigo Echenique, y al ex jefe central contable Ricardo Alonso Clavel. El Santander no fue la única entidad a la que se abrieron inspecciones en 1990, también a “La Caixa” y Bankinter, pero sí la única en la que prosperó la investigación, al decidir en solitario no recurrir el requerimiento que le hizo la Hacienda Pública. Este hecho fue determinante para el Santander, dado que le obligó a facilitar a Hacienda un listado con los clientes que suscribieron entre 1987 y 1991 las "cesiones de crédito".