L D (Agencias) La desobediencia de Atutxa hacia el Supremo ya le ha costado una querella por parte de la Fiscalía General del Estado. Afecta también a Gorka Knorr y Conchi Bilbao, es decir, las tres patas del independentismo. Para defenderse, no han dudado en pedir a los servicios jurídicos de la Cámara que vuelvan a ponerse a su disposición. No es la primera vez. Estos servicios públicos ya se encargaron de elaborar el informe –a petición de Atutxa– sobre la disolución del grupo parlamentario de ETA, Socialistas Abertzales. Como era de esperar, calificaban el auto del Supremo de “invasión” a la autonomía del Parlamento vasco.
Argumentaba "no se respeta ni la inviolabilidad del Parlamento Vasco, constitucional y estatutariamente consagradas, ni el principio de separación de poderes al que dicha inviolabilidad sirve de instrumento". No obstante, reconocían que las sentencias y "demás resoluciones judiciales firmes son de obligado cumplimiento para todos", por lo que "en ningún caso se niega o discute una regla tan básica y consustancial al Estado de derecho". Pero también en este aspecto había matices: "cosa distinta es que se prevenga contra una interpretación unilateral, simplificada y aislada" del artículo 118 de la Constitución (el que establece la obligatoriedad de cumplir las resoluciones).
Con estos antecedentes, y aprovechando la mayoría parlamentaria que suele aportar el partido de Madrazo (también querellado por injurias al rey y al presidente del Gobierno), la Mesa del Parlamento Vasco decidió hoy, con el rechazo de PP y PSE-EE, encargar a los servicios jurídicos de la Cámara la defensa del presidente, Juan María Atutxa, y de los miembros de este órgano Gorka Knorr (EA) y Conchi Bilbao (IU/EB) ante la querella de la Fiscalía contra ellos que todavía está pendiente de admisión en el TSJPV.
Posible ayuda de Txema Montero
La decisión ha sido adoptada este jueves en una reunión no oficial de la Mesa, en la que el letrado mayor ha comunicado que no existe ningún impedimento jurídico para asumir la defensa de los querellados. El presidente, Juan María Atutxa, ya planteó esta vía de recurso a los servicios propios de la Cámara en la Mesa del pasado lunes.
La Mesa también ha acordado dejar abierta la posibilidad de reforzar la defensa de sus tres miembros implicados con servicios jurídicos ajenos a la Cámara, tal y como ha requerido Bilbao (IU/EB). La representante de IU/EB no descartó recurrir al abogado penalista Txema Montero, encargado de la defensa del consejero de Vivienda, Javier Madrazo, objeto de sendas querellas por injurias al Rey y al presidente del Gobierno, José María Aznar.
Los servicios jurídicos, “un nuevo satélite del PNV”
El acuerdo ha sido criticado por PP y PSE-EE, partidos que acusaron a los servicios jurídicos de la institución de haber perdido la "neutralidad", e incluso Manuel Huertas (PSE), avanzó que se está planteando no acudir a las reuniones de la Mesa cuando se traten asuntos relacionados con la disolución de SA. Pero para Atutxa la decisión es lógico porque se trata de una “cuestión institucional”.
Conchi Bilbao (IU/EB) se mostró convencida de que la querella contra su persona no se produce "por ser Conchi Bilbao" sino por ser un miembro de la Mesa del Parlamento y anunció que, en caso de recurrir a letrados externos, su formación política estaría dispuesta a abonar este dinero.
Pero Carmelo Barrio (PP), rechaza tales argumentaciones y recuerda que la querella está presentada en contra de tres miembros de la Mesa, "con nombres y apellidos", y no en contra de este órgano, y responsabilizó a los servicios jurídicos de haber perdido la "neutralidad y la objetividad". A su juicio, con esta decisión de la Mesa "hemos asistido al nacimiento de un nuevo satélite del PNV: los servicios jurídicos del Parlamento Vasco", al tiempo que consideró que el acuerdo supone una "nueva burla al Estado de Derecho y una cortina de humo, disfrazada de aberración parlamentaria, para seguir protegiendo a ETA en el Parlamento Vasco".
Argumentaba "no se respeta ni la inviolabilidad del Parlamento Vasco, constitucional y estatutariamente consagradas, ni el principio de separación de poderes al que dicha inviolabilidad sirve de instrumento". No obstante, reconocían que las sentencias y "demás resoluciones judiciales firmes son de obligado cumplimiento para todos", por lo que "en ningún caso se niega o discute una regla tan básica y consustancial al Estado de derecho". Pero también en este aspecto había matices: "cosa distinta es que se prevenga contra una interpretación unilateral, simplificada y aislada" del artículo 118 de la Constitución (el que establece la obligatoriedad de cumplir las resoluciones).
Con estos antecedentes, y aprovechando la mayoría parlamentaria que suele aportar el partido de Madrazo (también querellado por injurias al rey y al presidente del Gobierno), la Mesa del Parlamento Vasco decidió hoy, con el rechazo de PP y PSE-EE, encargar a los servicios jurídicos de la Cámara la defensa del presidente, Juan María Atutxa, y de los miembros de este órgano Gorka Knorr (EA) y Conchi Bilbao (IU/EB) ante la querella de la Fiscalía contra ellos que todavía está pendiente de admisión en el TSJPV.
Posible ayuda de Txema Montero
La decisión ha sido adoptada este jueves en una reunión no oficial de la Mesa, en la que el letrado mayor ha comunicado que no existe ningún impedimento jurídico para asumir la defensa de los querellados. El presidente, Juan María Atutxa, ya planteó esta vía de recurso a los servicios propios de la Cámara en la Mesa del pasado lunes.
La Mesa también ha acordado dejar abierta la posibilidad de reforzar la defensa de sus tres miembros implicados con servicios jurídicos ajenos a la Cámara, tal y como ha requerido Bilbao (IU/EB). La representante de IU/EB no descartó recurrir al abogado penalista Txema Montero, encargado de la defensa del consejero de Vivienda, Javier Madrazo, objeto de sendas querellas por injurias al Rey y al presidente del Gobierno, José María Aznar.
Los servicios jurídicos, “un nuevo satélite del PNV”
El acuerdo ha sido criticado por PP y PSE-EE, partidos que acusaron a los servicios jurídicos de la institución de haber perdido la "neutralidad", e incluso Manuel Huertas (PSE), avanzó que se está planteando no acudir a las reuniones de la Mesa cuando se traten asuntos relacionados con la disolución de SA. Pero para Atutxa la decisión es lógico porque se trata de una “cuestión institucional”.
Conchi Bilbao (IU/EB) se mostró convencida de que la querella contra su persona no se produce "por ser Conchi Bilbao" sino por ser un miembro de la Mesa del Parlamento y anunció que, en caso de recurrir a letrados externos, su formación política estaría dispuesta a abonar este dinero.
Pero Carmelo Barrio (PP), rechaza tales argumentaciones y recuerda que la querella está presentada en contra de tres miembros de la Mesa, "con nombres y apellidos", y no en contra de este órgano, y responsabilizó a los servicios jurídicos de haber perdido la "neutralidad y la objetividad". A su juicio, con esta decisión de la Mesa "hemos asistido al nacimiento de un nuevo satélite del PNV: los servicios jurídicos del Parlamento Vasco", al tiempo que consideró que el acuerdo supone una "nueva burla al Estado de Derecho y una cortina de humo, disfrazada de aberración parlamentaria, para seguir protegiendo a ETA en el Parlamento Vasco".