L D (EFE) Según el texto, al que tuvo acceso Efe, el grupo mixto propone una Comisión de Investigación al objeto de "estudiar y posteriormente evaluar las presuntas responsabilidades en el ámbito político y/o administrativo que pudieran derivarse de actuaciones urbanísticas en el ámbito de la Comunidad de Madrid de cualquier fuerza política con representación parlamentaria -PSOE, PP e IU-". También pide estudiar "las responsabilidades patrimoniales de miembros de esta Cámara por ocultación de su patrimonio o por no justificar económicamente dicho patrimonio".
El escrito señala que este objeto se distribuye en tres objetivos, el primero de ellos "investigar en profundidad todos los acuerdos urbanísticos suscritos entre el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario general de la FSM, Rafael Simancas, con la Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (AGECOVI) o cualesquiera otras, en el sentido de facilitar una bolsa de suelo en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid para la construcción de alrededor de 50.000 viviendas mediante la fórmula de gestión de cooperativas afines al PSOE e IU".
"Especialmente y de modo prioritario", pide que "se investigue la participación de las empresas en las que figuren militantes del PP, el PSOE e IU, con especial atención a las empresas vinculadas a la persona de Enrique Benedicto Mamblona, cónyuge de la diputada socialista Ruth Porta Cantoni y asimismo se profundice sobre la relación de amistad o de contenido político de ambos con alcaldes y/o concejales, especialmente delegados del área de Urbanismo y Vivienda de Ayuntamientos gobernados por el PSOE o éste en coalición con otras fuerzas políticas".
El segundo objetivo es "investigar el patrimonio del diputado Rafael Simancas, al objeto de determinar si las propiedades que posee actualmente, y a tenor de lo aparecido en diferentes medios de comunicación, entre otros la revista Época, son acordes con los ingresos que dicho diputado y su esposa (en el supuesto de que no hubieran otorgado capitulaciones matrimoniales y su régimen sea el legal de gananciales) tienen manifestados en sus declaraciones de renta y/o patrimonio".
El tercer objetivo es que "se investiguen o se pongan de relieve los datos con que contaban Rafael Simancas, Ruth Porta, Fausto Fernández y cualquier otro diputado de esta Cámara que hubiera manifestado el día 10 del pasado mes de junio que la ausencia de dos diputados pertenecientes al grupo socialista en la sesión constitutiva de la Asamblea se debiere a motivos de corrupción, compra de votos o de voluntades por parte de terceros, para sustentar estas graves acusaciones".
Añade que "en el supuesto de que se sostuvieran tales acusaciones por informaciones transmitidas por terceros, se identifique a las personas que hubieran intervenido a esos efectos".
La propuesta del grupo mixto recoge que las sesiones de la Comisión de Investigación serán "públicas" y que sus trabajos deberán finalizar antes del 31 de octubre de 2003, ampliable por acuerdo de los grupos parlamentarios. Sobre su composición, se remite al reglamento de la Cámara, aunque subraya que "se tendrá especialmente en cuenta que cada grupo parlamentario contará al menos con un representante".
Para que la Mesa de la Asamblea estuviera obligada a aceptar esta petición de Comisión de Investigación, Tamayo y Sáez deberían contar con el apoyo de dos quintas partes del parlamento madrileño, según el reglamento de la Cámara.
El escrito señala que este objeto se distribuye en tres objetivos, el primero de ellos "investigar en profundidad todos los acuerdos urbanísticos suscritos entre el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y secretario general de la FSM, Rafael Simancas, con la Asociación Nacional de Empresarios Gestores de Cooperativas y Comunidades de Viviendas (AGECOVI) o cualesquiera otras, en el sentido de facilitar una bolsa de suelo en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid para la construcción de alrededor de 50.000 viviendas mediante la fórmula de gestión de cooperativas afines al PSOE e IU".
"Especialmente y de modo prioritario", pide que "se investigue la participación de las empresas en las que figuren militantes del PP, el PSOE e IU, con especial atención a las empresas vinculadas a la persona de Enrique Benedicto Mamblona, cónyuge de la diputada socialista Ruth Porta Cantoni y asimismo se profundice sobre la relación de amistad o de contenido político de ambos con alcaldes y/o concejales, especialmente delegados del área de Urbanismo y Vivienda de Ayuntamientos gobernados por el PSOE o éste en coalición con otras fuerzas políticas".
El segundo objetivo es "investigar el patrimonio del diputado Rafael Simancas, al objeto de determinar si las propiedades que posee actualmente, y a tenor de lo aparecido en diferentes medios de comunicación, entre otros la revista Época, son acordes con los ingresos que dicho diputado y su esposa (en el supuesto de que no hubieran otorgado capitulaciones matrimoniales y su régimen sea el legal de gananciales) tienen manifestados en sus declaraciones de renta y/o patrimonio".
El tercer objetivo es que "se investiguen o se pongan de relieve los datos con que contaban Rafael Simancas, Ruth Porta, Fausto Fernández y cualquier otro diputado de esta Cámara que hubiera manifestado el día 10 del pasado mes de junio que la ausencia de dos diputados pertenecientes al grupo socialista en la sesión constitutiva de la Asamblea se debiere a motivos de corrupción, compra de votos o de voluntades por parte de terceros, para sustentar estas graves acusaciones".
Añade que "en el supuesto de que se sostuvieran tales acusaciones por informaciones transmitidas por terceros, se identifique a las personas que hubieran intervenido a esos efectos".
La propuesta del grupo mixto recoge que las sesiones de la Comisión de Investigación serán "públicas" y que sus trabajos deberán finalizar antes del 31 de octubre de 2003, ampliable por acuerdo de los grupos parlamentarios. Sobre su composición, se remite al reglamento de la Cámara, aunque subraya que "se tendrá especialmente en cuenta que cada grupo parlamentario contará al menos con un representante".
Para que la Mesa de la Asamblea estuviera obligada a aceptar esta petición de Comisión de Investigación, Tamayo y Sáez deberían contar con el apoyo de dos quintas partes del parlamento madrileño, según el reglamento de la Cámara.