L D (EFE) Ese mismo año, en el mes de julio, el magistrado decretó la suspensión de las actividades de las empresas editoriales Orain, Ardatza y Hernani Inprimategia y de sus locales y establecimientos, lo que supuso la clausura del diario "Egin" y de la emisora "Egin Irratia". Ahora, la sucesión de empresas ha obligado a la Tesorería de la Seguridad Social a endosar delas deudas de estas empresas a a EKHE-Gara, que deberán hacer efectivos 5,1 millones de euros en los próximos quince días. También en 1998, el 20 de noviembre, Garzón acordó declarar la ilicitud del supuesto aparato político de ETA, la Koordinadora Abertzale Sozialista, KAS, "como parte integrante de la misma organización terrorista que ETA encabeza".
En esa misma resolución se procesaba a veintiséis personas por la relación de "Egin" con ETA y se elevaba una exposición al Tribunal Supremo para que éste decidiera qué órgano era el competente para seguir investigando, dado que dos de los imputados, José Antonio Etxeberria y Pablo Gorostiaga, habían sido elegidos diputados en el Parlamento Vasco por Euskal Herritarrok (EH). Gorostiaga y Etxeberria fueron procesados el 11 de julio de 2001, una vez perdida la condición de aforados.
El 29 de marzo de 1999, el juez procesó por colaboración con banda armada al periodista Pepe Rei, que de jefe del equipo de investigación de "Egin" había pasado a dirigir la revista "Ardi Beltza", desde la que se fijaban objetivos terroristas para ETA. Esos objetivos eran elegidos entre miembros del PNV, PP, PSOE y Unidad Alavesa, la Ertzaintza, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, la judicatura, los empresarios y "personas notables". Dos años después, el 29 de marzo de 2001, Garzón amplió el procesamiento de Rei como presunto autor de un delito de integración en organización terrorista.
Previamente, el 7 de agosto de 2000, el magistrado había procesado a dieciséis personas por su pertenencia al aparato internacional de ETA, "XAKI", entre ellos a los miembros o ex miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) José María Olarra, Gorka Martínez y Jokin Gorostidi. Tres meses después, el 22 de noviembre, el juez llevó sus investigaciones hasta la coordinadora de alfabetización en euskera AEK, decretó la administración judicial de ésta y de su sociedad instrumental Galgaraka e imputó a diecinueve miembros de éstas por pertenencia o colaboración con ETA, fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.
Garzón, sin embargo, terminó inhibiéndose de esta última pieza y remitiéndola al País Vasco, al considerar que los supuestos delitos "debían ser valorados en el ámbito jurisdiccional que por territorio les correspondiese, en este caso los juzgados de instrucción de Bilbao". El año 2001 se inició con la declaración, el 4 de febrero, de la ilicitud de EKIN, a la que estima sustituta de la ilegalizada KAS y, como ésta, "parte integrante de la misma organización terrorista ETA". A la pieza en la que se investigaba EKIN se habían añadido pocos meses antes las diligencias relacionadas con la Fundación "Joxemi Zumalabe", cuyos dirigentes pretendían la creación de un D.N.I. y un Registro Civil sustitutorios, para contribuir a la conformación de un "Estado paralelo" en el País Vasco y Navarra.
El pasado 31 de julio, el juez procesó por pertenencia o colaboración con ETA a 31 miembros de EKIN y pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que investigara a los parlamentarios de EH José Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera, huido de la Justicia y jefe de ETA que ordenó la masacre de la Casa Cuartel de Zaragoza) y Jon Salaberria, a los que identificaba como máximos responsables del denominado "núcleo nacional" de EKIN. Por último, la investigación de este sumario también ha permitido determinar que el máximo responsable del aparato político de ETA desde 1993 es Mikel Albizu Iriarte, "Mikel Antza", contra quien el magistrado dictó una orden internacional de busca y captura.
En esa misma resolución se procesaba a veintiséis personas por la relación de "Egin" con ETA y se elevaba una exposición al Tribunal Supremo para que éste decidiera qué órgano era el competente para seguir investigando, dado que dos de los imputados, José Antonio Etxeberria y Pablo Gorostiaga, habían sido elegidos diputados en el Parlamento Vasco por Euskal Herritarrok (EH). Gorostiaga y Etxeberria fueron procesados el 11 de julio de 2001, una vez perdida la condición de aforados.
El 29 de marzo de 1999, el juez procesó por colaboración con banda armada al periodista Pepe Rei, que de jefe del equipo de investigación de "Egin" había pasado a dirigir la revista "Ardi Beltza", desde la que se fijaban objetivos terroristas para ETA. Esos objetivos eran elegidos entre miembros del PNV, PP, PSOE y Unidad Alavesa, la Ertzaintza, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército, la judicatura, los empresarios y "personas notables". Dos años después, el 29 de marzo de 2001, Garzón amplió el procesamiento de Rei como presunto autor de un delito de integración en organización terrorista.
Previamente, el 7 de agosto de 2000, el magistrado había procesado a dieciséis personas por su pertenencia al aparato internacional de ETA, "XAKI", entre ellos a los miembros o ex miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) José María Olarra, Gorka Martínez y Jokin Gorostidi. Tres meses después, el 22 de noviembre, el juez llevó sus investigaciones hasta la coordinadora de alfabetización en euskera AEK, decretó la administración judicial de ésta y de su sociedad instrumental Galgaraka e imputó a diecinueve miembros de éstas por pertenencia o colaboración con ETA, fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.
Garzón, sin embargo, terminó inhibiéndose de esta última pieza y remitiéndola al País Vasco, al considerar que los supuestos delitos "debían ser valorados en el ámbito jurisdiccional que por territorio les correspondiese, en este caso los juzgados de instrucción de Bilbao". El año 2001 se inició con la declaración, el 4 de febrero, de la ilicitud de EKIN, a la que estima sustituta de la ilegalizada KAS y, como ésta, "parte integrante de la misma organización terrorista ETA". A la pieza en la que se investigaba EKIN se habían añadido pocos meses antes las diligencias relacionadas con la Fundación "Joxemi Zumalabe", cuyos dirigentes pretendían la creación de un D.N.I. y un Registro Civil sustitutorios, para contribuir a la conformación de un "Estado paralelo" en el País Vasco y Navarra.
El pasado 31 de julio, el juez procesó por pertenencia o colaboración con ETA a 31 miembros de EKIN y pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que investigara a los parlamentarios de EH José Antonio Urrutikoetxea (Josu Ternera, huido de la Justicia y jefe de ETA que ordenó la masacre de la Casa Cuartel de Zaragoza) y Jon Salaberria, a los que identificaba como máximos responsables del denominado "núcleo nacional" de EKIN. Por último, la investigación de este sumario también ha permitido determinar que el máximo responsable del aparato político de ETA desde 1993 es Mikel Albizu Iriarte, "Mikel Antza", contra quien el magistrado dictó una orden internacional de busca y captura.