(Libertad Digital) Uno de los mayores escándalos judiciales en España fue sin duda el conocido caso del “Narco Volador”. La historia –es necesario recordarlo– estuvo plagada de irregularidades que dieron como resultado la fuga de uno de los narcotraficantes más peligrosos de Europa. Hubo informes psiquiátricos de dudosa procedencia, sobres con dinero en diversas monedas escondidos en dobles fondos de armario, entrevistas a medianoche entre la esposa del narco y uno de los jueces del caso y hasta llamadas telefónicas de otro magistrado al ya fugado para convencerle de que volviera.
Pero en medio de todo, los tres jueces de la sección cuarta de la Audiencia Nacional –Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega– se vieron sorprendentemente arropados por el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar y los compañeros de la asociación Jueces para la Democracia. Llegó a plantearse una colecta para resarcir a los jueces de la pérdida de una parte de sus sueldo por dejar escapar al delincuente. Quedan en la memoria las imágenes del abrazo de Dívar a Cezón en medio de los aplausos corporativistas de los compañeros que salieron a esperar al trío en las escaleras del Tribunal. Algunos hasta suspendieron vistas para rendir el homenaje.
Por Anticorrupción, contra Cardenal
Este mismo grupo de jueces apuesta ahora con el mismo empeño para que se evite la desaparición de la Fiscalía Anticorrupción, inventada por Felipe González y dirigida en funciones por Carlos Jiménez Villarejo. Y no es casual. Tanto en el caso Narco Volador como ahora, el verdadero motivo es el ataque al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. Cuando se abrió el proceso contra los jueces del Temple (por entonces ya suspendidos), Carlos Dívar sostenía que habían obrado de forma “honesta” y que le “dolía” lo que estaban pasando.
Pero fue más allá. Cuando aun no había sido admitida a trámite la querella por prevaricación, lanzó una sugerencia que el propio Cardenal consideró inconcebible: “Yo no sé si esta situación –sostuvo Dívar– es un escarmiento y quien quiere producirlo”. Y en este mismo sentido, la asociación Jueces para la Democracia opinó que “al hilo de esta preocupación (...) se están introduciendo hechos, actitudes y opiniones que pueden estar aprovechando lo sucedido para otros fines distintos de la búsqueda de la trasparencia”. Se referían a Rajoy, de quien decían que “presenta a los jueces como un obstáculo a la labor policial”.
La presión para que Anticorrupción no desaparezca pese a la probada ineficacia de sus actuaciones llega ahora desde los mismos grupos y contra la reflexión de Cardenal. Las excusas son variopintas. Carlos Dívar sostiene que el desarrollo económico en España y en Europa "ha generado delitos importantes de corrupción económica y de estafa, y necesitamos instrumentos para hacerlos frente".
Jueces para la Democracia (JpD) cree que se pide la supresión de la Fiscalía Anticorrupción porque "ha puesto en evidencia numerosos casos en que responsables políticos, algunos pertenecientes al partido gobernante, han incurrido en prácticas dignas, cuanto menos, de investigación". A través de una nota de prensa, esta asociación agrega que Cardenal al hacer esta propuesta "responde sólo a una directriz partidista que se ha marcado desde el PP: En España, bajo su gobierno, no hay corrupción".
Por si fuera poco, agregan que la insinuación de suprimir esta Fiscalía "evidencia que hoy en día para el fiscal general su tarea no es velar por el cumplimento de la legalidad y garantizar a los ciudadanos su salvaguarda, como le ordena la Constitución, sino ocultar la realidad de los evidentes indicios de corrupción que se han detectado últimamente y apartar a todo fiscal díscolo que tenga la osadía de querer hacer bien su trabajo, aunque afecte a miembros de determinados partidos políticos".
Michavila critica a Villarejo pero no se plantea suprimir la Fiscalía
El ministro de Justicia, José María Michavila dice que el Gobierno no se ha planteado la posibilidad de suprimir la Fiscalía Anticorrupción, sino que ha tratado, mediante la reforma del Estatuto Fiscal, de introducir "un principio democrático" como es la renovación de los fiscales, pese a que "a alguien que se crea imprescindible le incomode".
Explica el minsitro que "acabamos de hacer una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para dotarle de mayor agilidad, para modernizarlo". Respecto a las reflexiones de Cardenal, zanja: "Esa es la reforma que hemos hecho y en consecuencia no se ha planteado otra reforma". En lo mismos términos se expreso el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.
Pero en medio de todo, los tres jueces de la sección cuarta de la Audiencia Nacional –Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega– se vieron sorprendentemente arropados por el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar y los compañeros de la asociación Jueces para la Democracia. Llegó a plantearse una colecta para resarcir a los jueces de la pérdida de una parte de sus sueldo por dejar escapar al delincuente. Quedan en la memoria las imágenes del abrazo de Dívar a Cezón en medio de los aplausos corporativistas de los compañeros que salieron a esperar al trío en las escaleras del Tribunal. Algunos hasta suspendieron vistas para rendir el homenaje.
Por Anticorrupción, contra Cardenal
Este mismo grupo de jueces apuesta ahora con el mismo empeño para que se evite la desaparición de la Fiscalía Anticorrupción, inventada por Felipe González y dirigida en funciones por Carlos Jiménez Villarejo. Y no es casual. Tanto en el caso Narco Volador como ahora, el verdadero motivo es el ataque al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal. Cuando se abrió el proceso contra los jueces del Temple (por entonces ya suspendidos), Carlos Dívar sostenía que habían obrado de forma “honesta” y que le “dolía” lo que estaban pasando.
Pero fue más allá. Cuando aun no había sido admitida a trámite la querella por prevaricación, lanzó una sugerencia que el propio Cardenal consideró inconcebible: “Yo no sé si esta situación –sostuvo Dívar– es un escarmiento y quien quiere producirlo”. Y en este mismo sentido, la asociación Jueces para la Democracia opinó que “al hilo de esta preocupación (...) se están introduciendo hechos, actitudes y opiniones que pueden estar aprovechando lo sucedido para otros fines distintos de la búsqueda de la trasparencia”. Se referían a Rajoy, de quien decían que “presenta a los jueces como un obstáculo a la labor policial”.
La presión para que Anticorrupción no desaparezca pese a la probada ineficacia de sus actuaciones llega ahora desde los mismos grupos y contra la reflexión de Cardenal. Las excusas son variopintas. Carlos Dívar sostiene que el desarrollo económico en España y en Europa "ha generado delitos importantes de corrupción económica y de estafa, y necesitamos instrumentos para hacerlos frente".
Jueces para la Democracia (JpD) cree que se pide la supresión de la Fiscalía Anticorrupción porque "ha puesto en evidencia numerosos casos en que responsables políticos, algunos pertenecientes al partido gobernante, han incurrido en prácticas dignas, cuanto menos, de investigación". A través de una nota de prensa, esta asociación agrega que Cardenal al hacer esta propuesta "responde sólo a una directriz partidista que se ha marcado desde el PP: En España, bajo su gobierno, no hay corrupción".
Por si fuera poco, agregan que la insinuación de suprimir esta Fiscalía "evidencia que hoy en día para el fiscal general su tarea no es velar por el cumplimento de la legalidad y garantizar a los ciudadanos su salvaguarda, como le ordena la Constitución, sino ocultar la realidad de los evidentes indicios de corrupción que se han detectado últimamente y apartar a todo fiscal díscolo que tenga la osadía de querer hacer bien su trabajo, aunque afecte a miembros de determinados partidos políticos".
Michavila critica a Villarejo pero no se plantea suprimir la Fiscalía
El ministro de Justicia, José María Michavila dice que el Gobierno no se ha planteado la posibilidad de suprimir la Fiscalía Anticorrupción, sino que ha tratado, mediante la reforma del Estatuto Fiscal, de introducir "un principio democrático" como es la renovación de los fiscales, pese a que "a alguien que se crea imprescindible le incomode".
Explica el minsitro que "acabamos de hacer una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para dotarle de mayor agilidad, para modernizarlo". Respecto a las reflexiones de Cardenal, zanja: "Esa es la reforma que hemos hecho y en consecuencia no se ha planteado otra reforma". En lo mismos términos se expreso el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.