L D (EFE) LoS dieciséis magistrados que componen la Sala del artículo 61 se reunieron durante más de dos horas para estudiar el texto remitido por el Parlamento vasco. Un escrito en el que la Cámara planteaba su “imposibilidad legal” de disolver el grupo SA, sucesor de Batasuna.
En una nota remitida a los medios de comunicación al término de la reunión, se informó de que la Sala acordó una providencia por la que, "antes de proveer" sobre el contenido del escrito remitido por el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, se da traslado del mismo a las parte personadas para que, en un plazo de quince días comunes, "aleguen lo que a su derecho convenga". El Supremo solicita que se pronuncien "en particular respecto de la posible nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones adoptadas por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento vasco con la finalidad de eludir el cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala en sus autos de ejecución de fechas de 20 de mayo y de 18 de junio del corriente año".
Asimismo, la Sala Especial ha dictado por unanimidad un auto en el que acuerda "desestimar el incidente de ejecución formulado por Eduardo Nancisidor Alcaraz, letrado mayor y secretario general del Parlamento Vasco, respecto del auto de este Tribunal de 18 de junio de 2003, manteniendo por tanto íntegros todos sus pronunciamientos". El Supremo desestima así la respuesta que el letrado mayor de la Cámara les remitió en la que afirmaba que no entra dentro de sus funciones ejecutar las medidas que el Tribunal Supremo le requería, como prohibir a SA el uso del local y de los medios materiales que le corresponde como grupo parlamentario.
En este contexto, el TS le ordena ahora que informe a la Sala "en término de quince días, a partir de la recepción del presente auto", sobre las medidas que adopte en cumplimiento de la decisión acordada el pasado 18 de junio. En el citado auto la Sala Especial del Supremo ordenó el embargo de las subvenciones de SA y saldos de las cuentas corrientes del citado grupo y solicitaba a Atutxa que impidiera "bajo su responsabilidad personal la presencia del grupo en la vida parlamentaria".
Asimismo, pedía al presidente del Parlamento vasco y a su letrado mayor y secretario general que de inmediato adoptaran las medidas necesarias para retirar al grupo disuelto del disfrute de cuantos locales y medios materiales le fueron asignados. Ante este auto, la Mesa del Parlamento vasco se ratificó en "la imposibilidad legal" de cumplir las medidas exigidas por el TS en relación con la disolución del grupo, si bien informó de que evitaría pagar los 30.000 euros de subvención mensual que recibía SA, tal y como ordenaba el Alto Tribunal.
En una nota remitida a los medios de comunicación al término de la reunión, se informó de que la Sala acordó una providencia por la que, "antes de proveer" sobre el contenido del escrito remitido por el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, se da traslado del mismo a las parte personadas para que, en un plazo de quince días comunes, "aleguen lo que a su derecho convenga". El Supremo solicita que se pronuncien "en particular respecto de la posible nulidad de pleno derecho de los actos y disposiciones adoptadas por la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento vasco con la finalidad de eludir el cumplimiento de lo dispuesto por esta Sala en sus autos de ejecución de fechas de 20 de mayo y de 18 de junio del corriente año".
Asimismo, la Sala Especial ha dictado por unanimidad un auto en el que acuerda "desestimar el incidente de ejecución formulado por Eduardo Nancisidor Alcaraz, letrado mayor y secretario general del Parlamento Vasco, respecto del auto de este Tribunal de 18 de junio de 2003, manteniendo por tanto íntegros todos sus pronunciamientos". El Supremo desestima así la respuesta que el letrado mayor de la Cámara les remitió en la que afirmaba que no entra dentro de sus funciones ejecutar las medidas que el Tribunal Supremo le requería, como prohibir a SA el uso del local y de los medios materiales que le corresponde como grupo parlamentario.
En este contexto, el TS le ordena ahora que informe a la Sala "en término de quince días, a partir de la recepción del presente auto", sobre las medidas que adopte en cumplimiento de la decisión acordada el pasado 18 de junio. En el citado auto la Sala Especial del Supremo ordenó el embargo de las subvenciones de SA y saldos de las cuentas corrientes del citado grupo y solicitaba a Atutxa que impidiera "bajo su responsabilidad personal la presencia del grupo en la vida parlamentaria".
Asimismo, pedía al presidente del Parlamento vasco y a su letrado mayor y secretario general que de inmediato adoptaran las medidas necesarias para retirar al grupo disuelto del disfrute de cuantos locales y medios materiales le fueron asignados. Ante este auto, la Mesa del Parlamento vasco se ratificó en "la imposibilidad legal" de cumplir las medidas exigidas por el TS en relación con la disolución del grupo, si bien informó de que evitaría pagar los 30.000 euros de subvención mensual que recibía SA, tal y como ordenaba el Alto Tribunal.