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Kirchner deroga la ley que impedía extraditar a ex militares argentinos reclamados en otros países

El presidente de Argentina ha derogado este viernes un decreto que desde el año 2001 impedía extraditar a los argentinos reclamados por jueces de otros países por delitos contra los derechos humanos, es decir, que impedía que los implicados en los crímenes de la dictadura fueran juzgados en otro país. De esta manera se abren las puertas para la extradición a España de los 46 argentinos reclamados por Garzon.

L D (Agencias) El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, anunció en una rueda de prensa la decisión de Kirchner, que este viernes mismo regresó de un viaje oficial a Estados Unidos. La derogación del decreto abre las puertas para la posible extradición de los 45 militares y un civil que el juez español Baltasar Garzón quiere juzgar por genocidio, terrorismo de Estado y torturas. La decisión de anular el decreto fue tomada por Kirchner un día después de que el magistrado local Rodolfo Canicoba Corral ordenase la captura de los 46 ex jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983) acusados en España de delitos de lesa humanidad.

Algunos de los requeridos se han presentado ante la justicia y quedaron detenidos, mientras que otros ya se encontraban bajo arresto por causas vinculadas con violaciones de los derechos humanos que tramitan jueces argentinos. En tanto, el ex integrante de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, que también integra la lista de acusados por Garzón, intentó suicidarse en la noche del jueves y este viernes permanecía grave estado en un hospital de Buenos Aires. Beliz explicó que el decreto derogado por Kirchner, que había sido dictado a finales de 2001 por el entonces presidente argentino, Fernando de la Rúa, "era inconveniente porque vulneraba tanto la ley de extradiciones argentinas como el tratado bilateral con España". "Se había creado un estatus especial que no era admisible en un estado de derecho", dijo el ministro, quien agregó que el Ejecutivo argentino pretende que "la justicia desarrolle su actividad con independencia". El canciller Rafael Bielsa indicó a su vez que Kirchner resolvió "retornar a un sistema que no distingue entre tipos de delitos y al principio de igualdad ante la ley".


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