L D (EFE) Así se manifestaron los consejeros de varias de estas comunidades tras participar en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en la que el Ministerio de Trabajo dio a conocer a los representantes autonómicos su proyecto. El nuevo sistema de Formación Continua es consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional que, en abril de 2002, obligó a rehacer la legislación en esta materia para dar mayor protagonismo a las comunidades autónomas. El proyecto del Ministerio prevé que las acciones de formación continua sean gestionadas por las propias empresas y se complementen con una "oferta formativa" gestionada a nivel estatal a través del INEM. De esta forma se intenta evitar los fraudes masivos que se han venido registrando con la gestión de sindicatos y patronal.
Además, el proyecto incluye la participación de las CCAA en una Comisión Estatal de Formación Continua que las comunidades socialistas y nacionalistas consideran insuficiente y no adecuado a las indicaciones que dio en su sentencia el TC. El consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera (PSOE), dijo que el Real Decreto que prepara el Gobierno muestra su "falta de sensibilidad" hacia las Comunidades Autónomas porque las mantiene "alejadas absolutamente del poder ejecutivo" en materia de formación para el empleo. Adelantó que su gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto "si no "hay un cambio por parte del Ministerio de Trabajo". En la misma línea se expresó el consejero extremeño, Manuel Amigo (PSOE), que intentó ser el más ingenioso en sus declaraciones. Así, la mano derecha de Ibarra en Economía calificó de Conferencia Sectorial de "paseo militar" y dijo que "con Franco era más barato por que nos ahorrábamos el viaje".
Por parte del ejecutivo castellano-manchego, el consejero de Industria y Trabajo, José Alberto Saiz (PSOE), manifestó su "desacuerdo total" y anunció su intención de "presentar un recurso" ante el Tribunal Constitucional. La Generalitat de Cataluña, cuyo recurso originó la sentencia del Constitucional que ha obligado a rehacer la legislación sobre este asunto, también se plantea llevar el nuevo proyecto ante ese tribunal. También el ejecutivo vasco entiende que el modelo del Gobierno es "centralista", no cumple los requisitos impuestos por el Tribunal Constitucional y no será "eficaz" en especial para las pequeñas empresas, según dijo el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Iñaki Zabala. Por el contrario, los representantes de las comunidades gobernadas por el PP mostraron su conformidad con el proyecto.
Además, el proyecto incluye la participación de las CCAA en una Comisión Estatal de Formación Continua que las comunidades socialistas y nacionalistas consideran insuficiente y no adecuado a las indicaciones que dio en su sentencia el TC. El consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera (PSOE), dijo que el Real Decreto que prepara el Gobierno muestra su "falta de sensibilidad" hacia las Comunidades Autónomas porque las mantiene "alejadas absolutamente del poder ejecutivo" en materia de formación para el empleo. Adelantó que su gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto "si no "hay un cambio por parte del Ministerio de Trabajo". En la misma línea se expresó el consejero extremeño, Manuel Amigo (PSOE), que intentó ser el más ingenioso en sus declaraciones. Así, la mano derecha de Ibarra en Economía calificó de Conferencia Sectorial de "paseo militar" y dijo que "con Franco era más barato por que nos ahorrábamos el viaje".
Por parte del ejecutivo castellano-manchego, el consejero de Industria y Trabajo, José Alberto Saiz (PSOE), manifestó su "desacuerdo total" y anunció su intención de "presentar un recurso" ante el Tribunal Constitucional. La Generalitat de Cataluña, cuyo recurso originó la sentencia del Constitucional que ha obligado a rehacer la legislación sobre este asunto, también se plantea llevar el nuevo proyecto ante ese tribunal. También el ejecutivo vasco entiende que el modelo del Gobierno es "centralista", no cumple los requisitos impuestos por el Tribunal Constitucional y no será "eficaz" en especial para las pequeñas empresas, según dijo el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Iñaki Zabala. Por el contrario, los representantes de las comunidades gobernadas por el PP mostraron su conformidad con el proyecto.