LD (Agencias) Los parlamentarios británicos miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores ha emitido un informe en el que considera erróneo e imposible de ejecutar, un posible acuerdo de soberanía compartida entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar. “En nuestra opinión, el Gobierno (británico) debería reconocer explícitamente que el acuerdo está muerto y organizar un entierro rápido”, afirman los parlamentarios. En cambio, el texto recomienda a Londres que "retire la inaceptable propuesta de soberanía compartida", que está en proceso de negociación entre los dos países y se concentre en “promover relaciones normales y de colaboración” entre las autoridades de Madrid y del Peñón, “como debería ser entre países miembros de la Unión Europea y sus territorios dependientes”.
El doce de julio de 2002, el ministro británico de Exteriores, Jack Straw, dijo en la Cámara de los Comunes que “el Reino Unido y España deben compartir la soberanía de Gibraltar”, una declaración de pacto sin precedentes en trescientos años de disputa. Los dos Estados llevaban desde julio de 2001 negociando para lograr un acuerdo, tras un paréntesis en el llamado “proceso de Bruselas”, iniciado en 1984 para resolver el asunto, y aquella afirmación permitía augurar un final. Pero el 27 de septiembre de 2002 tuvo lugar la última reunión hasta la fecha entre Straw y la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, aunque después ha habido contactos entre sus delegados.
Los diputados también muestran su preocupación por una supuesta oposición de España a que los gibraltareños voten en las elecciones al Parlamento Europeo. Según un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos de 1999, el Reino unido debe permitir a sus ciudadanos del Peñón participar en esos comicios, señalan los parlamentarios. Pero, según el informe, Madrid ha objetado frente a la Corte de Justicia Europea. Los diputados piden que se aclaren los motivos de esa objeción y advierten que puede ser tomada “como un intento de interferir en el proceso democrático”. España argumentó en su denuncia, ante la Comisión Europea, que la ley electoral británica, aprobada el pasado ocho de mayo, es contraria al derecho comunitario porque permite la participación en las elecciones europeas de ciudadanos no comunitarios.
El doce de julio de 2002, el ministro británico de Exteriores, Jack Straw, dijo en la Cámara de los Comunes que “el Reino Unido y España deben compartir la soberanía de Gibraltar”, una declaración de pacto sin precedentes en trescientos años de disputa. Los dos Estados llevaban desde julio de 2001 negociando para lograr un acuerdo, tras un paréntesis en el llamado “proceso de Bruselas”, iniciado en 1984 para resolver el asunto, y aquella afirmación permitía augurar un final. Pero el 27 de septiembre de 2002 tuvo lugar la última reunión hasta la fecha entre Straw y la ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, aunque después ha habido contactos entre sus delegados.
Los diputados también muestran su preocupación por una supuesta oposición de España a que los gibraltareños voten en las elecciones al Parlamento Europeo. Según un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos de 1999, el Reino unido debe permitir a sus ciudadanos del Peñón participar en esos comicios, señalan los parlamentarios. Pero, según el informe, Madrid ha objetado frente a la Corte de Justicia Europea. Los diputados piden que se aclaren los motivos de esa objeción y advierten que puede ser tomada “como un intento de interferir en el proceso democrático”. España argumentó en su denuncia, ante la Comisión Europea, que la ley electoral británica, aprobada el pasado ocho de mayo, es contraria al derecho comunitario porque permite la participación en las elecciones europeas de ciudadanos no comunitarios.