El Congreso aprueba la orden de protección para las víctimas de malos tratos
El Congreso aprobó este miércoles por unanimidad la proposición de ley que regula la Orden de Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica, que entrará en vigor en un plazo máximo de siete días, aunque los jueces no podrán aplicar todas las medidas penales que prevé hasta aprobarse las reformas del Código Penal y de la prisión provisional.
L D (EFE) Por 272 votos a favor, el Pleno extraordinario convocado con este único punto del día dio luz verde al nuevo mecanismo legal para asegurar una protección eficaz, coordinada y rápida a las víctimas de maltrato, tanto en los ámbitos penal como civil, y cuya entrada en vigor será un día después de su publicación en el BOE (que posee un plazo máximo de siete días para hacerlo).
Durante su intervención en el Pleno, el ministro de Justicia, José María Michavila, pidió a los grupos parlamentarios que el consenso alcanzado en la Orden de Protección se renueve en las próximas reformas del Código Penal y de la reforma de la prisión provisional, que ya han iniciado su tramitación en el Parlamento. Hasta la aprobación definitiva de esas reformas, el juez no podrá aplicar algunas de las medidas penales contempladas en la Orden, como dictar ingreso en prisión si hay un quebrantamiento del alejamiento por parte del agresor o que la primera lesión producida en el ámbito doméstico tenga consideración de delito.
El diputado del Grupo Mixto (BNG) Carlos Aymerich adelantó que el apoyo de su partido a la Orden de Protección no le compromete a hacerlo en la reforma del Código Penal y de la prisión provisional, y señaló que sólo algunos aspectos concretos lo obtendrán. La diputada del PNV, Margarita Uría, que introdujo una enmienda para corregir un error en la designación del Registro estatal donde se inscribirán las medidas cautelares de violencia doméstica adoptadas por la Justicia, mostró su disgusto por la "trifulca política" entre el PP y PSOE en el tramo final de la tramitación de la Orden.
Por su parte, la diputada de IU Marisa Castro denunció que el Gobierno "no incluye entre sus prioridades la lucha contra la violencia doméstica", como demuestra el hecho -aseguró- que se haya tenido que convocar un pleno extraordinario para aprobar la Orden de protección, en vez de introducirlo en uno de los Plenos precedentes. En coincidencia con la diputada socialista y secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, Castro demandó habilitar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar una correcta aplicación de la Orden.
La diputada de CiU Mercé Pigem subrayó que la Orden desplegará su plena eficacia cuando se aprueben todas las reformas contempladas en el Código Penal: "cuando estas novedades legales vean la luz podremos decir que hemos dado un vuelco importante" a la respuesta del ordenamiento jurídico hacia las víctima de violencia doméstica. La diputada popular María Jesús Sainz compartió la afirmación de Pigem y se lamentó de la polémica creada en los últimos por la no inclusión de la Orden en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva antes de agosto.
Durante su intervención en el Pleno, el ministro de Justicia, José María Michavila, pidió a los grupos parlamentarios que el consenso alcanzado en la Orden de Protección se renueve en las próximas reformas del Código Penal y de la reforma de la prisión provisional, que ya han iniciado su tramitación en el Parlamento. Hasta la aprobación definitiva de esas reformas, el juez no podrá aplicar algunas de las medidas penales contempladas en la Orden, como dictar ingreso en prisión si hay un quebrantamiento del alejamiento por parte del agresor o que la primera lesión producida en el ámbito doméstico tenga consideración de delito.
El diputado del Grupo Mixto (BNG) Carlos Aymerich adelantó que el apoyo de su partido a la Orden de Protección no le compromete a hacerlo en la reforma del Código Penal y de la prisión provisional, y señaló que sólo algunos aspectos concretos lo obtendrán. La diputada del PNV, Margarita Uría, que introdujo una enmienda para corregir un error en la designación del Registro estatal donde se inscribirán las medidas cautelares de violencia doméstica adoptadas por la Justicia, mostró su disgusto por la "trifulca política" entre el PP y PSOE en el tramo final de la tramitación de la Orden.
Por su parte, la diputada de IU Marisa Castro denunció que el Gobierno "no incluye entre sus prioridades la lucha contra la violencia doméstica", como demuestra el hecho -aseguró- que se haya tenido que convocar un pleno extraordinario para aprobar la Orden de protección, en vez de introducirlo en uno de los Plenos precedentes. En coincidencia con la diputada socialista y secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, Castro demandó habilitar las partidas presupuestarias necesarias para garantizar una correcta aplicación de la Orden.
La diputada de CiU Mercé Pigem subrayó que la Orden desplegará su plena eficacia cuando se aprueben todas las reformas contempladas en el Código Penal: "cuando estas novedades legales vean la luz podremos decir que hemos dado un vuelco importante" a la respuesta del ordenamiento jurídico hacia las víctima de violencia doméstica. La diputada popular María Jesús Sainz compartió la afirmación de Pigem y se lamentó de la polémica creada en los últimos por la no inclusión de la Orden en el Pleno del Congreso para su aprobación definitiva antes de agosto.
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