L D (Agencias) El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha dicho que "ya no hay ninguna razón" para que la Fiscalía Anticorrupción no investigue la crisis de Madrid que, en su opinión, "es un caso evidente de corrupción política y económica". Llamazares se pronunció en estos términos en una rueda de prensa en la que hizo pública una carta que le ha enviado el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, en la que le traslada su interés por el "total esclarecimiento" de cualquier hecho delictivo, como es su función. En la misiva, Cardenal dice que, "a la vista de los razonamientos jurídicos incorporados en los autos dictados por (...) el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", no debe dudarse de que la Fiscalía General "adoptará la resolución que venga impuesta por los principios constitucionales que informan la actuación del Fiscal en el proceso penal".
De la carta, Llamazares dijo que su coalición "deduce que las cosas están ahora en manos del nuevo fiscal anticorrupción" y que no hay razones para no investigar un caso, "que está tipificado en el Código Penal". El coordinador general de IU añadió que, de no ser así, puede concluirse que "la extrema derecha, aliada con la mafia inmobiliaria se consigue imponer incluso a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción". "Sería un hecho gravísimo, porque demostraría que la degradación y degeneración que estos intereses financieros intentan introducir en la política se extiende también a la división de poderes", para destacar a continuación que las crisis de Madrid y Marbella demuestran "la aparición en la vida política española de una extrema derecha" que ya era conocida en la ciudad malagueña, según él, pero que en Madrid aparece "en el seno del PP y aliada con la mafia de la especulación urbanística".
Para IU, es una prioridad "derrotar el intento de la extrema derecha, aliada con la mafia inmobiliaria, de torcer la voluntad popular en Madrid y convertir la comisión de investigación del Parlamento madrileño, no ya en un esperpento, sino en un sainete". "Hacemos un llamamiento al PSOE para culminar el trabajo de la comisión de investigación, bloqueada por el PP, en base a su unión de los especuladores inmobiliarios con la extrema derecha, y pasar a una etapa de llamar a los madrileños, de que no les roben el voto de las últimas elecciones autonómicas y para que ratifiquen el voto de izquierdas", subrayó. Llamazares acusó también a la dirección nacional del PP de mantener una "expresa connivencia" ante la "alianza de la extrema derecha madrileña y la mafia inmobiliaria".
Atizo por un lado y pido por el otro
Mientras Gaspar Llamazares daba esta rueda de prensa, en la Asamblea de Madrid los principales partidos llegaban a un acuerdo, precisamente a petición de Izquierda Unida, para formalizar un cambio legislativo. En la política española, y más en concreto en la madrileña de los últimos dos meses, las críticas más duras entre partidos parecen no estar reñidas con una cierta comprensión entre los profesionales de la política, a pesar de que la ciudadanía asiste al espectáculo con cierta sorpresa. En este caso, la propuesta de Izquierda Unida consiste en cambiar la Ley Electoral para que la Administración pague parte de los gastos de buzoneo de los partidos ante la próxima campaña electoral en Madrid, cuestión que hasta ahora sólo se establece para los comicios municipales.
Izquierda Unida, cuya situación económica es actualmente bastante complicada, más aún si tiene que acometer los gastos extraordinarios de la nueva campaña en Madrid, proponía dos posibilidades, o asignar una cantidad por cada voto recibido por cada partido, o asignársela por el porcentaje de votos, como hace la Junta de Andalucía. En este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista han optado por la primera opción: la del reparto en función del porcentaje de votos recibidos. Así lo confirmó el portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Luis Eduardo Cortés, en declaraciones a la agencia Efe , poco después de que Gaspar Llamazares hablara en la sede de Izquierda Unida de la “connivencia” del Partido Popular con la “extrema derecha” y con la “mafia inmobiliaria”.
Según Cortés, el PP y el PSOE están “de acuerdo” con la propuesta de Izquierda Unida, de modo que ahora tendría que ser aprobada en un Pleno de la Asamblea de Madrid “en lectura única y con trámite de urgencia”. Cortés explicó también que la modificación de la Ley se podría votar en el pleno que se convocará antes de que finalice el mes de agosto para disolver la Cámara regional.
De la carta, Llamazares dijo que su coalición "deduce que las cosas están ahora en manos del nuevo fiscal anticorrupción" y que no hay razones para no investigar un caso, "que está tipificado en el Código Penal". El coordinador general de IU añadió que, de no ser así, puede concluirse que "la extrema derecha, aliada con la mafia inmobiliaria se consigue imponer incluso a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción". "Sería un hecho gravísimo, porque demostraría que la degradación y degeneración que estos intereses financieros intentan introducir en la política se extiende también a la división de poderes", para destacar a continuación que las crisis de Madrid y Marbella demuestran "la aparición en la vida política española de una extrema derecha" que ya era conocida en la ciudad malagueña, según él, pero que en Madrid aparece "en el seno del PP y aliada con la mafia de la especulación urbanística".
Para IU, es una prioridad "derrotar el intento de la extrema derecha, aliada con la mafia inmobiliaria, de torcer la voluntad popular en Madrid y convertir la comisión de investigación del Parlamento madrileño, no ya en un esperpento, sino en un sainete". "Hacemos un llamamiento al PSOE para culminar el trabajo de la comisión de investigación, bloqueada por el PP, en base a su unión de los especuladores inmobiliarios con la extrema derecha, y pasar a una etapa de llamar a los madrileños, de que no les roben el voto de las últimas elecciones autonómicas y para que ratifiquen el voto de izquierdas", subrayó. Llamazares acusó también a la dirección nacional del PP de mantener una "expresa connivencia" ante la "alianza de la extrema derecha madrileña y la mafia inmobiliaria".
Atizo por un lado y pido por el otro
Mientras Gaspar Llamazares daba esta rueda de prensa, en la Asamblea de Madrid los principales partidos llegaban a un acuerdo, precisamente a petición de Izquierda Unida, para formalizar un cambio legislativo. En la política española, y más en concreto en la madrileña de los últimos dos meses, las críticas más duras entre partidos parecen no estar reñidas con una cierta comprensión entre los profesionales de la política, a pesar de que la ciudadanía asiste al espectáculo con cierta sorpresa. En este caso, la propuesta de Izquierda Unida consiste en cambiar la Ley Electoral para que la Administración pague parte de los gastos de buzoneo de los partidos ante la próxima campaña electoral en Madrid, cuestión que hasta ahora sólo se establece para los comicios municipales.
Izquierda Unida, cuya situación económica es actualmente bastante complicada, más aún si tiene que acometer los gastos extraordinarios de la nueva campaña en Madrid, proponía dos posibilidades, o asignar una cantidad por cada voto recibido por cada partido, o asignársela por el porcentaje de votos, como hace la Junta de Andalucía. En este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista han optado por la primera opción: la del reparto en función del porcentaje de votos recibidos. Así lo confirmó el portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Luis Eduardo Cortés, en declaraciones a la agencia Efe , poco después de que Gaspar Llamazares hablara en la sede de Izquierda Unida de la “connivencia” del Partido Popular con la “extrema derecha” y con la “mafia inmobiliaria”.
Según Cortés, el PP y el PSOE están “de acuerdo” con la propuesta de Izquierda Unida, de modo que ahora tendría que ser aprobada en un Pleno de la Asamblea de Madrid “en lectura única y con trámite de urgencia”. Cortés explicó también que la modificación de la Ley se podría votar en el pleno que se convocará antes de que finalice el mes de agosto para disolver la Cámara regional.