L D (Nacho G. Mostazo) La portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre, ha conseguido que Rafael Simancas, portavoz del PSOE, admita involuntariamente que su formación pudo cometer un delito tipificado en el Código Penal. En declaraciones al diario La Vanguardia , Esperanza Aguirre ha pedido que se investigue si el PSOE tuvo que ver con el espionaje telefónico. “Seguramente, todas las llamadas que yo he efectuado están en poder del PSOE”, ha dicho Aguirre. La portavoz popular se refiere a los listados de llamadas hechos desde los teléfonos móviles contratados por el Partido Popular de Madrid, que un portavoz de Telefónica reconoció la semana pasada ante la Comisión de Investigación que fueron obtenidos ilegalmente por dos empleados de su compañía que ya han sido despedidos.
Al ser preguntada sobre si el PSOE podría ser responsable del espionaje telefónico, Aguirre ha matizado: “No lo sé. Yo eso no puedo asumirlo. Lo que sí sé es que todo esto empieza porque el día 16 de junio el PSOE dice probar con las llamadas de Tamayo que éste tiene lazos inmobiliarios. Hoy sabemos que ningún abonado puede establecer quién es el titular de un móvil con la factura. Se puede conocer la relación de llamadas de una persona, pero no a quién corresponde el número a quien esa persona llamó. Para eso hay que tener una clave de Telefónica. El PP quiere aclarar si el PSOE está detrás de este asunto y nos ha espiado”.
Rafael Simancas lo admite
Las palabras de Aguirre no han sentado nada bien a Rafael Simancas. El portavoz socialista, en declaraciones a la agencia Efe , ha calificado de “patéticas” sus afirmaciones y ha pedido a la portavoz popular que acuda a los tribunales “si tiene algún indicio o prueba de lo que dice” o, de lo contrario, “a callarse”. En su opinión, Aguirre está tratando de generar una “polémica absurda” sobre la filtración de las llamadas telefónicas, con el fin de desviar la atención sobre cuestiones de “interés real” como es, según dijo, la existencia de una “trama” en Madrid en la que ahora, según su punto de vista, también estarían implicados los hermanos Sánchez Lázaro por contratar a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid.
Sin embargo, al ser preguntado sobre los listados de llamadas a los que tuvo acceso el Partido Socialista, Rafael Simancas ha confirmado lo que otros miembros del PSOE habían reconocido con total naturalidad hace ya varias semanas: que el PSOE accedió a las llamadas de Eduardo Tamayo porque “sus facturas las pagaba el partido”. Con respecto al resto de listados, los que supuestamente filtraron dos empleados de Telefónica al diario El Mundo , Simancas ha dicho que se enteró por la prensa. Sin embargo, su primera afirmación sobre el listado de llamadas de Tamayo despeja un interrogante que, aunque ya hubiera sido mencionado por otros miembros del PSOE, resulta muy aclaratorio al oírselo decir al propio Simancas, ya que reconoce la presunta comisión de un delito.
¿Qué hizo la SER con el listado de Tamayo?
En este sentido, hay que remontarse hasta el domingo 15 de junio, cuando la Cadena SER abrió todos sus informativos explicando detalladamente el contenido de los listados telefónicos de Eduardo Tamayo y, en concreto, refiriéndose a sus llamadas a los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez, a quienes vinculaban vagamente al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Como dice Esperanza Aguirre en La Vanguardia , en el listado de llamadas de Tamayo, como en la factura de cualquier ciudadano, sólo aparecían los números a los que había llamado, pero no quién es el titular de dichos números, por lo que, para ese momento, cabría preguntarse cómo supo la SER que Tamayo había llamado a Bravo y Vázquez.
Para dar respuesta a este interrogante, fuentes del sector de las telecomunicaciones consultadas por Libertad Digital afirmaron que sólo caben dos explicaciones. La primera es que la Cadena SER fuera probando uno por uno todos los número de teléfono a los que había llamado Eduardo Tamayo, preguntando a sus interlocutores por su nombre y por su vinculación con el diputado socialista, cosa harto improbable, según las mismas fuentes. La segunda posibilidad es que la SER o el PSOE hubieran obtenido la información a través de algún empleado de Telefónica Móviles, los únicos que pueden hacer una “búsqueda inversa”, es decir, introducir en su ordenador un número de teléfono y que aparezca el nombre del titular.
En este sentido, las mismas fuentes explicaron a Libertad Digital que, hasta el año pasado, cualquier ciudadano podía hacer una “búsqueda inversa” por Internet, concretamente en el servicio de “Páginas Blancas” de Telefónica. Sin embargo, dicho sistema de búsquedas quedó suspendido por orden el Ministerio de Ciencia y Tecnología (711/2002 de 26 de Marzo), cuyo Capítulo II título 5 dice textualmente: “Los proveedores de los servicios de consulta sobre números de abonado, y las guías telefónicas en formato electrónico, rechazarán las consultas que permitan obtener la identidad o el domicilio de un abonado a partir de su número de teléfono u otro recurso identificativo de abonados”. A partir de la aprobación de aquella orden, sólo los empleados de las compañías telefónicas pueden hacer ese tipo de búsquedas en sus terminales, y bajo “condiciones muy restrictivas”, según las fuentes consultadas por Libertad Digital .
El Código Penal y la divulgación de datos personales
Aquel 15 de julio, Libertad Digital ya dedujo que el PSOE había filtrado dichos documentos a la SER , y este mismo diario citaba el artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses al que, “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación”.
Con respecto al artículo 197, el PSOE puede argumentar, como hace Simancas, que el teléfono de Tamayo lo pagaba el Grupo Socialista y que, por tanto, tienen todo el derecho a utilizar sus listados. Sin embargo, ese mismo artículo aclara a continuación, en su punto segundo, que “las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”. Como ya ha declarado en numerosas ocasiones, Eduardo Tamayo nunca autorizó al PSOE a utilizar dichos datos.
Además, el punto tercero del artículo 197 aclara todavía más, si cabe, cuál es la situación legal para el PSOE como presunto filtrador y para la Cadena SER como medio que divulgó las llamadas de Tamayo: “Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior”.
Al ser preguntada sobre si el PSOE podría ser responsable del espionaje telefónico, Aguirre ha matizado: “No lo sé. Yo eso no puedo asumirlo. Lo que sí sé es que todo esto empieza porque el día 16 de junio el PSOE dice probar con las llamadas de Tamayo que éste tiene lazos inmobiliarios. Hoy sabemos que ningún abonado puede establecer quién es el titular de un móvil con la factura. Se puede conocer la relación de llamadas de una persona, pero no a quién corresponde el número a quien esa persona llamó. Para eso hay que tener una clave de Telefónica. El PP quiere aclarar si el PSOE está detrás de este asunto y nos ha espiado”.
Rafael Simancas lo admite
Las palabras de Aguirre no han sentado nada bien a Rafael Simancas. El portavoz socialista, en declaraciones a la agencia Efe , ha calificado de “patéticas” sus afirmaciones y ha pedido a la portavoz popular que acuda a los tribunales “si tiene algún indicio o prueba de lo que dice” o, de lo contrario, “a callarse”. En su opinión, Aguirre está tratando de generar una “polémica absurda” sobre la filtración de las llamadas telefónicas, con el fin de desviar la atención sobre cuestiones de “interés real” como es, según dijo, la existencia de una “trama” en Madrid en la que ahora, según su punto de vista, también estarían implicados los hermanos Sánchez Lázaro por contratar a Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid.
Sin embargo, al ser preguntado sobre los listados de llamadas a los que tuvo acceso el Partido Socialista, Rafael Simancas ha confirmado lo que otros miembros del PSOE habían reconocido con total naturalidad hace ya varias semanas: que el PSOE accedió a las llamadas de Eduardo Tamayo porque “sus facturas las pagaba el partido”. Con respecto al resto de listados, los que supuestamente filtraron dos empleados de Telefónica al diario El Mundo , Simancas ha dicho que se enteró por la prensa. Sin embargo, su primera afirmación sobre el listado de llamadas de Tamayo despeja un interrogante que, aunque ya hubiera sido mencionado por otros miembros del PSOE, resulta muy aclaratorio al oírselo decir al propio Simancas, ya que reconoce la presunta comisión de un delito.
¿Qué hizo la SER con el listado de Tamayo?
En este sentido, hay que remontarse hasta el domingo 15 de junio, cuando la Cadena SER abrió todos sus informativos explicando detalladamente el contenido de los listados telefónicos de Eduardo Tamayo y, en concreto, refiriéndose a sus llamadas a los empresarios Francisco Bravo y Francisco Vázquez, a quienes vinculaban vagamente al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Como dice Esperanza Aguirre en La Vanguardia , en el listado de llamadas de Tamayo, como en la factura de cualquier ciudadano, sólo aparecían los números a los que había llamado, pero no quién es el titular de dichos números, por lo que, para ese momento, cabría preguntarse cómo supo la SER que Tamayo había llamado a Bravo y Vázquez.
Para dar respuesta a este interrogante, fuentes del sector de las telecomunicaciones consultadas por Libertad Digital afirmaron que sólo caben dos explicaciones. La primera es que la Cadena SER fuera probando uno por uno todos los número de teléfono a los que había llamado Eduardo Tamayo, preguntando a sus interlocutores por su nombre y por su vinculación con el diputado socialista, cosa harto improbable, según las mismas fuentes. La segunda posibilidad es que la SER o el PSOE hubieran obtenido la información a través de algún empleado de Telefónica Móviles, los únicos que pueden hacer una “búsqueda inversa”, es decir, introducir en su ordenador un número de teléfono y que aparezca el nombre del titular.
En este sentido, las mismas fuentes explicaron a Libertad Digital que, hasta el año pasado, cualquier ciudadano podía hacer una “búsqueda inversa” por Internet, concretamente en el servicio de “Páginas Blancas” de Telefónica. Sin embargo, dicho sistema de búsquedas quedó suspendido por orden el Ministerio de Ciencia y Tecnología (711/2002 de 26 de Marzo), cuyo Capítulo II título 5 dice textualmente: “Los proveedores de los servicios de consulta sobre números de abonado, y las guías telefónicas en formato electrónico, rechazarán las consultas que permitan obtener la identidad o el domicilio de un abonado a partir de su número de teléfono u otro recurso identificativo de abonados”. A partir de la aprobación de aquella orden, sólo los empleados de las compañías telefónicas pueden hacer ese tipo de búsquedas en sus terminales, y bajo “condiciones muy restrictivas”, según las fuentes consultadas por Libertad Digital .
El Código Penal y la divulgación de datos personales
Aquel 15 de julio, Libertad Digital ya dedujo que el PSOE había filtrado dichos documentos a la SER , y este mismo diario citaba el artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses al que, “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación”.
Con respecto al artículo 197, el PSOE puede argumentar, como hace Simancas, que el teléfono de Tamayo lo pagaba el Grupo Socialista y que, por tanto, tienen todo el derecho a utilizar sus listados. Sin embargo, ese mismo artículo aclara a continuación, en su punto segundo, que “las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”. Como ya ha declarado en numerosas ocasiones, Eduardo Tamayo nunca autorizó al PSOE a utilizar dichos datos.
Además, el punto tercero del artículo 197 aclara todavía más, si cabe, cuál es la situación legal para el PSOE como presunto filtrador y para la Cadena SER como medio que divulgó las llamadas de Tamayo: “Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior”.