LD (EFE) La UE ha archivado la denuncia que la Asociación Española de Grandes Empresas de Distribución (Anged) había interpuesto en Bruselas contra una tasa de la administración catalana sobre las grandes superficies. En su archivo la UE señala que éste no es un asunto que trascienda las fronteras españolas, sino que se trata de un tema estrictamente español. El conseller de Industria y Comercio de la Generalitat, Antoni Fernández Teixidó, ha celebrado esta decisión.
La Generalitat de Cataluña aprobó en 2000 la ley 16/2000 del Parlament reguladora del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales que se aplica sobre las grandes superficies y cuyos ingresos se destinan a impulsar la modernización del pequeño comercio. ANGED, que agrupa a grandes superficies o hipermercados como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski, abrió varios frentes legales, consiguiendo que el Gobierno recurriese esa ley ante el Tribunal Constitucional y denunciando ante la Dirección General de Competencia de la CE en marzo de 2001 a la Generalitat por la aplicación de esa tasa.
El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional ese impuesto pero este órgano jurídico, que ha admitido a trámite este recurso, ha autorizado a la Generalitat a cobrarlo mientras dicta su sentencia. La mayoría de las grandes superficies que operan en Cataluña no están pagando el impuesto pero han tenido que avalar las cantidades adeudadas a la espera de que se decida el recurso del Constitucional.
Este impuesto grava con 17,4 euros por metro cuadrado todos los establecimientos comerciales con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados, y estaba previsto que la Generalitat recaudase, a partir de 2002, unos 15 millones de euros anuales que se destinarían a ayudar a los comerciantes urbanos.
La Generalitat de Cataluña aprobó en 2000 la ley 16/2000 del Parlament reguladora del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales que se aplica sobre las grandes superficies y cuyos ingresos se destinan a impulsar la modernización del pequeño comercio. ANGED, que agrupa a grandes superficies o hipermercados como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski, abrió varios frentes legales, consiguiendo que el Gobierno recurriese esa ley ante el Tribunal Constitucional y denunciando ante la Dirección General de Competencia de la CE en marzo de 2001 a la Generalitat por la aplicación de esa tasa.
El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional ese impuesto pero este órgano jurídico, que ha admitido a trámite este recurso, ha autorizado a la Generalitat a cobrarlo mientras dicta su sentencia. La mayoría de las grandes superficies que operan en Cataluña no están pagando el impuesto pero han tenido que avalar las cantidades adeudadas a la espera de que se decida el recurso del Constitucional.
Este impuesto grava con 17,4 euros por metro cuadrado todos los establecimientos comerciales con una superficie superior a 2.500 metros cuadrados, y estaba previsto que la Generalitat recaudase, a partir de 2002, unos 15 millones de euros anuales que se destinarían a ayudar a los comerciantes urbanos.