L D (EFE) Según una nota pública del alto tribunal vasco, la resolución se funda en que "el Ministerio Fiscal no está legitimado para interponer dicho recurso" y en que "no existe actividad administrativa que pueda ser objeto de impugnación". Según fuentes jurídicas, contra este auto cabe recurso ante el Constitucional, si bien no tendría efectos sobre la convocatoria de este viernes, ya que no daría tiempo efectivo para impedir la manifestación.
La Fiscalía presentó como prueba para el recurso "la entusiasta invitación" de la marcha por líderes de la ilegalizada Batasuna y los ejemplos recientes de convocatorias similares que dieron pie a la comisión de graves delitos de ultraje a la bandera y enaltecimiento del terrorismo. Según las mismas fuentes, el Ministerio Fiscal consideró en su recurso que permitir la celebración de la manifestación suponía un inaceptable aval administrativo a una conducta manifiestamente contraria a Derecho.
Fuentes del TSJPV indicaron a Efe que, al margen de la decisión de la Sala de Vacaciones del Alto Tribunal, la Fiscalía ha abierto un camino hasta ahora inédito, en base a la Ley Reguladora de Defensa democrática de 1983, que pretendió entonces garantizar los derechos políticos y que ahora, 20 años después, podría ser útil para evitar la "ofensa a los demás" y el "peligro a la integridad moral" de las víctimas del terrorismo.
La Fiscalía presentó como prueba para el recurso "la entusiasta invitación" de la marcha por líderes de la ilegalizada Batasuna y los ejemplos recientes de convocatorias similares que dieron pie a la comisión de graves delitos de ultraje a la bandera y enaltecimiento del terrorismo. Según las mismas fuentes, el Ministerio Fiscal consideró en su recurso que permitir la celebración de la manifestación suponía un inaceptable aval administrativo a una conducta manifiestamente contraria a Derecho.
Fuentes del TSJPV indicaron a Efe que, al margen de la decisión de la Sala de Vacaciones del Alto Tribunal, la Fiscalía ha abierto un camino hasta ahora inédito, en base a la Ley Reguladora de Defensa democrática de 1983, que pretendió entonces garantizar los derechos políticos y que ahora, 20 años después, podría ser útil para evitar la "ofensa a los demás" y el "peligro a la integridad moral" de las víctimas del terrorismo.